Un poder oscuro y descontrolado

El espionaje ha sido desde siempre la m¨¢s opaca de las actividades del Estado, as¨ª como la m¨¢s resistente a cualquier forma de control. Novelado hasta la saciedad, y a menudo con gran ¨¦xito, el espionaje se nos presenta como el reino de la impostura y lo amoral, un ¨¢mbito en el que todo vale cuando se trata de obtener informaci¨®n del enemigo con el fin de contrarrestarlo y aumentar las capacidades propias. La cuesti¨®n es que esa representaci¨®n se corresponde con un mundo bipolar en el que los esp¨ªas y agentes dobles trabajaban a su aire y de una manera cuasi artesanal.

Nada que ver con los cometidos que hoy tienen asignados los servicios secretos como organizaciones insertas en las estructuras burocr¨¢ticas del Estado y encargadas de poner a disposici¨®n de los decisores pol¨ªticos informaci¨®n contrastada y convertida, por ello, en inteligencia. Nada que ver tampoco con la sofisticaci¨®n tecnol¨®gica que han alcanzado los instrumentos de los que pueden valerse para realizar sus tareas e intentar neutralizar las de otros servicios, si bien la medida del ¨¦xito en sus capacidades anal¨ªticas y predictivas sigue procediendo, sobre todo, de fuentes de conocimiento de car¨¢cter abierto. Pero sobre todo nada que ver con las exigencias de un Estado democr¨¢tico, que reclama controles sobre todos y cada uno de sus ¨¢mbitos de actuaci¨®n y proscribe el empleo de medios que puedan incidir, sin las adecuadas garant¨ªas, en los derechos de los ciudadanos. El control de los servicios de inteligencia en la era de las comunicaciones digitales a escala global representa, por tanto, uno de los retos insoslayables de los Estados constitucionales.

A la luz del espect¨¢culo al que hemos asistido estos d¨ªas es evidente que nuestro sistema no ha sabido afrontar dicho reto. La llamada Comisi¨®n parlamentaria de Gastos Reservados es una criatura de la ¨¦poca de los grandes esc¨¢ndalos provocados por la guerra sucia contra ETA, cuyo paroxismo fue el caso Rold¨¢n. Y la Ley del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), que ahora cumple 20 a?os, fue en buena medida la soluci¨®n de emergencia que se busc¨® para rescatar a los servicios del callej¨®n sin salida a la que se hab¨ªan visto abocados como consecuencia de las actuaciones del antiguo Cesid bajo la larga direcci¨®n del general Alonso Manglano. Ciertamente, el descubrimiento de actuaciones ilegales y la constataci¨®n de ineficiencias predictivas ha sido el principal impulso para reformar los servicios de inteligencia, desde el FBI y la Polic¨ªa Montada del Canad¨¢ en los a?os setenta del pasado siglo hasta los atentados del 11 de septiembre de 2001 y las revelaciones de Edward Snowden sobre el espionaje masivo. Pero mientras que en los casos citados las correspondientes reformas legales fueron precedidas de informes y an¨¢lisis de expertos que hoy son de referencia, aqu¨ª las cosas se hicieron de una manera superficial y a la ligera; parece como si el haber elevado el rango de la regulaci¨®n, desde la disposici¨®n reglamentaria a la ley, y el haber puesto en pie un sistema de control judicial sobre las intervenciones telef¨®nicas del que lo menos que se puede decir es que es extra?o en el panorama comparado, hubiera bastado para satisfacer todas las exigencias de un Estado democr¨¢tico en este ¨¢mbito.

En lo esencial, la ley del CNI se atiene a los rasgos inerciales procedentes de la regulaci¨®n del antiguo Cesid: una apelaci¨®n de brocha gorda al secreto para ocultar todo lo referente a las fuentes y los m¨¦todos de trabajo del servicio y una mirada miope y cargada de recelo hacia el control parlamentario, un extremo este en el que la ley ni siquiera parece cumplir el m¨ªnimo constitucional exigible. Con un control, en suma, en el que se deja al albur del controlado el alcance y el contenido concreto de la propia facultad de control, no es de extra?ar la vida l¨¢nguida y de perfil pol¨ªtico extraordinariamente bajo que ha tenido la comisi¨®n parlamentaria a lo largo de estas dos d¨¦cadas. Basta una r¨¢pida mirada a lo que se ha hecho en los ¨²ltimos tiempos en lo que solemos llamar los pa¨ªses de nuestro entorno para darnos cuenta de todo el camino que nos queda por recorrer. El Reino Unido (desde el a?o 2000), Italia (2009), Francia (2015) y Alemania (2009 y 2016) han reformado en profundidad sus sistemas de control sobre la actividad de la inteligencia, reforzando las facultades parlamentarias de control y/o creando organismos especializados e independientes de nueva planta (en el que a veces participan expertos en comunicaciones electr¨®nicas) que supervisan de continuo la actividad de los servicios e informan peri¨®dicamente a los comit¨¦s parlamentarios o al propio poder Ejecutivo, que es a quien corresponde garantizar, en ¨²ltimo extremo, que la funci¨®n de inteligencia no acabe socavando, en nombre de la seguridad, los fundamentos del Estado democr¨¢tico. Ojal¨¢ Pegasus act¨²e, esta vez s¨ª, como acicate para acometer las reformas que sean necesarias en esa direcci¨®n.