El coche escoba de la corrupci¨®n

La aprobaci¨®n por el comit¨¦ electoral valenciano de las listas auton¨®micas para el 22-M dej¨® boquiabiertos a quienes todav¨ªa confiaban en un gesto de cordura de los dirigentes regionales del PP. La luz verde dada en Madrid al coche escoba encargado de recoger en las cercan¨ªas de los juzgados a 10 imputados o implicados en varios sumarios penales -desde el caso G¨¹rtel al caso Brugal, pasando por algunos esc¨¢ndalos urban¨ªsticos- mostr¨® a rengl¨®n seguido que el presidente de la Generalitat ha ganado el pulso echado al timorato l¨ªder nacional del PP.

Una reciente investigaci¨®n de los profesores Gonzalo Rivero y Pablo Fern¨¢ndez-V¨¢zquez sobre las consecuencias electorales de la corrupci¨®n municipal entre 2003 y 2007 con especial atenci¨®n a Valencia y Andaluc¨ªa (Fundaci¨®n Alternativas, 2011) pone de relieve la escasa penalizaci¨®n sufrida en las urnas por los alcaldes sospechosos de ilegalidad. Queda por saber si la insensibilidad ante la corrupci¨®n y la falta de verg¨¹enza ajena ante el rid¨ªculo opera de la misma forma en el ¨¢mbito auton¨®mico.

La instrucci¨®n del caso G¨¹rtel ha venido padeciendo desde el inicio la obstrucci¨®n del PP y se ha visto perjudicada por el desgajamiento de la causa entre el Supremo, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) y el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV). La estrategia procesal de los populares entorpece la tramitaci¨®n de ese complejo y dividido sumario a la espera de recuperar el poder y encontrar un pretexto -siguiendo el modelo de Berlusconi- para lograr la nulidad de las actuaciones. Esa tarea obstaculizadora ha aplazado hasta el momento (aunque la hora de conseguirlo parece pr¨®xima) el traslado desde el TSJM hasta el TSJCV de la pieza sumarial sobre la financiaci¨®n irregular de los populares valencianos, clave para entender el mecanismo triangular G¨¹rtel-Generalitat-PP de la corrupci¨®n.

La inminente fijaci¨®n por el TSJCV de la vista oral para juzgar el delito de cohecho pasivo imputado al presidente de la Generalidad y a tres de sus secuaces permitir¨¢ sacar pronto al escenario la estampa m¨¢s pintoresca y hortera de la trama G¨¹rtel: el fondo de armario regalado por Orange Market (proveedora de servicios a la Generalitat) a Francisco Camps. Aunque en agosto de 2009 el TSJCV dict¨® en falso el sobreseimiento de la causa, el Supremo aceptar¨ªa meses despu¨¦s el recurso de la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n y ordenar¨ªa reanudar la instrucci¨®n.

Los portavoces org¨¢nicos y los medios de comunicaci¨®n cercanos al PP tratan de neutralizar el caso G¨¹rtel con el martilleo de los esc¨¢ndalos que acosan al PSOE en Andaluc¨ªa. Pero escaso consuelo puede extraerse del mal de muchos o de los perversos efectos del pecado original. Las manchas malolientes en la solapa propia no se limpian ensuciando la chaqueta ajena: el procedimiento de extender la porquer¨ªa al resto de los partidos, adem¨¢s de reconocer impl¨ªcitamente la ro?a propia, infecta al sistema democr¨¢tico en su conjunto. En el terreno de las comparaciones, por lo dem¨¢s, ser¨¢ dif¨ªcil encontrar un rival digno del caso G¨¹rtel, donde se dan cita las relaciones promiscuas entre mafiosos y pol¨ªticos, la financiaci¨®n irregular del PP, el soborno de cargos p¨²blicos a t¨ªtulo individual, los regalos para ablandar voluntades renuentes y el despilfarro del dinero p¨²blico por culpa de la proliferaci¨®n de m¨ªtines, inauguraciones y festejos que alimentan la vanidad insaciable de los presidentes auton¨®micos.

El presidente Camps ha hecho un uso higi¨¦nico del C¨®digo de Buenas Pr¨¢cticas del Partido Popular. Esas normas internas afectan a los comportamientos que, aun siendo plenamente legales, puedan da?ar "la imagen u honorabilidad" del partido. Los dirigentes del PP deber¨¢n racionalizar el uso de los medios de transportes oficiales, limitar el gasto en publicidad, no aceptar regalos y rechazar cualquier trato de favor que implique privilegio o ventaja. Los candidatos del PP tambi¨¦n est¨¢n obligados a prestar declaraci¨®n jurada de que no existe causa jur¨ªdica alguna que les inhabilite para participar en unas elecciones y a comunicar a la direcci¨®n del partido cualquier procedimiento jurisdiccional del que puedan derivarse indicios racionales de comisi¨®n de un delito.

?Han infringido el C¨®digo de Buenas Pr¨¢cticas popular los 10 imputados o implicados de la candidatura valenciana auton¨®mica? De creer a Rafael Blasco -cuya coherencia pol¨ªtica y moral le permite ser hoy consejero de la Generalitat con el PP despu¨¦s de haberlo sido ayer con el PSOE- la lista encabezada por Camps no plantea problema antiguo: todos sus miembros son personas "de una ¨¦tica absolutamente fuera de cualquier tipo de duda".