Obst¨¢culos a la ley de eutanasia

A los tres a?os de su promulgaci¨®n, una normativa deber¨ªa poder dar todos los frutos que se esperan de ella. Lamentablemente, en el caso de la ley de la eutanasia no es as¨ª y eso significa que muchas personas se ven todav¨ªa privadas en Espa?a de uno de sus derechos individuales. Seg¨²n datos del Ministerio de Sanidad, 323 personas pudieron tener el a?o pasado una muerte digna al amparo de la ley. Supone un 12% m¨¢s que en 2022, lo cual indica una evoluci¨®n positiva, pero es una cifra muy inferior a la esperada de acuerdo con los par¨¢metros de otros pa¨ªses con una regulaci¨®n similar. Los datos indican que la norma no est¨¢ procurando el m¨¢ximo beneficio, que es evitar un sufrimiento innecesario a enfermos que no tienen curaci¨®n.

El hecho de que solo la mitad de las personas que solicitaron la eutanasia (727) hayan podido tener acceso a ella indica que los principales obst¨¢culos est¨¢n en el proceso, pues esta no es precisamente una decisi¨®n que se tome a la ligera. Pero el dato m¨¢s significativo es que un tercio de quienes iniciaron los tr¨¢mites fallecieron antes de culminarlos. Es un estrepitoso fracaso que el tiempo medio entre la solicitud y la prestaci¨®n sea de 75 d¨ªas, el doble del m¨¢ximo establecido en la ley.

Que la supervisi¨®n se demore m¨¢s de lo previsto indica que, o bien no se dispone de los recursos necesarios para una aplicaci¨®n eficiente, o hay una deliberada intenci¨®n de obstruir la norma para que tenga el m¨ªnimo efecto posible. Algunos de los testimonios recabados por este peri¨®dico muestran ejemplos de arbitrariedad en la interpretaci¨®n de la ley o en la valoraci¨®n de los requisitos.

Para conjurar los temores a una aplicaci¨®n laxa o perversa de una intervenci¨®n m¨¦dica que es irreversible, el legislador quiso reforzar las garant¨ªas con un sistema de control a cargo de una comisi¨®n que en cada comunidad aut¨®noma debe autorizar los casos, previo informe favorable del m¨¦dico responsable y del m¨¦dico consultor. Existen indicios preocupantes de que en algunas autonom¨ªas estas comisiones est¨¢n propiciando una aplicaci¨®n restrictiva y poco diligente de la ley. Algunas de ellas incluso est¨¢n presididas o tienen entre sus miembros a personas claramente contrarias a la eutanasia.

Por otra parte, no hay en Espa?a diferencias culturales tan acusadas como para justificar la gran variaci¨®n que se observa en el n¨²mero de eutanasias aplicadas y en la amplitud de la objeci¨®n de conciencia entre los facultativos. No parece justificable que el n¨²mero de eutanasias practicadas sea en Catalu?a o el Pa¨ªs Vasco (0,1% de todos los fallecimientos) 10 veces superior al de Galicia o Extremadura (0,01%). Urge una evaluaci¨®n rigurosa de la aplicaci¨®n de la ley en toda Espa?a y la aprobaci¨®n de un reglamento que permita subsanar las carencias, erradicar cualquier signo de arbitrariedad y garantizar la igualdad de los espa?oles ante un derecho tan importante.