Sumar resucita en el Congreso la reforma de la ¡®ley mordaza¡¯ ante los ¡°ataques a la democracia¡± de PP y Vox

Sumar ha decidido mover ficha para superar una asignatura pendiente: la reforma de la ley de seguridad ciudadana ¨Dla conocida como ley mordaza¨D que el PP aprob¨® en 2015 gracias a su mayor¨ªa absoluta en el Congreso. Su grupo parlamentario ha registrado este viernes una proposici¨®n de ley con la que aspira a resucitar la negociaci¨®n entre los partidos del bloque de investidura que la pasada legislatura ya estuvo a punto de culminarse, pero que, tras acordar cambios en 36 de los 54 art¨ªculos, finalmente descarril¨® en marzo de 2023 por diferencias en otros cuatro. Entre ellos, el que fijaba el uso policial de las pol¨¦micas pelotas de goma o las devoluciones en caliente de inmigrantes irregulares. Entonces ERC y EH Bildu, cuyos votos eran necesarios para que el proyecto siguiera adelante, votaron en contra en la Comisi¨®n de Interior junto a PP, Vox, Ciudadanos y UPN, y provocaron un sonoro fracaso parlamentario del Gobierno.

Para evitar un nuevo fracaso, el texto de la proposici¨®n, al que ha tenido acceso EL PA?S, recoge precisamente lo ya acordado entonces y evita cualquier referencia a los aspectos en los que discrepaban. El portavoz adjunto de la formaci¨®n en la C¨¢mara baja, Enrique Santiago, ha insistido este viernes en que aquellos cuatro puntos eran ¡°importantes, pero no los m¨¢s importantes¡±. El objetivo de la proposici¨®n es que los grupos planteen sobre esta ¡°hoja en blanco¡±, como la describen fuentes de la formaci¨®n, sus propuestas para estas cuestiones pol¨¦micas en forma de enmiendas sobre las que poder trabajar y alcanzar un texto de consenso. Santiago ha destacado la urgencia en lograrlo para culminar la ¡°derogaci¨®n de facto¡± de la ley mordaza ante la necesidad de hacer frente a lo que calific¨® de ¡°campa?a de ataques a la democracia¡± por parte de PP y Vox.

Mutar la ley de seguridad ciudadana, que en julio cumplir¨¢ nueve a?os en vigor, es una antigua aspiraci¨®n de los partidos de izquierdas, que llegaron a recurrirla ante el Tribunal Constitucional ¨Dque finalmente la aval¨® pr¨¢cticamente en su integridad en enero de 2021¨D, y a la que se sumaron desde el principio otras formaciones como el PNV y organizaciones como Amnist¨ªa Internacional. Incluso el Defensor del Pueblo ha instado al gobierno y a los partidos en varias ocasiones en sus informes anuales a cambiar ¡°los aspectos m¨¢s pol¨¦micos buscando el adecuado equilibrio entre seguridad y libertad¡±.

Este viernes, Santiago ha recalcado que en las negociaciones de la pasada legislatura ¨Den las que participaron PSOE, PNV, Unidas Podemos, ERC, EH Bildu y Junts¨D se lleg¨® a pactar el 95% de la reforma y que, precisamente, este texto es un punto de partida ¡°muy s¨®lido¡± para su propuesta. Entre esos cambios, ha destacado el acuerdo para ajustar las multas a la capacidad econ¨®mica del sancionado o su sustituci¨®n por las llamadas ¡°actividades reparadoras¡±; rebajar de grave a leve (con la consiguiente reducci¨®n de la sanci¨®n) la infracci¨®n por tenencia de cannabis; o permitir la celebraci¨®n de protestas sin comunicaci¨®n previa a las delegaciones del Gobierno ¡°ante hechos que requieran de una manifestaci¨®n o expresi¨®n p¨²blica inmediata¡±. El portavoz de Sumar ¨Dque ha lamentado que hayan transcurrido nueve meses de legislatura sin que ning¨²n grupo pol¨ªtico haya tomado hasta ahora esta iniciativa¨D aspira a que a la propuesta se sumen ahora nuevas formaciones de un Congreso que cambi¨® su composici¨®n tras las ¨²ltimas elecciones.

Fuentes de la formaci¨®n defienden que el hecho de que la proposici¨®n de ley no plantee propuestas concretas para los cuatro art¨ªculos que arruinaron la anterior negociaci¨®n facilitar¨¢ llegar a texto final. No obstante, el punto en que quedaron entonces no augura que el acuerdo sea r¨¢pido ni sencillo, seg¨²n reconocen fuentes de las otros grupos parlamentarios que participaron entonces y que hasta este viernes aseguran desconocer su contenido.

De los cuatro puntos, donde las discrepancias son m¨¢s profundas es el referido al art¨ªculo 23.4, en el que se aspiraba a abordar el uso policial de las pelotas de goma. PSOE, Unidas Podemos y PNV pretend¨ªan incluir la necesidad de elaborar ¡°protocolos espec¨ªficos de acuerdo con los est¨¢ndares internacionales¡± sobre el uso de la fuerza y el empleo de material antidisturbios para ¡°utilizar siempre los medios menos lesivos para las personas y evitando aquellos que causen lesiones irreparables¡±, y que en su redacci¨®n participasen organizaciones de ¡°la sociedad civil¡±. ERC, EH Bildu y Junts insistieron hasta el ¨²ltimo momento en prohibir ¡°expresamente el uso de los proyectiles cin¨¦ticos denominados balas de goma¡±.

Las discrepancias en el art¨ªculo 36.6, el que castiga ¡°la desobediencia o resistencia a la autoridad o a sus agentes¡± y que fue masivamente utilizado durante la pandemia para sancionar a los que se saltaban el confinamiento, eran mucho menores. De hecho los partidos acordaron que la desobediencia deb¨ªa ser ¡°manifiesta y clara¡±. En este caso, la discrepancia surg¨ªa en si esta infracci¨®n se manten¨ªa como falta grave (y, por tanto, sancionable con multas entre 501 y 25.000 euros, seg¨²n la cuant¨ªa que pretend¨ªa introducir la reforma) o leve (la multa ser¨ªa entonces entre 100 y 500 euros). El PSOE, Unidas Podemos y PNV solo admit¨ªan rebajar la gravedad de las sanciones en un caso, cuando el infractor hubiese sido sancionado por facilitar ¡°datos falsos o inexactos en el proceso de identificaci¨®n¡±. ERC, EH Bildu y Junts exig¨ªan que las desobediencias fuesen en todos los casos leves.

La modificaci¨®n del art¨ªculo 37.4, el que castiga las faltas de respeto a las polic¨ªas, buscaba, en palabras de los entonces negociadores, ¡°objetivar¡± qu¨¦ situaciones pod¨ªan ser consideradas como tales y, por tanto, sancionables. PSOE, Unidas Podemos y PNV planteaba que se multase ¡°los actos humillantes o expresiones despectivas u ofensivas dirigidas a un miembro de las Fuerzas y Cuerpos del Estado¡±. Para ERC, EH Bildu y Junts la definici¨®n era poco concreta y, en su opini¨®n, permit¨ªa la arbitrariedad de los agentes al sancionar. Por ello, planteaban que solo fuesen castigables ¡°los insultos o injurias¡±. Adem¨¢s, quer¨ªan incluir un apartado para que la multa no se ejecutara ¡°cuando el sancionado acceda a retractarse/disculparse por sus expresiones¡±.

Finalmente, sobre las devoluciones en caliente, los seis partidos part¨ªan de una coincidencia: esta figura, incluida por el PP en la ley mordaza en una disposici¨®n transitoria, deber¨ªa estar en otra norma, la ley de extranjer¨ªa. Ah¨ª se acababan pr¨¢cticamente las coincidencias entre los dos bloques. PSOE, Unidas Podemos y PNV plantearon incorporar un a?adido a la ley de extranjer¨ªa para que el Gobierno elabore en el plazo de un a?o la normativa que desarrollar¨¢ la exigencia ya existente en la misma de que en estos rechazos en frontera se respeten los derechos humanos y los convenios firmados por Espa?a para la protecci¨®n internacional. Los otros tres partidos, sin embargo, rechazaban aplazar la decisi¨®n y planteaban que se recogieran ya compromisos concretos, como que ¡°en ning¨²n caso¡± se rechazase a los ciudadanos extranjeros ¡°mientras intentan superar los elementos de contenci¨®n fronterizos¡± o que hubiera una ¡°expulsi¨®n colectiva¡±.