Las tareas urgentes del CGPJ

El nuevo Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), fruto del primer acuerdo en mucho tiempo entre el PSOE y el PP, inici¨® su trabajo el pasado viernes con muchas tareas pendientes y urgentes. Para todas ellas los 20 nuevos vocales necesitar¨¢n echar mano del consenso, una herramienta oxidada en los ¨²ltimos cinco a?os de mandato caducado por el bloqueo del PP a su renovaci¨®n y con una mayor¨ªa conservadora convertida en ariete contra el Poder Ejecutivo desde la judicatura. Desde ahora las decisiones del nuevo Consejo necesitar¨¢n al menos el voto de 12 de los 20 vocales. De este modo, la mayor¨ªa reforzada que el PP elimin¨® como requisito cada vez que gobern¨® vuelve a ser norma de obligado cumplimiento.

La primera tarea que tiene por delante el nuevo CGPJ es elegir a su presidente. Hasta ahora, esa elecci¨®n corr¨ªa a cargo de los dos grandes partidos y los vocales del Poder Judicial se limitaban a acatar y corroborar el acuerdo pol¨ªtico. El nombramiento se presentaba como una decisi¨®n aut¨®noma del pleno, aunque nadie pod¨ªa ocultar que se trataba de una colosal simulaci¨®n. Los tiempos han cambiado y el nuevo Consejo tuvo que improvisar el pasado viernes algo parecido a un reglamento para la elecci¨®n del presidente.

Cada uno de los 20 vocales propuso un candidato y todos ellos ¡ªsiete, cuatro a propuesta del bloque conservador y tres del progresista¡ª se someter¨¢n a votaci¨®n este martes. Si ninguno consigue los 12 apoyos necesarios ¡ªla mayor¨ªa legal de tres quintos¡ª se pasar¨¢ a una nueva votaci¨®n con los tres magistrados que obtengan m¨¢s votos. El plazo para elegir al presidente tiene un l¨ªmite de siete d¨ªas. Si no consigue dotarse de un presidente en ese plazo, el nuevo CGPJ nacer¨¢ cojo y amenazado de la par¨¢lisis que tanto da?o ha hecho en los ¨²ltimos a?os a la administraci¨®n de Justicia.

El CGPJ tiene pendiente ¡ªtambi¨¦n con una mayor¨ªa de tres quintos¡ª la renovaci¨®n de casi un centenar de altos cargos en audiencias provinciales, tribunales superiores de justicia y el Tribunal Supremo, donde siguen sin cubrir m¨¢s de 20 vacantes de magistrados. Adem¨¢s, el anterior Gobierno de los jueces dej¨® pendiente la elaboraci¨®n un informe clave para abordar una transformaci¨®n profunda en la justicia espa?ola: la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Prometida por todos los Gobiernos ¡ªdel PP y del PSOE¡ª en el siglo XXI, dicha reforma plantea dejar la instrucci¨®n en manos de los fiscales, tal y como sucede en muchos pa¨ªses de la Uni¨®n Europea pero que en Espa?a sigue provocando la controversia jur¨ªdica y pol¨ªtica.

El nuevo modelo implica que los fiscales dirijan la investigaci¨®n penal mientras el juez ejerce de ¨¢rbitro para garantizar los derechos de las partes en conflicto. Para ello se requiere, evidentemente, blindar la autonom¨ªa del ministerio p¨²blico frente al Gobierno de turno y as¨ª evitar las habituales suspicacias respecto a la actuaci¨®n de los fiscales en procesos penales que afecten a los miembros del Ejecutivo o a los cargos del partido al que representan.

Ninguna de las tareas que tiene por delante el Consejo General del Poder Judicial es f¨¢cil y todas necesitan acuerdos, pero los cinco a?os de bloqueo han producido tal perjuicio a la Justicia espa?ola y a su cr¨¦dito social que es urgente que sus nuevos vocales elijan cuanto antes un presidente o presidenta y se pongan a trabajar.