El Congreso aprueba una moci¨®n que no modifica en nada la ley de dependencia

El Pleno del Congreso ha votado esta tarde por unanimidad (salvo una abstenci¨®n) una moci¨®n del PNV defendida por Joseba Aguirretxea, que pide que la Ley de Dependencia se cofinancie entre el Gobierno y las comunidades, exactamente lo que dice la propia ley aunque no siempre se cumpla, unas veces porque el Gobierno pone m¨¢s del 50% y otras porque pone menos.

Pretend¨ªa el PNV dar un toque de atenci¨®n al Gobierno por sus "incumplimientos" en los pagos, pero, el problema es que no se conoce cu¨¢nto dinero aportan las comunidades aut¨®nomas exclusivamente para la Ley de Dependencia como han puesto de manifiesto un estudio tras otro en los cuatro a?os que lleva en vigor. Y sin eso de nada sirve pedir cofinanciaci¨®n, ni en el Pleno del Congreso, ni en comisiones de menos empaque, como ha ocurrido otras veces. La diputada socialista, Marisol P¨¦rez, ha reconocido que se desconocen estos datos econ¨®micos. Tambi¨¦n se desconoce por qu¨¦ el Gobierno no los exige o por qu¨¦ las comunidades no los hacen p¨²blicos a sus ciudadanos.

El debate, adem¨¢s, era recurrente, porque no es la primera vez que los diputados hablan de la financiaci¨®n de la ley y siempre con el mismo resultado: nada. El PP, cuya enmienda ha defendido la diputada Lourdes M¨¦ndez, ha pedido que la ley se financie atendiendo al coste de los servicios que se prestan, m¨¢s caro si es una plaza de residencia geri¨¢trica, m¨¢s barato si es una prestaci¨®n econ¨®mica. Pero el PNV no admiti¨® enmienda alguna.

Entre todos los intervinientes han puesto de manifiesto los fallos m¨¢s destacados de la ley, por ejemplo la deriva hacia la paga al cuidador familiar, una prestaci¨®n que, seg¨²n la ley debe ser excepcional, pero que se ha convertido en la reina de las ayudas concedidas. La propia moci¨®n aprobada pide que un informe analice esta cuesti¨®n en un plazo de dos meses. Con las elecciones por medio, ser¨¢ dif¨ªcil que esto llegue a ning¨²n puerto.

Todos esos fallos que se le est¨¢n encontrando a la ley no se corregir¨¢n hasta que no se conozca la evaluaci¨®n que se est¨¢ elaborando de la norma. La moci¨®n aprobada solicita que se conozcan sus resultados en un plazo de tres meses. Adem¨¢s, esa evaluaci¨®n llega ya con una a?o de retraso porque deber¨ªa haberse presentado el a?o pasado, como establece la ley.

As¨ª que, el extra?o juego pol¨ªtico ha llevado a aprobar por unanimidad una moci¨®n que, por una parte, pide lo que ya se recoge en la ley y, por otra, lo que no se cumplir¨¢, al menos hasta que pasen las elecciones. A pesar de ello, late de fondo el ¨¢nimo en varios partidos pol¨ªticos de cambiar la ley para corregir la financiaci¨®n. "El origen del mal est¨¢ en la propia ley, cuya financiaci¨®n supone una carga insoportable para las comunidades. Estamos obligados a reformularla", ha dicho el diputado convergente Carles Campuzano. Otros partidos tambi¨¦n defienden la necesidad de modificar la norma y los socialistas no se oponen a este debate. Para cambiar la financiaci¨®n no es necesario modificar la ley, pero todo ello se ver¨¢ despu¨¦s de las elecciones.