¡°Cada vez m¨¢s pol¨ªticos tratan como ¡®ecoterroristas¡¯ a los defensores del medio ambiente que recurren a la desobediencia civil¡±

Desde que el pasado junio Michel Forst recibi¨® el encargo de convertirse en el primer relator especial de Naciones Unidas para los defensores del medio ambiente, no ha dejado de buscar respaldo de los pol¨ªticos y de la sociedad civil para garantizar la seguridad de ¡°los activistas m¨¢s amenazados del mundo¡±. Este abogado franc¨¦s, que la semana pasada se reuni¨® en Madrid con dirigentes pol¨ªticos y ecologistas, sabe bien los riesgos a los que se enfrentan. Relator especial sobre la situaci¨®n de los defensores de los derechos humanos entre 2014 y 2020, recuerda c¨®mo tras un encuentro en Colombia en 2018 con personas implicadas en la defensa de la naturaleza, cinco de ellas fueron asesinadas. ¡°Ocurri¨® al final de mi visita, no porque se hubieran reunido conmigo, sino simplemente por su dedicaci¨®n¡±.

Por ello, seg¨²n cree, era necesario la existencia de una figura espec¨ªfica centrada en la protecci¨®n de estos activistas, que reciben ¡°los ataques m¨¢s violentos¡±, especialmente en Am¨¦rica Latina, pero tambi¨¦n en Filipinas y en ?frica. ¡°En Europa est¨¢n aumentando las agresiones¡±, alerta. El cargo, creado hace un a?o bajo el paraguas del Convenio de Aarhus, un tratado internacional ratificado por 46 pa¨ªses ¡ªprincipalmente europeos¡ª sobre la participaci¨®n ciudadana en relaci¨®n con el medio ambiente, le proporciona herramientas legalmente vinculantes para obligar a los Estados a actuar.

Pregunta. ?C¨®mo puede proteger desde su cargo a los defensores del medio ambiente?

Respuesta. A trav¨¦s de un mecanismo de respuesta r¨¢pida, que se activa cuando la ONU es informada de que en un lugar alguien est¨¢ siendo atacado por defender el medio ambiente. Y aunque opera solo en los pa¨ªses firmantes del Convenio de Aarhus, es importante saber que tiene un ¨¢mbito de aplicaci¨®n m¨¢s amplio. Esto significa que cuando una empresa con sede en un pa¨ªs firmante trabaja en un tercero que no lo es, los defensores de ese Estado tambi¨¦n pueden acudir a m¨ª en busca de protecci¨®n. Le pongo un ejemplo: ser¨ªa el caso de una empresa espa?ola con sede en Madrid que operara en Colombia, Per¨² o en otros lugares de Latinoam¨¦rica, deforestando o amenazando a los defensores del medio ambiente.

P. ?C¨®mo pueden acudir a usted?

R. A trav¨¦s de un formulario en el sitio web de Naciones Unidas. Mi equipo investiga la situaci¨®n y hace una doble comprobaci¨®n para asegurarse de que no estamos siendo mal informados o manipulados. Cuando comprobamos la informaci¨®n, mandamos lo que llamamos ¡°carta de indicios¡± al Gobierno afectado, en la que le solicitamos informaci¨®n. La llamamos as¨ª porque en una primera instancia no queremos acusar a nadie. Esa carta no se har¨¢ p¨²blica durante 60 d¨ªas, el periodo de tiempo que el Estado tiene para responder. Tambi¨¦n podemos enviar cartas a las empresas, dependiendo del caso. Despu¨¦s de 60 d¨ªas, mi carta y la del Estado o la de la empresa ser¨¢n p¨²blicas en la p¨¢gina web de la ONU, lo que tiene un gran impacto, especialmente para las compa?¨ªas.

P. ?Contra su imagen p¨²blica?

R. Exactamente. La publicaci¨®n tiene enormes implicaciones porque a las empresas no les gusta ver sus nombres publicados. Por ejemplo, un banco de inversi¨®n puede decidir retirar la financiaci¨®n de un determinado proyecto si est¨¢ relacionado con un caso de agresiones medioambientales.

Hay cada vez una mayor presi¨®n para que los Estados endurezcan las leyes contra la desobediencia civil de los ecologistas

P. ?Qu¨¦ ocurre si alguien no puede esperar 60 d¨ªas porque se encuentra ante un riesgo inminente?

R. Si somos informados de que alguien se encuentra en una situaci¨®n muy peligrosa, contactar¨ªa con los gobiernos para que se adoptaran, por precauci¨®n, medidas inmediatas de protecci¨®n, sin hacer la doble comprobaci¨®n. Es importante tener en cuenta que el Convenio de Aarhus es un instrumento jur¨ªdicamente vinculante, a diferencia de los mandatos de otros relatores, que se basan en resoluciones de la ONU no vinculantes. Los Estados tienen la obligaci¨®n de cumplir y respetar todas las disposiciones del convenio, lo que me faculta para hacer muchas cosas.

P. ?Cu¨¢ntos casos ha revisado desde el inicio de su mandato?

R. Estamos recibiendo quejas procedentes sobre todo de Europa, aunque tambi¨¦n empezamos a recibir quejas de Am¨¦rica Latina, porque hay muchas empresas europeas que operan all¨ª. Hasta ahora hemos enviado un par de cartas a varios pa¨ªses de la Uni¨®n Europea y estamos esperando las respuestas para publicarlas en nuestro sitio web.

P. ?De d¨®nde?

R. No puedo dar nombres de pa¨ªses porque hemos recibido quejas de casi todos.

P. ?Qu¨¦ quejas recibe en Europa?

R. Hay dos puntos que me preocupan en todos los pa¨ªses de la UE, incluida Espa?a. El primero es la situaci¨®n de los activistas clim¨¢ticos que utilizan la desobediencia civil para sus reclamaciones, como los que bloquearon el acceso al aeropuerto de Ginebra [el pasado 23 de mayo] o los que lanzan pintura contra obras de arte. Me preocupa que muchos de ellos son llevados a los tribunales y condenados a penas de prisi¨®n, como en el Reino Unido, o a multas muy cuantiosas de miles de euros. El juez no entiende por qu¨¦ han decidido violar la ley y creo que necesitan ser tratados de manera diferente que otros criminales. El segundo punto es que veo que cada vez m¨¢s pol¨ªticos, como en Francia o en Austria, tratan como ecoterroristas a los defensores del medio ambiente que recurren a la desobediencia civil. Me parece una verg¨¹enza comparar a las personas v¨ªctimas del terrorismo real con quienes usan m¨¦todos no violentos para sensibilizar sobre la necesidad de defender el medio ambiente.

P. ?Considera entonces ¨²til este tipo de desobediencia civil?

R. Los jueces de Europa no entienden a veces que los Estados tienen que cumplir con el derecho internacional. Por ejemplo, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Pol¨ªticos reconoce la desobediencia civil como una forma leg¨ªtima de acci¨®n. En la ONU hemos fijado muy bien los criterios para definir qu¨¦ es la desobediencia civil: ha de ser p¨²blica, las personas que la practican tienen que entender que pueden ser llevadas a los tribunales, no debe de ser violenta y debe intentar cambiar una situaci¨®n legal que se considera injusta. Hay muchos ejemplos de desobediencia civil en el pasado que han provocado cambios en la legislaci¨®n, como cuando la activista afroamericana de Estados Unidos Rosa Parks se sent¨® en un autob¨²s en un asiento reservado para blancos, una acci¨®n por la que fue detenida.

P. ?Cree que hay un intento por impulsar discursos que desacrediten a los defensores del medio ambiente?

R. S¨ª, lo veo cada vez m¨¢s en muchos pa¨ªses de Europa. En Francia, Alemania, Austria, Irlanda o Reino Unido hay cada vez una mayor presi¨®n para que los Estados endurezcan las leyes contra la desobediencia civil de los ecologistas.

P. La ONG Global Witness calcula que cerca de 2.000 defensores del medio ambiente han sido asesinados en la ¨²ltima d¨¦cada. ?La cifra se queda corta?

Es muy peligroso ser activista medioambiental en Latinoam¨¦rica: si alguien te quiere matar, paga 50 d¨®lares a un sicario

R. Es solo la punta del iceberg, porque los Estados no son capaces de investigar en todos los pa¨ªses. En Am¨¦rica Latina, en algunos lugares de ?frica y en Filipinas los defensores del medio ambiente son directamente asesinados. Cada dos d¨ªas se denuncia el asesinato de un activista clim¨¢tico. Tambi¨¦n hay personas que son secuestradas y desaparecen para siempre. Me reun¨ª con un gran n¨²mero de familias de desaparecidos en Colombia en 2018 y me explicaron que sus hijos estaban luchando por un pedazo de tierra, por un r¨ªo o por un lago, y un d¨ªa desaparecieron.

P. ?Qui¨¦nes son los responsables?

R. Son los actores m¨¢s peligrosos, no los Estados. A veces hay una colusi¨®n entre un inter¨¦s p¨²blico e intereses privados que tienen v¨ªnculos con la corrupci¨®n, la mafia o el narcotr¨¢fico.

P. ?Y c¨®mo es posible protegerlos?

R. Tanto los pa¨ªses latinoamericanos como la Uni¨®n Europea han destinado mucho dinero para protegerlos. En M¨¦xico, Brasil, Honduras y Colombia los gobiernos han establecido mecanismos de protecci¨®n y usan veh¨ªculos blindados, chalecos antibalas, botones antip¨¢nico o guardaespaldas. El problema es que estas medidas pueden retrasar los asesinatos, pero siempre hay un lugar en el que no vas a estar protegido. Vas de casa al coche con protecci¨®n, pero finalmente recibes una bala en la cabeza. Es muy peligroso ser activista medioambiental en Latinoam¨¦rica: si alguien te quiere matar, paga 50 d¨®lares a un sicario.

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