Modos inaceptables

La situaci¨®n financiera de las comunidades aut¨®nomas era antes de las elecciones un grave problema financiero para la econom¨ªa espa?ola, obligada por sus compromisos con Bruselas a un plan de ajuste que debe concluir con una reducci¨®n del d¨¦ficit p¨²blico hasta el 3% del PIB en 2013; y lo sigue siendo hoy. Los retrasos en los pagos de facturas a los proveedores son moneda corriente en muchos Gobiernos aut¨®nomos y locales. La situaci¨®n dram¨¢tica del endeudamiento y el d¨¦ficit en algunas autonom¨ªas (Catalu?a, Castilla-La Mancha, Valencia o Murcia) pesa como una losa sobre la credibilidad exterior de la deuda espa?ola. Pero, desgraciadamente, a pesar de la gravedad de la situaci¨®n, no hubo debate sobre el caso en las recientes elecciones.

Pero despu¨¦s de los comicios, cuando los nuevos equipos de Gobiernos aut¨®nomos y municipales tendr¨ªan que concentrar sus esfuerzos en articular pol¨ªticas de austeridad, el debate se ha colado en la vida pol¨ªtica de la manera m¨¢s espuria. El PP de Castilla-La Mancha ha acusado p¨²blicamente al Gobierno saliente de Jos¨¦ Mar¨ªa Barreda de dejar a la comunidad en quiebra, de que no se pueden pagar las n¨®minas de los funcionarios, de secuestro y destrucci¨®n de documentos p¨²blicos para que no puedan ser conocidos por el nuevo gobierno y de llenar de amigos y paniaguados las empresas p¨²blicas. Jos¨¦ Mar¨ªa Barreda y sus consejeros, ya en situaci¨®n de interinidad, niegan las acusaciones y han suspendido las reuniones sobre la transferencia de poderes en respuesta a lo que juzgan una deslealtad institucional.

La escalada del conflicto en Castilla-La Mancha revela una forma poco sensata de hacer pol¨ªtica. Durante a?os las consejer¨ªas auton¨®micas y muchos municipios se han dedicado a gastar dinero en obras innecesarias y proyectos de un coste desorbitado. Esto es tan cierto en las instituciones gobernadas por el PP como en las gestionadas por el PSOE. Las elecciones del 22 de mayo deber¨ªan ser el punto de partida para acabar con esta situaci¨®n y aplicar pol¨ªticas de austeridad con el m¨¢ximo consenso social. Para ello, es imprescindible que se decidan con rapidez los pactos de gobierno y que las transferencias de poderes se hagan con transparencia y lealtad.

Pero el PP de Castilla-La Mancha no ha elegido el camino de la sensatez. Ha preferido la v¨ªa de lanzar acusaciones gen¨¦ricas a partir de ¡°estimaciones¡±, suposiciones y sin ofrecer prueba alguna. No es un secreto que las cuentas de Castilla-La Mancha, como las de otras autonom¨ªas, padecen problemas muy serios. Y que pueden aparecer nuevos datos que confirmen lo dram¨¢tico de la situaci¨®n, lo que obligar¨¢ a hacer nuevos ajustes. Pero para ello PSOE y PP deben ponerse a la tarea que les corresponde: el primero, a facilitar el traspaso de poderes con transparencia y diligencia; el segundo, a tomar decisiones.

El PP conoce bien las dificultades de las autonom¨ªas y no puede hacerse de nuevas porque es responsable en parte de ellas. Gobierna en alguna de las que tienen una situaci¨®n insostenible, como Valencia y Murcia, donde se pagan las facturas con seis meses o un a?o de retraso. La austeridad reclamada recientemente por Rajoy casa mal con el hecho de que los feudos populares hayan aumentado su gasto cuatro veces por encima de la media. La auditor¨ªa que reclama para Castilla-La Mancha deber¨ªa aplicarse en Valencia, Castilla y Le¨®n o Murcia con tanta o mayor raz¨®n.

No es descartable que las acusaciones del PP tengan por finalidad escudarse detr¨¢s de una supuesta quiebra de la gesti¨®n socialista para justificar dr¨¢sticos recortes en la inversi¨®n y el gasto social que ser¨ªan contradictorios con sus promesas electorales. Las auditor¨ªas deben servir para decidir las medidas que deben adoptarse, no para denigrar a los adversarios y alarmar a los ciudadanos. No es esto lo que esperan los ciudadanos de la gesti¨®n del PP.??