La justicia al rev¨¦s

Dos a?os despu¨¦s de que un exconcejal del PP de Majadahonda destapara la trama de corrupci¨®n masiva vinculada al partido de Mariano Rajoy y Jos¨¦ Mar¨ªa Aznar, solo se ha abierto juicio oral contra quienes investigaron o denunciaron los hechos. Los culpables de la rapi?a, empresarios y pol¨ªticos, siguen esperando a que los tribunales resuelvan sus m¨²ltiples recursos, que ralentizan la investigaci¨®n hasta hacerla casi inviable.

El juez del Supremo Alberto Jorge Barreiro abri¨® ayer juicio oral contra el magistrado Baltasar Garz¨®n por un supuesto delito de prevaricaci¨®n al ordenar escuchas en la c¨¢rcel a los abogados de los cabecillas de la red G¨¹rtel a sabiendas de que no pod¨ªa hacerlo. Su veredicto no es un¨¢nime en la carrera judicial. Ni mucho menos.

El juez que instruye desde hace dos a?os este caso en Madrid, Antonio Pedreira, que prorrog¨® las escuchas en la c¨¢rcel, entiende que es posible ordenar grabaciones en prisi¨®n aunque no se trate de casos de terrorismo. "La profesi¨®n de la abogac¨ªa es digna, pero no puede disfrutar de privilegios discriminatorios frente a otras profesiones. De la misma forma que se puede adoptar la medida motivada de entrada y registro en despachos profesionales, se puede de forma motivada acordar la intervenci¨®n de comunicaciones", se?ala.

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid anul¨® las escuchas en la c¨¢rcel en un auto acordado por dos magistrados con el voto particular de un tercero, Jos¨¦ Manuel Su¨¢rez Robledano, quien argument¨® as¨ª su apoyo a la intervenci¨®n de las comunicaciones a los abogados: "Pensemos que un interno en prisi¨®n preventiva se concierta con su abogado para que transmita -y eso nunca es derecho de defensa sino otra cosa muy diferente- y para que d¨¦ instrucciones de matar a una persona o hacer desaparecer el cad¨¢ver de la persona asesinada o para facilitar el blanqueo de dinero sucio procedente del tr¨¢fico de drogas, de la prostituci¨®n ilegal o del tr¨¢fico de influencias. La inmunidad absoluta que se da en esos casos a la confidencialidad en el locutorio impedir¨ªa la prevenci¨®n e investigaci¨®n y acaso hasta la comisi¨®n de delitos contra la vida o de otros considerados siempre con la categor¨ªa de graves en el C¨®digo Penal Vigente". Pese a los argumentos de los jueces Pedreira y Su¨¢rez Robledano ha habido otros que consideran ilegales las escuchas. Y un magistrado del Supremo, Alberto Jorge Barreiro, que se?ala que Garz¨®n grab¨® a los abogados a sabiendas de que la ley se lo imped¨ªa por lo que ahora abre juicio oral a trav¨¦s de un auto casi condenatorio: "Con la finalidad de obtener informaci¨®n de relevancia para el proceso que no ten¨ªa la seguridad de poder obtener mediante la utilizaci¨®n de medios l¨ªcitos, el magistrado acusado [Garz¨®n] decidi¨® acceder libremente a las conversaciones confidenciales que mantuvieran los internos con sus abogados...".

Los que denunciaron al juez por las escuchas ilegales pretenden que toda la investigaci¨®n se anule y que las pruebas principales de la corrupci¨®n queden en nada. Sin embargo, antes de la orden judicial de intervenir las comunicaciones en la c¨¢rcel de los jefes corruptos con sus abogados, el juez Baltasar Garz¨®n llevaba seis meses recabando pruebas del cohecho, del tr¨¢fico de influencias, del blanqueo de dinero y de la malversaci¨®n de fondos p¨²blicos en las comunidades de Madrid, Valencia, Castilla y Le¨®n y Galicia, todas gobernadas por el PP.

El juez Garz¨®n es la segunda persona sin relaci¨®n con la trama de corrupci¨®n que ser¨¢ juzgada por este caso antes que se haga lo mismo con los culpables de la red de rapi?a. El otro acusado que ya se ha sentado en el banquillo sin tener trato con la red de Francisco Correa es el portavoz socialista valenciano. ?ngel Luna, que espera sentencia por el supuesto delito de haber mostrado en el Parlamento un informe policial bajo secreto de sumario que denunciaba la corrupci¨®n y que hab¨ªa sido publicado por los medios de comunicaci¨®n cinco meses antes.

Es la justicia al rev¨¦s.