Sigue siendo la hora de los afectados

Cumplido ya un mes desde el paso de la dana por la Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha, el balance no tiene un saldo positivo. El presidente de la Generalitat valenciana, Carlos Maz¨®n, lejos de dimitir por su incomparecencia en el d¨ªa de la tragedia, sigue aferrado a la tesis de que el fat¨ªdico 29 de octubre le falt¨® informaci¨®n para adoptar medidas preventivas, aunque otros, con los mismos datos, s¨ª las adoptaron. Sigue adem¨¢s sin someterse a las preguntas de los medios de comunicaci¨®n para que, a trav¨¦s de estos, la sociedad reciba al menos algunas respuestas a los interrogantes que muchos valencianos se formulan. Pese a este ins¨®lito comportamiento por parte de un dirigente democr¨¢tico, le llegar¨¢, sin embargo, el momento de comparecer ante las comisiones de investigaci¨®n en el Parlamento valenciano, en el Congreso y el Senado y con toda probabilidad ante la justicia ordinaria. Tampoco escapar¨¢ al juicio de su propio partido, el PP, del que ya ha recibido varios avisos y un fr¨ªo respaldo. Maz¨®n habr¨¢ de ir afrontando todas esas pruebas, pero ahora, si pretende seguir al frente de la Generalitat, no puede centrar sus esfuerzos en forjar el escudo que le proteja de esos escrutinios.

Un mes despu¨¦s son innumerables las calles, garajes y locales en los que a¨²n hay barro y las campas en las que se apilan coches inservibles; demasiados (m¨¢s de 10.000) los ni?os que a¨²n no han podido volver a clase y alt¨ªsimo el riesgo sanitario provocado por el bloqueo de la red de alcantarillado. Hay depuradoras por reparar y carreteras por reabrir. Y, por supuesto, no se puede flaquear en el esfuerzo por localizar a las cuatro personas que a¨²n siguen desaparecidas.

Las consecuencias de la dana han impregnado la batalla pol¨ªtica, pero este sigue siendo el momento de los afectados, de que los miles de damnificados perciban, un mes despu¨¦s de que sus vidas se vieran violentamente interrumpidas, que la gota fr¨ªa no arras¨® tambi¨¦n a las administraciones y que estas cuentan con el m¨²sculo suficiente para afrontar la reconstrucci¨®n. El Gobierno valenciano ha renovado parte de su Consell con este fin. Es su responsabilidad demostrar que la pol¨¦mica supresi¨®n del tope salarial para los nuevos consejeros vale la pena en su doble objetivo: coordinar con eficacia, reparar y prevenir. Es, por su parte, obligaci¨®n del Gobierno de Espa?a mantener viva la colaboraci¨®n con la Administraci¨®n auton¨®mica a trav¨¦s de los cinco grupos de trabajo en los que cooperan ministros y consejeros, y seguir aportando cuantos efectivos y recursos sean necesarios. Ambos ejecutivos han de acercarse m¨¢s a los ayuntamientos, que son los que tienen de primera mano toda la informaci¨®n sobre lo urgente y lo importante. No se puede dise?ar un plan realista sin su participaci¨®n preeminente. Las administraciones no pueden dejar que se normalice la escena de calles enfangadas. El desaf¨ªo que supone restablecer el tejido social y productivo requiere diligencia y voluntad.

Los 222 muertos merecen altura de miras y no emborronar su memoria con un debate partidista. Est¨¢ tambi¨¦n en juego que el aumento de la desafecci¨®n alentada por los ultrapopulistas quiebre la confianza en el sistema p¨²blico, el ¨²nico que, pese a sus fallos, puede garantizar protecci¨®n y reparaci¨®n. La ciudadan¨ªa clama: ¡°?No nos olvid¨¦is!¡±. Por eso las ayudas han de ser r¨¢pidas, aunque sin menguar en la transparencia y el control en el uso de las arcas p¨²blicas. Tampoco deben convertirse en arma pol¨ªtica ni sembrar irresponsablemente confusi¨®n en medio del desconsuelo. De ah¨ª que sea intolerable que, como hizo Maz¨®n, se pretenda confundir a la poblaci¨®n alegando que se trata ¨²nicamente de cr¨¦ditos cuando m¨¢s de la mitad de las ayudas procedentes del Estado son a fondo perdido. Hay que exigir seriedad, porque se trata de que decenas de pueblos puedan volver a una normalidad en la que, en cualquier caso, siempre faltar¨¢n m¨¢s de 200 personas.