Insoportable violencia machista
La reciente ola de cr¨ªmenes evidencia que no se pueden escatimar recursos contra esta lacra y que implica a toda la sociedad
En apenas 24 horas, entre el viernes y el s¨¢bado pasado, tres hombres cometieron seis asesinatos machistas en Fuengirola (M¨¢laga), Zafarraya (Granada) y Las Pedro?eras (Cuenca). Las v¨ªctimas son cuatro mujeres, un ni?o de ocho a?os y una ni?a de tres. Estos cr¨ªmenes suponen una secuencia de terror sin precedentes desde que hay registros. El asesinato de los dos menores iguala ya el r¨¦cord de 2015, el a?o en el que m¨¢s ni?os y ni?as fueron asesinados por sus padres o las parejas de sus madres: nueve. En lo que va de a?o ya son 19 las mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas.
Estos cr¨ªmenes reflejan, una vez m¨¢s, la m¨²ltiple y diversa casu¨ªstica de la violencia de g¨¦nero, pero han evidenciado tambi¨¦n las brechas en el sistema. Mientras que en los dos primeros casos no exist¨ªan denuncias previas, s¨ª la hab¨ªa en el tercero. La v¨ªctima hab¨ªa decidido separarse del hombre que llevaba a?os maltrat¨¢ndola y estaba dentro del Sistema VioG¨¦n de seguimiento de v¨ªctimas de la violencia machista, calificada con un nivel de riesgo bajo. El asesino hab¨ªa sido condenado e iba a entrar en prisi¨®n, pero aprovechaba la libertad para seguir aterroriz¨¢ndola. Varias veces hab¨ªa hecho p¨²blica su intenci¨®n de matarla y a su alrededor todo el mundo conoc¨ªa la violencia a la que ¨¦l la somet¨ªa desde hac¨ªa a?os. Cuando una mujer ha entrado en un plan de protecci¨®n y aun as¨ª el hombre que quiere asesinarla puede hacerlo, el sistema ha fallado y tiene una grieta que el Estado ha de localizar y reparar.
Espa?a cuenta con una buena red legal y de protecci¨®n para las v¨ªctimas de esta violencia. La ley integral de 2004 es una herramienta que ha permitido desplegar en los ¨²ltimos a?os m¨²ltiples medidas para avanzar en la erradicaci¨®n de este problema estructural que ha costado la vida a 1.263 mujeres desde 2003, inicio de los datos oficiales. Los progresos gracias a la investigaci¨®n y la experiencia son tambi¨¦n un hecho. Entre ellos est¨¢n el llamado protocolo cero ¡ªactivado para proteger a las v¨ªctimas que no denuncian porque temen por sus vidas o las de sus hijos o temen no ser cre¨ªdas¡ª o la conversi¨®n de las oficinas de la Seguridad Social en puntos de atenci¨®n a las v¨ªctimas de violencia machista, anunciada este mismo lunes.
Ese sistema, no obstante, arrastra carencias, como extender la formaci¨®n a todos los que entran en contacto con esta violencia en alg¨²n momento de la cadena, o la falta de efectivos para determinar el riesgo que sufren las mujeres y cubrir a las miles de v¨ªctimas. Solo el a?o pasado se interpusieron 199.166 denuncias por violencia de g¨¦nero y existen m¨¢s de 90.000 mujeres en el sistema de seguimiento. No es completa una normativa si no se pone a su disposici¨®n todo lo necesario para desplegarla.
El Estado tiene los instrumentos y el conocimiento para que el alcance de sus medidas sea homog¨¦neo en todo el territorio y cubra de manera eficaz ¡ªen pueblos y ciudades por igual¡ª a todas las mujeres que lo necesitan ¡ªmayores, j¨®venes, migrantes o no¡ª, pero ha de invertir cuantos medios econ¨®micos y humanos sean necesarios para cumplir con una prioridad m¨¢xima: la de prevenir que esa violencia exista, primero, y la de evitar que escale hasta su expresi¨®n m¨¢s grave, el asesinato. Es parte de la responsabilidad de cualquier democracia. Esa responsabilidad no acaba, sin embargo, en las instituciones. La violencia contra las mujeres es tambi¨¦n una responsabilidad social, y la ciudadan¨ªa no puede mirar hacia otro lado, debe ser parte activa para acabar con ella.
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