Aspavientos auton¨®micos
Sobreactuar en el debate de la financiaci¨®n territorial amenaza con inutilizar el Consejo de Pol¨ªtica Fiscal, su organismo multilateral
El debate sobre las finanzas auton¨®micas mantenido ayer por el Consejo de Pol¨ªtica Fiscal y Financiera (CPFF) ¡ªla reuni¨®n de la ministra de Hacienda con los consejeros territoriales¡ª arroja resultados sorprendentes. Uno de ellos es que el plan de dotar a las comunidades de unas abultadas entregas a cuenta para 2025 ¡ªm¨¢s de 147.000 millones, un 9,5% superior a las de 2024, es decir, un r¨¦cord hist¨®rico¡ª haya sido recibido sin el reconocimiento que merec¨ªa financiaci¨®n tan considerable, coherente con la aplicada desde la pandemia. Igual sucede con la flexibilidad ofrecida por la vicepresidenta Montero en el margen de gasto de las comunidades, que aumenta dos d¨¦cimas del PIB, lo que supone mayor disponibilidad de recursos para sanidad, educaci¨®n y dependencia, partidas que representan en torno a tres cuartas partes del gasto auton¨®mico y que, sin duda, requieren a¨²n mejores dotaciones dado el estr¨¦s que sufren servicios que son nucleares del Estado del bienestar.
Nadie levanta tampoco la voz para reclamar un ejercicio de responsabilidad y rigor: el necesario aumento del control, autocontrol o supervisi¨®n detallada sobre la ejecuci¨®n de estas nuevas cantidades. Es la inercia autocomplaciente que se arrastra desde la crisis de la covid, encauzada gracias al amplio uso de la chequera de la Administraci¨®n General del Estado en favor de las auton¨®micas. Bien al contrario, la desaparici¨®n en algunos presupuestos regionales de las partidas de acogida ha hecho posible que, al hilo del reciente episodios del reparto de menores migrantes, ciertos ejecutivos se quejen de infrafinanciaci¨®n.
Todos los altavoces han estado, sin embargo, en el debate sobre la reforma del sistema de financiaci¨®n auton¨®mica, devuelto a la actualidad a partir de la reivindicaci¨®n de la Generalitat de un esquema ¡°singular¡± para Catalu?a, lo que ha llevado a muchos ¡ªdel consejero popular de Murcia al socialista de Castilla-La Mancha¡ª a hablar de insolidaridad, de agravio comparativo. Es de momento un debate sem¨¢ntico, puesto que se desconocen los detalles de ese esquema. Responsable de esa deriva es el propio Govern en funciones, que en convocatorias pasadas no se dign¨® a enviar a su consejera del ramo a las reuniones del CPFF. Si lo hizo ayer fue por razones t¨¢cticas y nada institucionales, es decir, cuando lo ha juzgado conveniente para las negociaciones de su partido, ERC, con el PSC de Salvador Illa.
La din¨¢mica de la exageraci¨®n verbal ¡ªparte de la estrategia de erosi¨®n institucional del PP¡ª no solo desacredita a quienes la practican sino tambi¨¦n al propio Consejo, socavando as¨ª su condici¨®n de ser uno de los escasos foros ¨²tiles para fraguar consensos transversales entre distintas sensibilidades pol¨ªticas y diferentes niveles de gobernanza.
Hasta ahora, los cambios estructurales en materia de financiaci¨®n han procedido siempre de negociaciones bilaterales, singularmente con Catalu?a, cambios que despu¨¦s se han extendido a las dem¨¢s comunidades: desde la ampliaci¨®n de recursos auton¨®micos ¡ªprimero el 15% del IRPF, m¨¢s tarde el 30%; al cabo la mitad de la recaudaci¨®n de varios grandes impuestos¡ª hasta el ajuste de las inversiones regionalizables, recogido despu¨¦s en varios Estatutos de autonom¨ªa. No se rompi¨® Espa?a en ninguna de esas ocasiones. Si ahora se pretende abordar de verdad una reforma necesaria, y que necesariamente tendr¨¢ diversas singularidades, deben sentarse y debatir, pero har¨ªan bien en ahorrar a los ciudadanos una teatralizaci¨®n del desgarro espa?ol que la realidad ha desmentido de forma tozuda.