Los expertos consideran prescindibles los organismos que propone eliminar de Cospedal en Castilla-La Mancha
Catedr¨¢ticos y profesores de Derecho advierten que una eventual supresi¨®n de la Sindicatura de Cuentas mermar¨¢ la fiscalizaci¨®n de los presupuestos
Dolores de Cospedal ha empezado su andadura como presidenta de Castilla La-Mancha con el anuncio de la supresi¨®n de varios organismos como la figura del Defensor del Pueblo, la Comisi¨®n Regional de la Competencia y el Consejo Econ¨®mico Social, estos dos entes de car¨¢cter consultivo para el Gobierno auton¨®mico. En su propio partido ha encontrado posturas encontradas, pero los expertos consultados por este diario consideran que son ¨®rganos prescindibles, y m¨¢s en un momento de crisis, ya que muchos duplican funciones que realizan otros organismos parejos de car¨¢cter estatal. Todos coinciden en que el contrapunto est¨¢ en la eventual eliminaci¨®n de la Sindicatura de Cuentas auton¨®mica ¨Cde Cospedal la est¨¢ estudiando- porque comportar¨¢ que la fiscalizaci¨®n de los presupuestos p¨²blicos no sea tan severa.
La n¨²mero dos del PP sostiene que esas medidas supondr¨¢n solo un leve ahorro del gasto p¨²blico. En realidad, ser¨¢ del 0,07% del presupuesto de Castilla-La Mancha, que se eleva a 8.600 millones de euros. Seg¨²n el PSOE, solo se dejar¨¢n de desembolsar seis millones de euros. ¡°Es un gesto¡±, admiti¨® de Cospedal. A Joaquim Triad¨², abogado de la firma de asesor¨ªa legal y fiscal PwC, profesor y ex secretario de Presidencia de la Generalitat con Jordi Pujol, no le ha sorprendido el plan porque concuerda con la filosof¨ªa del PP. ¡°Las instituciones que quieren eliminar son m¨¢s propias de una estructura de naci¨®n que no de regi¨®n. Es impensable hacer eso en Catalu?a o el Pa¨ªs Vasco porque son organismos que forman parte de la historia y del sentimiento de nuestro pa¨ªs¡±, afirma este experto en derecho Administrativo y profesor asociado de IESE. A su juicio, la autonom¨ªa de Castilla-La Mancha fue creada, como otras, recalca, de forma artificial y acabaron importando modelos que exist¨ªan en las comunidades hist¨®ricas.
¡°No me extra?a o no me sorprende que las supriman. Es la diferencia entre una autonom¨ªa artificial u otra con sentimiento nacional¡±, afirma Triad¨², que entiende que al PP le va bien que las funciones de su Consejo de Econom¨ªa Social o su Defensor del Pueblo las asuman sus correspondientes estatales. Eso s¨ª, avisa que, sin una Sindicatura de Cuentas propia el control sobre el presupuesto p¨²blico, ser¨¢ m¨¢s ¡°atemporal¡±. ¡°De todas formas, cualquier Sindicatura acaba enviando siempre sus informes al Tribunal de Cuentas¡±, a?ade.
Javier P¨¦rez Royo, catedr¨¢tico de Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla, considera de entrada que esos ¨®rganismos no se crearon bajo mandato estatutario y que por tanto el nuevo Gobierno de De Cospedal puede derogarlos con una ley. Su impresi¨®n es que el PP tiene la voluntad de ir suprimiendo controles para reducir la supervisi¨®n de la acci¨®n de Gobierno. Igual que Traid¨², cree que el caso m¨¢s grave, en el caso de consumarse, ser¨ªa el de la Sindicatura de Cuentas. "El Tribunal de Cuentas del Estado puede asumir esa funci¨®n pero por razones de proximidad el de car¨¢cter auton¨®mico puede operar con m¨¢s eficacia", dice. "Y el ahorro ser¨ªa insignificante. Es quitarse de encima un control", avisa. Sin tener la misma importancia que el ente anterior, tambi¨¦n subraya la inconveniencia de eliminar la figura de Defensor del Pueblo. Y luego, no le da la menor relevancia al Consejo Econ¨®mico y Social, por su car¨¢cter asesor, y la Comisi¨®n Regional de la Competencia porque sus atribuciones las puede cubrir el nacional.
"Son buenos pero en momentos de crisis, son prescindibles", asegura un Catedr¨¢tico de Constitucional
El catedr¨¢tico de Derecho Financiero de la Universitat Jaume I de Castell¨®n, Germ¨¢n Or¨®n advierte que, en algunas autonom¨ªas, la existencia de algunos de estos ¨®rganos tienen mandato estatutario, por lo que suprimirlos supondr¨ªa la necesidad de variar el estatuto de autonom¨ªa ¡°o incumplirlo¡±. En cualquier caso, apunta que cuando se crearon ya se advirti¨® de una duplicidad con otros ¨®rganos de control del Estado, que el Tribunal Constitucional ha validado. ¡°Si existen mecanismo de coordinaci¨®n, la convivencia es posible¡±, se?ala. El hecho es que la mayor¨ªa de estos entes son consultivos y no vinculantes. Y destaca tambi¨¦n el caso de las sindicaturas de cuentas que, en cuando perciben irregularidades, est¨¢n obligadas a dar traslado al Tribunal de Cuentas estatal que es el ¨®rgano que tiene la competencia real. A¨²n as¨ª, Germ¨¢n Or¨®n considera que la supresi¨®n de estos entes puede beneficiar al ¡°controlable¡± y perjudicar a los ciudadanos, que no dispondr¨ªan de la cercan¨ªa de entes auton¨®micos.
El catedr¨¢tico de Constitucional Joan Oliver tambi¨¦n considera que la conveniencia de su supervivencia es ¡°discutible¡±. Respecto al control final asegura que este corresponde a la Justicia y sostiene que el ¨²nico problema es que la vigilancia sobre las normas y las cuentas auton¨®micas s¨ª que podr¨ªan sufrir un retraso, debido a la saturaci¨®n que los ¨®rganos estatales padecer¨ªan con la desaparici¨®n de los auton¨®micos. ¡°Son buenos pero en momentos de crisis son prescindibles¡±, asegura Oliver quien afirma que, de hecho, el sistema democr¨¢tico espa?ol podr¨ªa funcionar ¨²nicamente con el Gobierno, el Congreso, el Tribunal Constitucional y el Poder judicial, dejando como innecesarios figuras como el Senado o la Corona. Aunque no fue uno de los organismos mencionados por de Cospedal, Joan Oliver destaca c¨®mo Madrid ¡°ha estado muchos a?os sin Consejo Jur¨ªdico Consultivo¡± y ¡°Baleares no ha tenido nunca Defensor del Pueblo¡±.
No tiene sentido que se reproduzca el mapa institucional del Estado, afirma otro profesor
Francisco Longo, profesor de direcci¨®n de Recursos Humanos del Instituto de Gobernanza y direcci¨®n p¨²blica de ESADE, quita hierro a la eliminaci¨®n de esos organismos. ¡°Por ejemplo¡±, explica, ¡°que se elimine figura de Defensor del Pueblo me parece poco relevante. Su funcionalidad es discutible¡±, dice. Sin embargo, defiende la necesidad que se mantenga el Tribunal de Cuentas, el organismo que controla desde el exterior (desde el interior lo hace el interventor) la legalidad econ¨®mica y presupuestaria. ¡°Su funci¨®n es imprescindible¡±, afirma el profesor que se?ala que si se elimina su tarea la asumir¨¢ el Tribunal de Cuentas de Espa?a a riesgo de sobrecargarlo de trabajo y de que se vea obligado a hacer una supervisi¨®n m¨¢s superficial.
En su reflexi¨®n, Longo se?ala que ¡°no tiene sentido¡± que las autonom¨ªas hayan reproducido el mapa institucional del Estado y pone como ejemplo la existencia de 17 defensores auton¨®micos que no responden a ning¨²n mandato constitucional. No ahorra tampoco una velada cr¨ªtica al Sindic de Greuges catal¨¢n que dice que ¨²ltimamente ha crecido ¡°de manera exponencial¡±. En cualquier caso, se?ala que la proliferaci¨®n masiva de organismos es un ¡°s¨ªntoma¡± de la bonanza anterior a la crisis: ¡°Hemos vivido a?os que parec¨ªa era todo posible. Por alg¨²n lado tenemos que empezar para reducir el d¨¦ficit. No me parece mal esa relectura para redefinir prioridades¡±.
El tripartito de izquierdas encarg¨® a Longo en 2010, coincidiendo con el plan de ajuste de Jos¨¦ Luis Rodr¨ªguez Zapatero, un informe para reducir la administraci¨®n que no se lleg¨® a aplicar. En sus conclusiones, suger¨ªa medidas a medio plazo para ahorrar gasto fusionando empresas p¨²blicas o suprimi¨¦ndolas. El informe no se acat¨®. Longo se?ala que para que las medidas de ahorro sean realmente efectivas tiene que enfocarse a medio plazo y no a corto plazo porque el impacto econ¨®mico es ¨ªnfimo. Y acaban siendo solo ¡°gestos¡±. ¡°A los pol¨ªticos les gustan mucho pero hay que hacer cosas con sustancia¡±, dice. Y a?ade que CiU est¨¢ ejecutando ahora recortes a corto plazo cuando y que otra cosa son las reformas estructurales a medio plazo. Si se queda solo en el recorte, eso es pan para hoy y hambre para ma?ana¡±, avisa.?
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