El riesgo de proteger su r¨ªo sagrado: ¡°Antes me muero por defender el agua que por la sequ¨ªa¡±

Cuando era ni?o y ten¨ªan hambre, Jos¨¦ Bo y su familia acud¨ªan al r¨ªo Cahab¨®n en busca de cangrejos, jutes (caracoles) o lo que les brindase para comer. Si alguien enfermaba, se adentraban en la monta?a en busca de plantas medicinales. A Bo le cuesta aceptar que ahora solo puede recurrir al mercado o la farmacia.

El cauce del r¨ªo, sagrado para los aproximadamente 29.000 ind¨ªgenas quekch¨ª que habitan sus orillas, se ha visto invadido por varios complejos hidroel¨¦ctricos en la ¨²ltima d¨¦cada. Por eso, este maestro de escuela decidi¨® abrazar la lucha pac¨ªfica y dedicar su vida a la defensa del r¨ªo. ¡°Pensamos solo en el tiempo presente. Hoy se trabaja, ma?ana recibo mis pagos y los gasto. No es as¨ª, debemos pensar en la educaci¨®n y la salud de los hijos, y d¨®nde podr¨¢n vivir el d¨ªa de ma?ana¡±, resume Bo la motivaci¨®n que le anima a batallar por el r¨ªo Cahab¨®n, pese al riesgo y las amenazas, y que le trajo a Europa en noviembre de 2022 para dar conocer su causa.

El departamento de Alta Verapaz, a unos 200 kil¨®metros al norte de la ciudad de Guatemala, escenifica la historia de un colonialismo atroz. Su superficie alberga minerales, petr¨®leo y mucha agua. Mientras, los habitantes conviven con los ¨ªndices m¨¢s altos de miseria del pa¨ªs. El 53,6% vive en pobreza extrema, seg¨²n los ¨²ltimos datos del gobierno guatemalteco, que dej¨® de medir este problema en 2014.

La situaci¨®n parece no haber mejorado, ya que uno de cada dos ni?os padece desnutrici¨®n cr¨®nica, seg¨²n Unicef y el gobierno de Guatemala. Por si fuera poco, m¨¢s del 70% de las familias carece de servicio el¨¦ctrico en sus viviendas, advierte la ONU. Este escenario allana el terreno a empresas transnacionales que han visto en el r¨ªo Cahab¨®n una oportunidad de negocio.

Quer¨ªan acallarme o m¨¢s que todo intimidarme y aunque a veces he pensado en dejar a mi familia e ir a otro pa¨ªs, hasta el momento me mantengo aqu¨ª

¡°En 2011, la empresa OXEC construy¨® un canal para generar energ¨ªa y prometieron la construcci¨®n de iglesias, escuelas y canchas deportivas, pero hasta el momento no hay ninguna de estas instalaciones¡±, recuerda Bo, residente en la comunidad Aldea Sepoc. Las promesas no llegaban y lo ¨²nico que percibi¨® la poblaci¨®n es que cada vez iban teniendo menos acceso al agua. Por eso, para defender lo m¨¢s sagrado, se organizaron alrededor de la Resistencia Pac¨ªfica del R¨ªo Cahab¨®n en la que Bo lleva a cabo labores administrativas y de coordinaci¨®n.

¡°Nos organizamos entre l¨ªderes de la comunidad y religiosos, ancianos y los alcaldes de 195 comunidades para buscar una estrategia con la que enfrentar a los megaproyectos. Nuestras armas son la Constituci¨®n Pol¨ªtica de la Rep¨²blica, las leyes rurales y municipales, el Convenio 169 de la Organizaci¨®n Internacional del Trabajo sobre pueblos ind¨ªgenas y tribales y la Carta de Naciones Unidas¡±.

La batalla legal

La lucha judicial de la Resistencia dio sus primeros frutos tras el triunfo de una denuncia por la tala ilegal de 15 hect¨¢reas en enero de 2018. La empresa OXEC tuvo que pagar una multa de cuatro millones de quetzales (443.000 euros). Valeria Prado, responsable de Sostenibilidad de la empresa, afirm¨® en una comparecencia ante la prensa poco despu¨¦s del proceso que ellos niegan haber talado los ¨¢rboles, ¡°pero que han preferido poner fin al proceso pagando la multa¡±. OXEC pertenece a Energy Resoruces Capital Corp, registrada en Panam¨¢, y hasta el momento su actividad continua sin que se haya llegado a un acuerdo sobre una consulta pactada y con efectos.

En 2017 consiguieron parar la actividad de la empresa durante cuatro meses, ya que no se hab¨ªa realizado una consulta previa a las comunidades, como establece la ley. La sentencia dio la raz¨®n a las comunidades y dict¨® a que en el plazo de un a?o se llevara a cabo. Eso s¨ª, resolvi¨® que la empresa pod¨ªa continuar con su actividad. Ese mismo a?o, las comunidades organizaron una consulta. ¡°Participaron m¨¢s de 25.000 personas que no quer¨ªan a la empresa, y 11 que estaban a favor, pero la municipalidad a¨²n no quiere ratificarla¡±, recuerda Bo. Por otro lado, la compa?¨ªa efectu¨® una encuesta paralela en la que solo pregunt¨® a 11 comunidades, las que consideraban que eran las ¨²nicas a las que afectaba su actividad.

Un grupo de relatores especiales del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas se dirigi¨® al gobierno de Guatemala en 2018 argumentando que OXEC ha presentado amparos contra todos los intentos de realizar la consulta por parte de la comunidad. La Resistencia Pac¨ªfica del r¨ªo Cahab¨®n se queja, adem¨¢s, de que la empresa firm¨® convenios con varias comunidades en los que pagaba a los vecinos a cambio de que se adhirieran al proyecto hidroel¨¦ctrico y rechazaran a quienes se opusieran. Bo cree que ¡°con ese convenio se generaron divisiones porque otras personas vendieron sus voluntades¡±.

Las empresas y su deber de preguntar

La movilizaci¨®n social no solo no ha podido frenar a OXEC, sino que las centrales se han multiplicado sobre el r¨ªo con la expansi¨®n del megaproyecto RENACE, que pertenece a Corporaci¨®n Multi Inversiones (CMI), una empresa familiar de origen guatemalteco con presencia en m¨¢s de 15 pa¨ªses. Para la construcci¨®n de tres de las cuatro centrales del proyecto, CMI subcontrat¨® a la empresa espa?ola Grupo Cobra. Este diario no obtuvo respuesta tras contactar con la empresa. La Resistencia Pac¨ªfica denuncia que este proyecto tambi¨¦n condiciona el acceso al r¨ªo. ¡°Estamos viendo las consecuencias, porque al principio lo ofrecieron como desarrollo y no hay desarrollo en las comunidades, nos cerraron el r¨ªo y nos quedamos sin agua¡±, explica angustiado Bo. CMI afirma que ¡°no desv¨ªa el r¨ªo ni restringe su acceso¡±.

El caso lleg¨® al Punto Nacional de Contacto (PNC) espa?ol, cuya funci¨®n es favorecer la eficacia de las L¨ªneas Directrices para Empresas Multinacionales de la OCDE, ante una denuncia de la ONG Alianza por la Solidaridad. Tras recabar informaci¨®n de las partes, el ente dependiente del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, emiti¨® un informe en 2019 en el que concluy¨® que, respecto al impacto medioambiental de RENACE, ¡°hay una valoraci¨®n positiva y otra negativa¡±. La primera es que ¡°para mantener un ecosistema alrededor del rio Cahab¨®n, crearon la primera reserva natural privada que es nombrada dentro de un proyecto hidroel¨¦ctrico para mantener la fauna y la flora en el ¨¢rea¡±, anota. ¡°Por otra parte, se aprecian cambios significativos en algunos tramos del r¨ªo Cahab¨®n, que ponen de manifiesto la alteraci¨®n causada en algunas zonas del proyecto con efectos potenciales negativos sobre las comunidades locales¡±.

El documento recuerda al Grupo Cobra que ¡°la posici¨®n de contratista no la exime del cumplimiento de los m¨¢s altos est¨¢ndares internacionales¡± y ¡°tiene el deber de requerir al socio local a que los cumpla¡±. Y recomienda a la empresa espa?ola que ¡°de cara a futuros proyectos, debe velar por que antes de la realizaci¨®n de un proyecto se lleve acabo una consulta previa, libre e informada a las poblaciones ind¨ªgenas¡±.

En el caso de RENACE tampoco se realiz¨® una consulta previa. Ante la denuncia de las comunidades, la Corte Suprema de Justicia de Guatemala dict¨® una sentencia en 2019, obligando a efectuarla, pero sin paralizar la actividad de las hidroel¨¦ctricas. ¡°La consulta no se ha hecho porque la sentencia fue recurrida y est¨¢ a la espera de resoluci¨®n. Lo que realmente quiere la empresa es informar sobre el proyecto, en vez de realizar una consulta sobre si este se debe llevar a cabo o no¡±, matiza Almudena Moreno, coordinadora de Desarrollo de la ONG Alianza por la Solidaridad. Al consultar a CMI acerca de por qu¨¦ no se consult¨®, se limita a explicar por correo electr¨®nico que ¡°cuenta con una buena relaci¨®n con las comunidades en su zona de impacto y participa en asambleas comunitarias¡±.

Amenazados por protestar

Desde la llegada de las hidroel¨¦ctricas al r¨ªo Cahab¨®n, y sobre todo desde que la poblaci¨®n comenz¨® a movilizarse, la criminalizaci¨®n y el hostigamiento contra los defensores del r¨ªo ha ido en aumento. As¨ª lo han documentado Alianza por la Solidaridad o Amnist¨ªa Internacional. Uno de los casos m¨¢s medi¨¢ticos fue el de Bernardo Caal xol, representante desde 2015 de las comunidades q¡¯eqch¨ª' en el municipio de Santa Mar¨ªa Cahab¨®n en sus acciones legales contra el proyecto hidroel¨¦ctrico de OXEC. Fue condenado a m¨¢s de siete a?os de c¨¢rcel, acusado de robo de material y la retenci¨®n de trabajadores en un proceso que la ONU considera como ¡°un intento aparente de silenciar y desacreditar el ejercicio leg¨ªtimo de los derechos de la comunidad ind¨ªgena¡±.

Bo tambi¨¦n ha recibido amenazas para que abandone la lucha por el r¨ªo Cahab¨®n y su vida ha llegado a estar en serio peligro. ¡°Intentaron asesinarme en mi casa, pero no lo lograron. Quer¨ªan acallarme o m¨¢s que todo intimidarme, y aunque a veces he pensado en dejar a mi familia e ir a otro pa¨ªs, hasta el momento me mantengo aqu¨ª,¡± asegura convencido.

Alta Verapaz escenifica la historia del colonialismo m¨¢s atroz. Su superficie alberga minerales, petr¨®leo y mucha agua, mientras los habitantes conviven con los ¨ªndices m¨¢s altos de pobreza del pa¨ªs

Para proteger a Bo y sus compa?eros, las Brigadas Internacionales de Paz (PBI), una organizaci¨®n que realiza acompa?amientos a personas amenazas por defender los derechos humanos, lleg¨® a Alta Verapaz a mediados del 2017. ¡°PBI nos visita en la comunidad, en mi casa y nos hace seguimiento telef¨®nico. Esto nos hace sentir m¨¢s seguros y nos da una especie de apoyo moral en nuestras luchas¡±.

Sin miedo a las represalias, Bo ha decidido alzar la voz y denunciar la violencia que viven en Alta Verapaz en una gira europea, promovida por las Brigadas Internacionales de Paz e Iniciativas de Cooperaci¨®n Internacional para el Desarrollo(ICID), en la que se ha reunido con partidos pol¨ªticos, organizaciones de derechos humanos y prensa. ¡°Invito a la Uni¨®n Europea y a las organizaciones a que defendamos el agua. No hay tanta en la tierra y la necesitamos para vivir. Antes me muero por defender el agua, a morir por causa de la sequ¨ªa¡±, manifiesta el maestro sin miramientos.

Seg¨²n la organizaci¨®n internacional Global Witness, durante el 2021, un promedio de casi cuatro defensores del medio ambiente fueron asesinados por semana en el mundo. Guatemala se sit¨²a como el quinto pa¨ªs de Latinoam¨¦rica con m¨¢s asesinatos, 80 entre los a?os 2012 y 2021.

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