El secuestro del Constitucional

Con independencia del galimat¨ªas jur¨ªdico del caso, la renuncia anteayer a sus cargos de Elisa P¨¦rez Vera, Javier Delgado y Eugeni Gay como magistrados del Constitucional (TC) fue una valiente defensa moral de los fueros y la dignidad del alto tribunal frente a su interesada instrumentalizaci¨®n por los partidos a trav¨¦s de sus grupos parlamentarios. La ¨²ltima agresi¨®n al int¨¦rprete supremo de la Constituci¨®n ha corrido a cargo del PP, que ha encomendado a Federico Trillo las funciones de estrategia de la Guerra Sucia Institucional librada en ese terreno: tras haber saboteado durante tres a?os ¡ªde 2007 a 2010¡ª la renovaci¨®n del TC por el Senado, los populares se disponen ahora a realizar esa misma labor en el Congreso.

La petici¨®n de los magistrados dimisionarios ha sido rechazada por el presidente Pascual Sala. La dificultad jur¨ªdica de la renuncia de los tres jueces constitucionales estriba en que no se hallan propiamente en posesi¨®n de sus cargos (por expiraci¨®n del plazo de su nombramiento) sino solo en el ejercicio de sus funciones hasta el nombramiento de sus sucesores. En cualquier caso, es una falacia aludir ¡ªcomo hizo el presidente Sala¡ª a la necesidad de ¡°garantizar la estabilidad¡± del alto tribunal: el TC habr¨ªa mantenido el qu¨®rum suficiente para seguir funcionando ¡ªocho magistrados¡ª sin la presencia de los dimisionarios.

Nunca mejor dicho que quien dicta la ley hace la trampa. La designaci¨®n de los 12 miembros del TC, juristas de reconocido prestigio con m¨¢s de 15 a?os de ejercicio profesional seleccionados entre jueces, fiscales, profesores universitarios, funcionarios p¨²blicos y abogados, ha sido confiada por la Constituci¨®n al Poder Legislativo (ocho magistrados elegidos a partes iguales por el Congreso y por el Senado), al Poder Ejecutivo (dos nombrados a propuesta del Gobierno) y al Poder Judicial (dos votados por su Consejo General). El reconocido prestigio exigido a los jueces implica competencia jur¨ªdica, excelencia intelectual, coherencia moral e independencia de criterio respecto a centros heter¨®nomos de poder partidista, financiero y religioso.

La exigencia de los tres quintos impuesta al Congreso y al Senado para nombrar a los miembros del TC pretende garantizar el pluralismo pol¨ªtico e ideol¨®gico de la instituci¨®n. Pero el cupo de magistrados del Constitucional reservado al Parlamento se ha convertido en bot¨ªn de los dos grandes partidos de ¨¢mbito estatal, que vienen reuniendo en comandita mas del 80% de las actas. Al principal partido de la oposici¨®n le basta con ocupar 141 esca?os del Congreso para disponer de una minor¨ªa de bloqueo que le permite congelar indefinidamente la renovaci¨®n del alto tribunal. Se da por supuesto que los grupos implicados en esa negociaci¨®n buscan el consenso sobre todos y cada uno de los candidatos. Sin embargo, socialistas y populares han consagrado la viciosa pr¨¢ctica de repartirse primero entre s¨ª unas cuotas num¨¦ricas proporcionales a su fuerza parlamentaria y rellenar despu¨¦s esos casilleros en blanco por su cuenta y riesgo atendiendo a la fidelidad y a la obediencia de los pretendientes.

El mandato de nueve a?os de los magistrados elegidos por el Congreso en noviembre de 2001 venci¨® hace ya seis meses; el cupo asignado a la C¨¢mara baja incluy¨® en su d¨ªa, adem¨¢s de los tres magistrados ahora dimisionarios, un cuarto juez fallecido en mayo de 2008. Los c¨ªnicos dir¨¢n que ese retraso es una menudencia si se compara con la pr¨®rroga forzosa de tres a?os aplicada a los cuatro magistrados designados en 1998 por el Senado.

La dilaci¨®n fue hasta tal punto escandalosa que populares y socialistas hicieron aprobar a matacaballo el 4 de noviembre de 2010 una reforma dudosamente constitucional del art¨ªculo 16 de la Ley Org¨¢nica del Tribunal (LOTC) para poder descontar a los nuevos magistrados el abusivo tiempo usurpado por sus predecesores.

El PP prolonga ahora en el Congreso la misma estrategia seguida antes en el Senado. Los populares se aferran a su minor¨ªa de bloqueo para obstruir cualquier negociaci¨®n de buena fe con los socialistas a la espera de que una gran victoria en las pr¨®ximas elecciones generales les proporcione una mayor¨ªa absoluta tan holgada en la C¨¢mara baja que les permita ampliar su cuota. La insistencia en hacer tragar al PSOE la figura de Enrique L¨®pez, el magistrado de sala de la Audiencia Nacional sin 15 a?os de ejercicio profesional que desempe?¨® a entera satisfacci¨®n cuando era vocal del Consejo General del Poder Judicial las funciones de asistente para todo del Gran Capit¨¢n Federico Trillo, no es sino un burdo pretexto.