Desidia hacia la violencia sexual

Menos de la mitad de los centros espec¨ªficos de crisis para atender a v¨ªctimas de violencia sexual est¨¢n en funcionamiento a ocho d¨ªas de que sea obligatoria su puesta en marcha, el 31 de diciembre. La Ley de Libertad Sexual, aprobada en 2022, exig¨ªa que hubiera al menos uno por provincia antes de acabar este a?o. Solo 20 de los 52 centros previstos en la ley estaban disponibles hasta la semana pasada, cuando se activaron tres m¨¢s entre prisas por cumplir un mandato del que dependen fondos europeos. El plazo original ni siquiera era esta Nochevieja, sino la pasada, un l¨ªmite que fue prorrogado ante los incumplimientos.

Los centros de crisis para v¨ªctimas de violencia sexual dan un servicio 24 horas que incluye atenci¨®n m¨¦dica y psicol¨®gica y acompa?amiento de los pasos legales a seguir si las mujeres deciden iniciar ese camino. Requieren de unas caracter¨ªsticas de personal y medios muy espec¨ªficos. Para recibir esa atenci¨®n no es necesario poner una denuncia, ni que la agresi¨®n sea reciente. El objetivo es que la v¨ªctima disponga de todos los medios en un solo lugar, que cuente su historia una sola vez y no tenga que ir de ventanilla en ventanilla como sucede ahora.

Las comunidades aut¨®nomas recibieron del Gobierno central en total 89 millones de euros de fondos europeos, repartidos proporcionalmente, para poner en marcha estos centros. Si no est¨¢n ejecutados antes de final de a?o, hay que devolverlos a Europa. Los retrasos en algunas de ellas no tienen justificaci¨®n. Andaluc¨ªa, por ejemplo, recibi¨® 12,3 millones de euros y el pasado mi¨¦rcoles a¨²n no estaba en funcionamiento ninguno de sus ocho centros provinciales. La comunidad ha recurrido a m¨®dulos prefabricados para montarlos a toda prisa, entre quejas de que su mantenimiento es muy costoso. El de Ja¨¦n est¨¢ en medio de un descampado. Castilla y Le¨®n, la comunidad que m¨¢s dinero ha recibido (12,5 millones) solo abri¨® uno en noviembre y dos a mediados de este mes.

Espa?a puede presumir de una legislaci¨®n muy avanzada en la protecci¨®n de la mujer, pero situaciones como esta indican que la aplicaci¨®n real est¨¢ lejos de lo deseable. La inacci¨®n de muchas comunidades refleja una incapacidad pol¨ªtica para darse cuenta de la urgencia que la sociedad tiene de herramientas ¨¢giles para atender unas situaciones que no son excepcionales para las mujeres, sino que las viven a diario. Una de las principales razones por las que las mujeres no denuncian es la verg¨¹enza o el miedo a no ser cre¨ªdas, y eso, en parte, tiene que ver con la falta de especializaci¨®n que a¨²n opera en las instituciones y que las obliga a enfrentarse a una mara?a burocr¨¢tica que las revictimiza.

La acci¨®n contra la violencia sobre las mujeres no puede caer presa de ideolog¨ªas ni depender de la voluntad de los gobiernos auton¨®micos. La pereza administrativa de todos estos meses, con el dinero en la mano para hacerlo, refleja unas prioridades pol¨ªticas muy alejadas de las necesidades de la sociedad en este ¨¢mbito. No construir estos centros a tiempo, no dotarlos de forma correcta, no es simple desidia burocr¨¢tica, es contribuir a desproteger a las mujeres.