Catalu?a tilda de "estafa" del PP y el PSOE la no renovaci¨®n del Constitucional

El portavoz del Gobierno catal¨¢n, Francesc Homs, ha tildado hoy de "estafa" y de "espect¨¢culo" la actitud que mantienen el PSOE y el PP, en referencia a la renovaci¨®n de los magistrados con el mandato caducado del Tribunal Constitucional (TC). Homs, que ha insistido en que lo que expresaba era la opini¨®n del Ejecutivo catal¨¢n, ha reaccionado as¨ª al anuncio de renuncia de sus cargos -rechazada por Pascual Sala- del vicepresidente del TC, Eugeni Gay, y los magistrados Javier Delgado y Elisa P¨¦rez Vera. Y lo ha hecho despu¨¦s de que el presidente del Congreso, Jos¨¦ Bono, haya dado un ultim¨¢tum a los dos grandes partidos para que pacten la renovaci¨®n antes del 30 de junio.

"No se cansan de darnos lecciones de qu¨¦ es constitucional y qu¨¦ no, y bajo este amparo nos regatean todo aquello que afecta a los intereses de Catalu?a", ha denunciado Homs, que ha acusado al PSOE y al PP de "silbar" por "intereses puramente partidarios" cuando "toca hacer aquello que la Constituci¨®n establece". "Como Govern hacemos un juicio muy severo de esta actitud tan partidista y tan c¨ªnica" del PSOE y PP, que "contribuyen netamente al desprestigio m¨¢s absoluto de esta instituci¨®n", ha achacado Homs.

Seg¨²n Homs, "el trapicheo partidario sobre c¨¢lculos de composiciones del TC" que est¨¢n protagonizando estos partidos "es m¨¢s que lamentable" y "es profundamente demoledor para un sistema institucional y un estado de derecho y democr¨¢tico". "Esto es una estafa", ha concluido el portavoz tras reconocer que como gobierno se sienten "enga?ados y estafados".

No es la primera vez que desde los partidos catalanes se critican algunos hechos relacionados con el alto tribunal. Ya ocurri¨® con el recurso del Estatuto de Catalu?a, presentado por el PP, sobre el que ya decidi¨® un Constitucional que albergaba miembros que hab¨ªan finalizado su mandato. As¨ª lo recuerda el vicepresidente Eugeni Gay, que ayer present¨® su dimisi¨®n, y que en su carta a Pascual Sala recordaba: "Los representantes procesales de de la Generalitat y el Parlament denunciaron la situaci¨®n (...) En aquellos tr¨¢mites tuvimos ocasi¨®n de pronunciarnos jur¨ªdicamente -aunque mi convencimiento moral estuvo siempre, como as¨ª lo manifest¨¦, de acuerdo con lo que solicitaban las partes- de la ¨²nica manera que pod¨ªamos y deb¨ªamos hacerlo (...)".

De este modo Gay reconoce su acuerdo "moral" con esas quejas expresadas desde Catalu?a, pero recuerda que el Tribunal estaba legitimado para dictar sentencia aunque alguno de sus miembros ya no deb¨ªan haber pertenecido al mismo.

Por la ma?ana, la portavoz parlamentaria del PP, Soraya S¨¢enz de Santamar¨ªa, ha manifestado la voluntad de su partido de renovar el Tribunal Constitucional (TC) "cuanto antes", dentro del plazo que termina el 30 de junio que ha impuesto a modo de ultim¨¢tum Jos¨¦ Bono, presidente del Congreso. Asegura que as¨ª se lo ha hecho saber al Gobierno, con quien mantuvo una conversaci¨®n ayer. El vicepresidente primero y ministro del Interior, Alfredo P¨¦rez Rubalcaba, ha asegurado que el PSOE ha tenido siempre esa voluntad: "Por lo que al Gobierno respecta, la renovaci¨®n del TC se tendr¨ªa que haber producido en tiempo y forma. Ojal¨¢ se hubiera producido as¨ª, pero dos no pactan si uno no quiere".

"Estamos dispuestos a cumplir la parte que nos corresponde", ha insistido S¨¢enz de Santamar¨ªa, que ha exigido, sin embargo, que el acuerdo se logre "sin vetos ni bloqueos por ambas partes", en referencia a su candidato Enrique L¨®pez, rechazado por el Senado y los socialistas, y causa de la paralizaci¨®n de las negociaciones. La portavoz popular insinu¨® d¨ªas atr¨¢s que es posible que su organizaci¨®n incluya en su programa electoral que se alarguen los mandatos de los magistrados para hacerlos incluso vitalicios, para que no sean "un reflejo tan inmediato de las mayor¨ªas parlamentarias concretas de cada momento".

Eduardo Madina, que hoy ha ejercido de portavoz del Grupo Socialista en ausencia de Jos¨¦ Antonio Alonso, que se recupera de un problema de salud, se ha mostrado descre¨ªdo con las afirmaciones de S¨¢enz de Santamar¨ªa y ha recordado que "a nadie se le escapa en este pa¨ªs que la propuesta de renovaci¨®n es del Gobierno y el veto viene del PP", que, seg¨²n ha insistido se ha producido "durante meses y m¨¢s meses". Madina, secretario general del Grupo Socialista, ha asegurado que su grupo todav¨ªa no ha tenido contacto con el PP sobre este tema.

Un d¨ªa despu¨¦s de la situaci¨®n creada tras la renuncia de los magistrados Eugeni Gay, Javier Delgado y Elisa P¨¦rez -rechazada por el presidente del TC- PP y PSOE se aprestan a retomar las negociaciones por s¨¦ptima vez desde 2008, cuando el fallecimiento de un magistrado exigi¨® un acuerdo -que nunca se produjo- para cubrir su vacante. El mandato de los tres magistrados que trataron de abandonar su puesto ayer cumpli¨® en noviembre de 2010.

El ministro de Justicia, Francisco Caama?o, hab¨ªa acusado al PP (unas horas antes de la comparecencia de S¨¢enz de Santamar¨ªa), durante un desayuno informativo, de utilizar "la estrategia del: o lo que yo quiero o la nada" en las conversaciones para elegir a los cuatro magistrados que corresponden al Congreso. El responsable de Justicia ha alertado sobre las "duras cr¨ªticas" que han recibido no solo las resoluciones del tribunal, sino el "propio nervio de la instituci¨®n". S¨¢enz de Santamar¨ªa tambi¨¦n ha querido dejar clara la voluntad de su partido de contribuir a "trabajar en mecanismos para prestigiar a la instituci¨®n" y ha coincidido en que "la situaci¨®n exige ese acuerdo".

Caama?o ha advertido, seg¨²n declaraciones recogidas por Europa Press, de que "a quien da?a de verdad no es al Gobierno, sino a Espa?a y a la democracia", y ha manifestado que los socialistas siempre se han mostrado abiertos al consenso y que la "imposici¨®n" es lo que la Constituci¨®n no quiere. La portavoz del PP ha exigido, sin embargo, que las negociaciones no sean "asim¨¦tricas o desequilibradas".

Acusaciones cruzadas

Ram¨®n J¨¢uregui, ministro de Presidencia, ha insinuado en una entrevista en Antena 3 que el Partido Popular bloquea las designaciones -tambi¨¦n en otros ¨®rganos, como el Tribunal de Cuentas- a la espera de ganar las pr¨®ximas elecciones y tener una posici¨®n de mayor fuerza que le permita imponer a sus candidatos. "Es un argumento de partido que puedo comprender, pero que no es institucionalmente aceptable", ha a?adido el ministro, que prev¨¦ que el acuerdo no va a ser f¨¢cil. J¨¢uregui, como todos los que han comentado el tema desde el PSOE, sit¨²a las dificultades en la insistencia del PP en defender la candidatura de Enrique L¨®pez, anterior portavoz del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y de quien el Senado dijo que no cumpl¨ªa los requisitos para ser elegido.

"Asistimos a un deterioro de este y de otros ¨¢mbitos del que es responsable el PSOE", ha acusado S¨¢enz de Santamar¨ªa segundos antes de declarar: "Yo no voy a a?adir le?a al fuego", en relaci¨®n a las cr¨ªticas vertidas por Caama?o y J¨¢uregui.

"No vamos a responder a las declaraciones absolutamente descabelladas de los ministros", ha insistido la portavoz popular, que s¨ª ha querido aclarar al ministro de Presidencia que se equivoca cuando dice que el PP espera a ganar las elecciones para cerrar los acuerdos imponiendo su voluntad. "Todo el mundo sabe que la renovaci¨®n del TC requiere mayor¨ªa reforzada de 3/5, lo cual implica un acuerdo de PP y PSOE", ha enmendado S¨¢enz de Santamar¨ªa a J¨¢uregui.

El vicesecretario de Comunicaci¨®n del PP, Esteban Gonz¨¢lez Pons, reconoci¨® ayer que su partido "no ha sido capaz de dialogar" con el Gobierno para renovar el Constitucional y que este "no ha querido" hacerlo con el principal partido de la oposici¨®n.

Fuentes socialistas han contado a Efe que el juez de la Audiencia Nacional Enrique L¨®pez est¨¢ siendo utilizado por el PP para obstaculizar la renovaci¨®n del alto tribunal, que podr¨ªa llevarse a cabo de manera inmediata "si el verdadero partido de la oposici¨®n tuviera verdadero inter¨¦s". En definitiva, estas fuentes opinan que el PP no veta una propuesta concreta, sino el proceso de renovaci¨®n en general.