Violencia constante y Estados ausentes: la doble desprotecci¨®n que sufren las refugiadas venezolanas

M¨¢s de 6,1 millones de personas se han marchado de Venezuela desde 2015. De ellas, unos cinco millones huyeron a otros pa¨ªses de Am¨¦rica Latina y el Caribe. M¨¢s de tres millones est¨¢n en Colombia y Per¨², y m¨¢s del 50% son mujeres y ni?as. Si bien la violencia basada en g¨¦nero es una ¡°pandemia en la sombra¡± en toda la regi¨®n, tal y como advierten desde ONU Mujeres, hay condiciones particulares que enfrentan las venezolanas que escaparon de su pa¨ªs que las dejan en una situaci¨®n de mayor vulnerabilidad. En este contexto, los Estados de acogida no est¨¢n cumpliendo con su obligaci¨®n de protegerlas, ni como refugiadas, ni como supervivientes de violencia basada en g¨¦nero. Eso debe corregirse.

Desde Amnist¨ªa Internacional denunciamos esta ausencia de los Estados colombiano y peruano en la protecci¨®n de mujeres venezolanas, bas¨¢ndonos en un riguroso an¨¢lisis de la situaci¨®n en el terreno y la normativa vigente. Entrevistamos a 63 de ellas que viv¨ªan en Colombia y Per¨²; realizamos 45 cuestionarios de investigaci¨®n con ONG locales y organizaciones internacionales; registramos 17 solicitudes de acceso a la informaci¨®n p¨²blica; sostuvimos 15 reuniones con instituciones estatales; revisamos legislaci¨®n nacional, pol¨ªticas p¨²blicas y est¨¢ndares internacionales en materia de derechos humanos. Tras meses de investigaci¨®n, concluimos que los Estados de Per¨² y Colombia no est¨¢n cumpliendo con su deber de garantizar una vida libre de violencia para las mujeres venezolanas.

Los Estados de Per¨² y Colombia no est¨¢n cumpliendo con su deber de garantizar una vida libre de violencia para las mujeres venezolanas

La doble desprotecci¨®n se refiere, por una parte, a la ausencia de protecci¨®n internacional como personas que han huido de violaciones masivas de derechos humanos en Venezuela; y, por otra parte, a la ausencia de protecci¨®n cuando sufren violencia basada en g¨¦nero, si¨¦ndoles denegados en muchos casos los derechos a la justicia y a la atenci¨®n m¨¦dica. Cuando se combinan ambas desprotecciones, tambi¨¦n se potencian los riesgos. Al no tener estatus regular de permanencia en el pa¨ªs, sus oportunidades se ven reducidas a la informalidad, la precariedad y la explotaci¨®n laboral o sexual, y a su vez las excluye de acceder a servicios p¨²blicos como la atenci¨®n en salud o la denuncia por hechos de violencia que sufren por ser mujeres venezolanas.

La realidad en ambos pa¨ªses muestra que un gran obst¨¢culo para garantizar sus derechos radica en la xenofobia y la discriminaci¨®n por motivo de su g¨¦nero y nacionalidad. Los funcionarios que m¨¢s atienden a las venezolanas supervivientes de violencia de g¨¦nero ¨Cfiscales, polic¨ªas, personal m¨¦dico y de migraciones¨C suelen aplicar estereotipos compuestos en su actuaci¨®n. Es decir, que las discriminan no solamente por cuesti¨®n de g¨¦nero, sino tambi¨¦n por otros factores que confluyen, como el estatus migratorio, la nacionalidad, la orientaci¨®n sexual o la identidad de g¨¦nero, entre otros. Esto significa que, con demasiada frecuencia, las discriminan y revictimizan por un conjunto de aspectos: ser mujeres, venezolanas, migrantes y hasta por estar en situaci¨®n de pobreza. Carmen, una venezolana en Per¨² cuyo nombre real no usamos para salvaguardar su identidad, nos comparti¨® su propia experiencia: ¡°Yo fui a la comisar¨ªa la primera vez y no se me olvida la expresi¨®n del polic¨ªa. Me mir¨® de arriba abajo y me dijo: ¡®veneca¡¯ [venezolana, en tono despectivo]¡±.

Las personas funcionarias que m¨¢s atienden a mujeres venezolanas sobrevivientes de violencia de g¨¦nero suelen aplicar estereotipos en su actuaci¨®n

Llamamos a las autoridades colombianas y peruanas a corregir este rumbo de forma urgente, asegurando la protecci¨®n de las refugiadas en ambos pa¨ªses. En primer lugar, deben garantizarles acceso efectivo a los mecanismos de protecci¨®n internacional y de regularizaci¨®n migratoria. Entre otras cosas, esto implica eliminar requisitos excluyentes y arbitrarios, como haber ingresado al pa¨ªs antes de una determinada fecha y proveer evidencia documental de ello, o tener un documento de identidad espec¨ªfico.

Por otra parte, Colombia y Per¨² deben garantizar que las personas funcionarias en primera l¨ªnea de atenci¨®n a las supervivientes de violencia basada en g¨¦nero reciban una formaci¨®n adecuada, sistem¨¢tica, obligatoria, inicial y continua en materia de prevenci¨®n y detecci¨®n de ese tipo de maltrato. Estos programas deben estar orientados a desafiar los estereotipos de g¨¦nero y abordar las necesidades particulares de las refugiadas y migrantes.

Estos son los primeros pasos que deben tomar las autoridades peruanas y colombianas. Ante una crisis de esta magnitud, los Estados deben ser protagonistas de la soluci¨®n, no los grandes ausentes.

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