La ley que ha impuesto cerca de dos millones de ¡®mordazas¡¯ en forma de multas

Tres adelantos electorales, una legislatura fallida y la crisis sanitaria provocada por la pandemia mantienen viva, nueve a?os despu¨¦s de entrar en vigor, a la ley de seguridad ciudadana ¨Dm¨¢s conocida como ley mordaza¨D, una pol¨¦mica norma que el Gobierno de Mariano Rajoy sac¨® adelante en 2015 para hacer frente a las movilizaciones sociales contra sus recortes a ra¨ªz de la crisis econ¨®mica de 2008 gracias a la mayor¨ªa absoluta que ten¨ªa entonces en el Congreso. Desde entonces, los intentos para derogarla o, al menos, reformar sus aspectos m¨¢s lesivos para las libertades p¨²blicas han sido infructuosos y ello a pesar de que cuando se aprob¨® los entonces partidos en la oposici¨®n, con el PSOE a la cabeza, presentaron un recurso de inconstitucionalidad y anunciaron que acabar¨ªan con ella si llegaban al poder. El ¨²ltimo episodio se ha vivido este martes, cuando la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda D¨ªaz, anunciaba un pacto con los socialistas que inclu¨ªa lo que, por error, describi¨® como una derogaci¨®n de la norma, algo a lo que ya hace tiempo ni su partido aspira.

Entre 2015 y 2022, ¨²ltimos datos recogidos en las estad¨ªsticas de criminalidad del Ministerio del Interior, la ley mordaza ha servido para imponer 1.817.478 multas, de las cuales cerca de una cuarta parte corresponden a dos ¨²nicos art¨ªculos, el 36.6 que sanciona la resistencia, desobediencia o negativa a identificarse ante las fuerzas de seguridad, y el 37.4, que multa las faltas de respeto a la autoridad. Todas estas cifras hubieran sido muy superiores si el Constitucional no hubiera provocado la anulaci¨®n de 1,14 millones sanciones impuestas entre el 14 de marzo de 2020, d¨ªa que se decret¨® el estado de alarma por la pandemia, y el fin de las restricciones el 21 de junio de aquel a?o, y que ya han sido excluidas de las estad¨ªsticas oficiales.

La cuestionada norma regula como sanciones administrativas una serie de conductas que, en su mayor¨ªa, antes estaban incluidas en el C¨®digo Penal como faltas. La ley afecta desde entonces a derechos como el de manifestaci¨®n, creando nuevas conductas punibles, y sustrayendo de la intervenci¨®n judicial su penalizaci¨®n. As¨ª, la norma a¨²n en vigor contempla imponer multas de entre 100 y 600 euros para aquellas personas que se manifiesten sin comunicarlo con car¨¢cter previo a las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno o sancionar como organizador o promotor de las mismas a una persona concreta por el mero hecho de portar banderas o pancartas. La ley tambi¨¦n considera ¡°perturbaci¨®n grave de la seguridad ciudadana¡± las protestas frente al Congreso de los Diputados, el Senado o las asambleas legislativas auton¨®micas, que son consideradas infracciones graves (sancionables con multas de entre 601 a 30.000 euros), en lo que se interpret¨® entonces como un intento del PP incluy¨® de frenar las movilizaciones bautizadas como ¡°rodea el Congreso¡± que se produjeron a ra¨ªz del descontento con su gesti¨®n.

Nueve a?os despu¨¦s, la v¨ªa judicial ha quedado arrumbada despu¨¦s de que el Tribunal Constitucional avalase en enero de 2021 la norma salvo en uno de sus art¨ªculos. Y la legislativa sigue atascada despu¨¦s de que los partidos que han defendido su fin hayan sido incapaces de ponerse de acuerdo para pactar el verdadero alcance de su reforma. Mientras tanto, la ley mordaza sigue aplic¨¢ndose. En su ¨²ltimo informe sobre la ley mordaza, del pasado 1 de julio, Amnist¨ªa Internacional (AI) denunciaba casos concretos de aplicaci¨®n de la pol¨¦mica norma a colectivos, como el grupo vecinal No a la Tala en Madrid, cuyos miembros se oponen a la eliminaci¨®n de ¨¢rboles por diversas obras del Ayuntamiento de Madrid y el Gobierno regional, y que ¡°acumula 20.000 euros en multas¡± por sus protestas. O el Sindicato de Vivienda de Carabanchel [un distrito de Madrid]¡±, que ha recibido sanciones por un valor superior a los 44.000 desde 2021. O los 21.000 euros a estudiantes del grupo Defendemos Palestina en sus movilizaciones por la visita de la embajadora de Israel en la Universidad Complutense de Madrid.

Amnist¨ªa Internacional lleva a?os denunciando que la ley de seguridad ciudadana ha impactado ¡°negativamente en el ejercicio de derechos humanos de manifestantes, defensores y defensoras de los derechos humanos, y periodistas por conductas protegidas por los derechos a la libertad de expresi¨®n y de reuni¨®n pac¨ªfica¡± y ha reclamado insistentemente su reforma. No es la ¨²nica. El Defensor del Pueblo ha urgido a los partidos de manera recurrente en sus informes anuales la reforma de la ley para cambiar ¡°los aspectos m¨¢s pol¨¦micos buscando el adecuado equilibrio entre seguridad y libertad¡±. Y en 2018, la m¨¢xima responsable de derechos humanos del Consejo de Europa, Dunja Mijatovi?, remit¨ªa una carta al Congreso y el Senado en el que mostraba la inmensa preocupaci¨®n que suscitaba en las instituciones europeas la ley. En aquella misiva, Mijatovi? reclamaba el fin de las llamadas devoluciones en caliente de inmigrantes irregulares ¨Duna figura que el PP legaliz¨® en una disposici¨®n adicional incluida a ¨²ltima hora en la ley mordaza¨D y criticaba que la norma otorgaba a los miembros de las fuerzas de seguridad un ¡°amplio margen de discreci¨®n¡± para interpretar la normativa, lo que en su opini¨®n se traduc¨ªa en ¡°limitaciones potencialmente desproporcionadas y arbitrarias al ejercicio de la libertad de expresi¨®n y de reuni¨®n pac¨ªfica¡±.

Sin embargo, no todos claman por la reforma de la ley de seguridad ciudadana. Adem¨¢s del PP, como promotor de la norma, Vox tambi¨¦n se ha opuesto a cambiarla. Ambos partidos y Ciudadanos han arropado en los ¨²ltimos a?os las movilizaciones que sindicatos policiales y asociaciones de guardias civiles han convocado para protestar por la intenci¨®n del bloque de investidura de modificarla. Este martes, tras las palabras de la vicepresidenta D¨ªaz, las organizaciones de agentes sal¨ªan en tromba con comunicados para mostrar su malestar por el anuncio de la vicepresidenta. Los representantes policiales se quejan de que algunas de las modificaciones a la norma que se han planteado en los ¨²ltimos a?os dificultar¨ªan su trabajo y les pondr¨ªa en riesgo a ellos. En concreto, aquella que permite difundir im¨¢genes de ellos grabadas durante su actividad profesional; la que elimina la presunci¨®n de veracidad de los polic¨ªas; la que abre la posibilidad de celebrar manifestaciones sin comunicaci¨®n previa; o la que reduce de seis a dos horas del tiempo m¨¢ximo de retenci¨®n de una persona para su identificaci¨®n y obliga a devolver al punto donde fueron interceptadas a las personas trasladadas a comisar¨ªa. Buenas parte de estas objeciones ha sido rebatidas por el Ministerio del Interior, que insiste en que las modificaciones legales propuestas no tienen las consecuencias que denuncian los agentes.

Pese al anuncio de este martes de la vicepresidenta sobre el acuerdo de su formaci¨®n con el PSOE y la proposici¨®n de ley presentada por su partido de mayo, las discrepancias existentes entre los partidos del bloque de investidura sobre cuatro puntos de la reforma augura que el acuerdo no ser¨¢ ni r¨¢pido ni sencillo, seg¨²n reconocen fuentes de las otros grupos parlamentarios. Entre ellos, el que presenta m¨¢s diferencias es el referido al art¨ªculo 23.4, en el que se aspiraba a abordar el uso policial de las pelotas de goma, un material que ERC y EH Bildu exigen eliminar, y que los socialistas ya han anunciado que no eliminar¨¢n bajo ning¨²n concepto. Tambi¨¦n hay diferencias, aunque menores, en el art¨ªculo 36.6, que castiga ¡°la desobediencia o resistencia a la autoridad o a sus agentes¡± y que fue masivamente utilizado durante la pandemia para sancionar a los que se saltaban el confinamiento; y en el art¨ªculo 37.4, el que castiga las faltas de respeto a las polic¨ªas. Finalmente, sobre las devoluciones en caliente, los seis partidos part¨ªan de una coincidencia: esta figura deber¨ªa estar en otra norma, la ley de extranjer¨ªa, sobre cuya reforma se est¨¢ hablando precisamente tambi¨¦n ahora.