A, B, C del d¨¦ficit auton¨®mico

?A cu¨¢nto asciende el d¨¦ficit de las comunidades?, ?cu¨¢les son las peores y las mejores?

Las comunidades cerraron 2010 con un d¨¦ficit conjunto del 2,8% del PIB, cuatro d¨¦cimas por encima de lo autorizado. Las que m¨¢s se excedieron fueron Castilla-La Mancha (6,22%), Murcia (4,95%), Baleares (4,16%) y Catalu?a (3,86%). En el lado contrario, Madrid (0,69%), Extremadura (2,23%), Pa¨ªs Vasco (2,24%), Canarias y Castilla y Le¨®n (ambas con el 2,31%) registraron las mejores cifras.

El arranque del a?o apunta a un nuevo incumplimiento de las previsiones, pues las comunidades en su conjunto han consumido ya pr¨¢cticamente la mitad del d¨¦ficit que acordaron alcanzar este a?o (un 0,46%, frente al 1,3% para todo el a?o).

?Hay un techo de gasto para las autonom¨ªas?

No hay techo de gasto, sino l¨ªmite de d¨¦ficit, pues se entiende que si una comunidad genera suficientes ingresos para financiar su gasto, eso no desequilibra las cuentas. No obstante, el Gobierno se comprometi¨® ante Bruselas a fijar horquillas de gasto en funci¨®n del crecimiento econ¨®mico, una regla que a¨²n no se aplica y que no se puede imponer a las comunidades aut¨®nomas. Tanto el PSOE como el PP mostraron disposici¨®n a aplicar esa norma all¨ª donde gobiernen.

??Qui¨¦n controla las cuentas de las comunidades y c¨®mo lo hace?

Las comunidades est¨¢n obligadas a enviar al Ministerio de Econom¨ªa datos trimestrales de sus cuentas p¨²blicas. Siempre ha sido as¨ª, pero la novedad desde finales de 2010 es que el Gobierno divulga las cifras cada tres meses con criterios homog¨¦neos que permiten comparar a unas Administraciones con otras.

??Qu¨¦ mecanismos tiene el Ejecutivo para hacer que las comunidades reconduzcan sus desequilibrios?

El Gobierno no puede dictar medidas directas a las comunidades aut¨®nomas, que son soberanas para decidir c¨®mo gestionarse. La ¨²nica herramienta en su mano son las autorizaciones de deuda a largo plazo, necesarias para que las comunidades se sigan financiando. La comunidad que se exceda en el d¨¦ficit tiene vetado el endeudamiento a largo plazo hasta que presente a Hacienda un plan de reequilibrio satisfactorio (con medidas que corrijan los desequilibrios). En esa situaci¨®n de bloqueo al endeudamiento est¨¢n ahora Andaluc¨ªa, Baleares, Castilla-La Mancha, Catalu?a, Comunidad Valenciana y Extremadura.

?Ser¨ªa conveniente convocar un Consejo de Pol¨ªtica Fiscal y Financiera?

No tiene sentido reunir a este organismo, que congrega al Gobierno y las comunidades, antes de que tomen posesi¨®n los nuevos consejeros de Econom¨ªa surgidos de las elecciones. En cambio, ser¨ªa importante convocarlo en cuanto se formen los nuevos equipos para ver sus intenciones de ajuste de gasto. Lo previsible es que haya uno antes de las vacaciones.

?Qu¨¦ nos pide Bruselas?

Bruselas pide que Espa?a cumpla lo comprometido: un calendario de d¨¦ficit que para este a?o fija un 6% del PIB. La Comisi¨®n Europea no entra en c¨®mo se reparte esta cifra entre administraciones. No obstante, es probable que las recomendaciones que emitir¨¢ hoy la Comisi¨®n a todos los Estados miembros incluyan alguna referencia a las cuentas auton¨®micas, que est¨¢n en el punto de mira internacional.

?Es posible cumplir con esas metas?

El a?o pasado se logr¨® lo comprometido (un d¨¦ficit del 9,2% del PIB, incluso una d¨¦cima mejor de lo previsto). La trayectoria de este a?o demuestra que la Administraci¨®n central se ajusta a lo esperado, aunque probablemente las comunidades lo sobrepasen. Como ocurri¨® en 2010, es posible que el Estado compense los incumplimientos auton¨®micos.

?C¨®mo afectar¨¢n las denuncias del PP a los mercados?

No es f¨¢cil de medir. En principio el mejor indicador de la credibilidad de Espa?a en los mercados, la prima de riesgo, no est¨¢ acusando estas tensiones (ayer registr¨® el nivel m¨¢s bajo desde mediados de mayo, antes de las elecciones). Pero el coste de la financiaci¨®n auton¨®mica (los cr¨¦ditos que piden a los bancos, las emisiones de bonos que lanzan) crece con las dudas que se siembran. Es decir, los inversores exigen un inter¨¦s mayor por prestar ese capital aprovechando la confusi¨®n sobre el estado de las cuentas.

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