Quitar la mordaza

Entre las medidas de ¡°regeneraci¨®n democr¨¢tica¡± que la mayor¨ªa de Gobierno pretende impulsar figura la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como ley mordaza. Ser¨¢ el en¨¦simo intento de modificar una norma muy contestada que fue impulsada en 2015 por el Gobierno de Mariano Rajoy para castigar la disidencia y desactivar las protestas ciudadanas, muy encendidas desde la crisis de 2008. Fue aprobada por el PP en solitario, y a pesar de que las fuerzas de la oposici¨®n anunciaron que la derogar¨ªan en cuanto tuvieran capacidad parlamentaria para hacerlo, han pasado nueve a?os y dos gobiernos de coalici¨®n progresista sin que haya sido reformada. Los adelantos electorales y las discrepancias entre los partidos de izquierdas han truncado todos los intentos.

Ahora se plantea la reforma en profundidad de la ley, algo que ya figuraba en el pacto entre el PSOE y Podemos de 2019 y tambi¨¦n en el del PSOE y Sumar para esta legislatura. Ser¨ªa deseable que en esta ocasi¨®n todas las formaciones del bloque de la mayor¨ªa fueran capaces de ponerse de acuerdo, cosa que no deber¨ªa ser dif¨ªcil, pues buena parte del trabajo de revisi¨®n est¨¢ hecho y ya se hab¨ªa alcanzado un acuerdo sobre 36 de los 54 art¨ªculos a revisar.

La ley mordaza regula como sanciones administrativas conductas que antes estaban en el C¨®digo Penal como faltas y crea nuevas conductas punibles que afectan al derecho de manifestaci¨®n y que pueden aplicarse sin intervenci¨®n judicial. Implanta un r¨¦gimen de sanciones que permite multar con hasta 600 euros a quien participe en una protesta que no haya sido previamente notificada, y de 601 a 30.000 euros a quienes se consideren organizadores, cosa que puede ocurrir por el mero hecho de portar banderas o pancartas. Tambi¨¦n considera infracciones graves, tributarias de la m¨¢xima sanci¨®n, manifestarse ante el Congreso, el Senado o las asambleas legislativas auton¨®micas. Otro de los aspectos m¨¢s criticados es que otorga un alto grado de discrecionalidad a las fuerzas de seguridad para interpretar cu¨¢ndo se produce desobediencia, resistencia a la autoridad o falta de respeto a los agentes, que siempre tienen presunci¨®n de veracidad. Este aspecto fue duramente criticado en 2018 por la m¨¢xima responsable de Derechos Humanos del Consejo de Europa en una carta al Gobierno.

Tanto Amnist¨ªa Internacional como el Defensor del Pueblo han insistido en sus informes anuales en la necesidad de cambiar la ley. Amnist¨ªa Internacional cita dos casos a modo de ejemplo de c¨®mo la norma criminaliza la protesta: el grupo vecinal No a la tala en Madrid, que se opone a la eliminaci¨®n de arbolado, acumula 20.000 euros en sanciones, y el Sindicato de la Vivienda de Carabanchel, tambi¨¦n en Madrid, ha recibido multas que suman 44.000 euros desde 2021. Seg¨²n datos de Interior, entre 2015 y 2022 se han impuesto 1,8 millones de multas, sin contar las anuladas por incumplimientos de las restricciones de la pandemia.

En mayo pasado, Sumar present¨® una proposici¨®n de ley que parte de los acuerdos a los que se hab¨ªa llegado en la comisi¨®n de Interior, sin concretar los cuatro art¨ªculos que hicieron fracasar el intento anterior, relativos al uso de pelotas de goma por las fuerzas antidisturbios y a las devoluciones en caliente. Estas ¨²ltimas pueden regularse a trav¨¦s de la reforma de la ley de Extranjer¨ªa. Dado que las discrepancias que quedan no son sustanciales, todos deber¨ªan tener en cuenta que es mejor una reforma de la ley, aunque no satisfaga sus m¨¢ximas exigencias, que la ausencia total de reforma.