Reformar la justicia en M¨¦xico

El Congreso mexicano aprob¨® el lunes, tras una turbulenta votaci¨®n en el Senado, la ley m¨¢s controvertida del mandato de Andr¨¦s Manuel L¨®pez Obrador. Cuando faltan menos de tres semanas para la sucesi¨®n, el presidente saliente sac¨® adelante por mayor¨ªa cualificada (dos tercios) una reforma judicial que pone fin al sistema actual e introduce la elecci¨®n directa por voto popular de los jueces (unos 1.600, incluidos los de la Suprema Corte y el Tribunal Electoral). El cambio, que iba incluido en el programa de reformas que gan¨® las elecciones de la mano de Claudia Sheinbaum, ha sido rechazado frontalmente por los partidos de la oposici¨®n y amplios sectores de la administraci¨®n de justicia. Es un cambio radical que abre un escenario de incertidumbre en un elemento b¨¢sico para el funcionamiento de cualquier pa¨ªs.

Junto a la obvia discusi¨®n de si el voto popular es la mejor forma de elegir a un cuerpo con un alt¨ªsimo componente t¨¦cnico, el escollo de esta ley reside en que pocos creen que las elecciones a jueces conciten realmente la participaci¨®n del votante. No es descartable que quienes acudan a las urnas sean demasiado pocos como para dar legitimidad real a este cambio. Bolivia, que en 2009 implant¨® una medida similar, aunque limitada a 26 altos magistrados, sufri¨® precisamente este problema y ha llegado a registrar porcentajes de voto nulo del 60%. Otros problemas evidentes son el riesgo de un incremento de la politizaci¨®n en la judicatura, as¨ª como el peligro siempre presente de que el narco, grandes bufetes de abogados y grupos de presi¨®n aprovechen para introducir a¨²n m¨¢s sus tent¨¢culos.

Nadie duda de que el sistema judicial necesitaba de una reforma dr¨¢stica. Lejana, obsoleta y con grandes vetas de corrupci¨®n, la justicia sufre en M¨¦xico una crisis de credibilidad. Es precisamente esa falta de confianza, ampliamente extendida entre las capas populares, la que ha permitido a L¨®pez Obrador llevar adelante un proyecto tan radical. Y lo ha hecho, aunque a sus cr¨ªticos les cueste reconocerlo, por la v¨ªa democr¨¢tica tanto electoral como parlamentaria. Algo que, en este caso, no asegura su buen t¨¦rmino.

El primer efecto de la medida ha sido generar incertidumbre. El peso se ha depreciado y las dudas de los inversores internacionales persisten, pese a los esfuerzos del Gobierno por tranquilizarlos. Es un horizonte complejo donde incluso Estados Unidos ha manifestado sus preocupaciones.

Tampoco ha contribuido a sosegar este clima la abrupta votaci¨®n de la ley en el Senado. Precedida por una oleada de movilizaciones de trabajadores, la sesi¨®n en la C¨¢mara alta fue ag¨®nica y la enmienda solo pudo salir adelante gracias al apoyo de ¨²ltima hora de un tr¨¢nsfuga del Partido Acci¨®n Nacional (PAN), la derecha tradicional, acorralado por causas judiciales.

La ley deber¨¢ ser ahora avalada por m¨¢s del 50% de los Congresos de los 32 Estados, un mero tr¨¢mite considerado el amplio poder territorial del partido que vertebra al Gobierno. Quedar¨¢ as¨ª abierto el camino para implantar escalonadamente a partir del a?o que viene la reforma. Es de desear que en el tiempo que queda y en la medida en que M¨¦xico va a tener nueva presidenta se encuentren los cauces para hallar una mejora de la justicia que suscite menos dudas y, desde luego, si no hay cambios, para desarrollar mecanismos de control suficientes que impidan que la ley aprobada se vuelva un nuevo y enorme problema.