Espa?a apela la sentencia sobre Otegi ante la Gran Sala de Estrasburgo

La Abogac¨ªa del Estado ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, con sede en Estrasburgo, ha solicitado elevar a la Gran Sala del Tribunal, integrada por 17 jueces, el caso de Arnaldo Otegi contra Espa?a, en el que el Tribunal declar¨® la violaci¨®n del art¨ªculo 10 del Convenio y conden¨® al Estado Espa?ol a indemnizar al l¨ªder de Batasuna, con 20.000 euros por vulnerar su libertad de expresi¨®n. El TEDH consider¨® ¡°desproporcionada la condena de un a?o de prisi¨®n --que Otegi no cumpli¨®-- por llamar al Rey ¡°jefe de los torturadores¡±.

Seg¨²n la sentencia de Estrasburgo, Otegi se expres¨® en su calidad de portavoz de un grupo parlamentario y en una cuesti¨®n de inter¨¦s para el Pa¨ªs Vasco cual era el recibimiento que el lehendakari hab¨ªa deparado al Rey en su visita oficial al Pa¨ªs Vasco del 26 de febrero de 2003. Poco antes se hab¨ªa cerrado el diario Egunkaria y sus responsables hab¨ªan sido detenidos y denunciaron malos tratos. El Tribunal europeo admiti¨® que las expresiones de Otegi, en s¨ª mismas, pueden ser consideradas como un lenguaje "provocador" y "hostil" hacia la instituci¨®n de la monarqu¨ªa, pero concluy¨® que exhortaban al uso de la violencia, ni se trat¨® de un "discurso de odio".

El Tribunal tambi¨¦n declar¨® que la protecci¨®n que el C¨®digo Penal da a la figura del Jefe del Estado, superior a la de otras personas y que se sanciona m¨¢s gravemente, no es, en principio, conforme con el Convenio europeo. La Corte lleg¨® a la conclusi¨®n de que Otegi no dirigi¨® un ataque personal gratuito contra la persona del Rey, ni cuestion¨® su vida privada u honor persona, sino que cuestion¨® ¨²nicamente la responsabilidad personal del Rey en tanto que jefe y s¨ªmbolo de las fuerzas que, seg¨²n ¨¦l, hab¨ªan torturado a los responsables del diario Egunkaria.

La Abogac¨ªa del Estado, que dirige el abogado general Joaqu¨ªn de Fuentes Bardaj¨ª, entiende que el caso Otegi plantea importantes cuestiones que afectan a la interpretaci¨®n del Convenio Europeo, cual es la libertad de expresi¨®n y su ejercicio por representantes electos. En particular, si en los discursos de un representante electo el ¨²nico l¨ªmite a la libertad de expresi¨®n es la incitaci¨®n al odio y la violencia o si debe exig¨ªrseles el respeto a la reputaci¨®n de terceros.

La defensa del Estado recuerda que la Corte ha declarado en la sentencia Leroy contra Francia que cualquiera que se prevale se su libertad de expresi¨®n asume, seg¨²n los t¨¦rminos del art¨ªculo 10.2 del Convenio, sus ¡°deberes y responsabilidades¡±.

La Abogac¨ªa se?ala que los jueces del cao Otegi solo hacen referencia a la incitaci¨®n a la violencia y al odio, pero no a las responsabilidades de los pol¨ªticos en un contexto de violencia. Por eso, recuerda que Otegi fue l¨ªder de Batasuna, organizaci¨®n declarada ilegal unos meses despu¨¦s de los hechos por sus v¨ªnculos con el terrorismo. Y tambi¨¦n recuerda que el Rey fue objetivo de los terroristas.

El escrito concluye pidiendo el env¨ªo del caso Otegi a la Gran Sala del Tribunal para que examine, como cuestiones que afectan la interpretaci¨®n del Convenio Europeo de Derechos Humanos, las consecuencias del ejercicio de la libertad de expresi¨®n por representantes electos, en relaci¨®n con la reputaci¨®n de terceros; los deberes y responsabilidades de los pol¨ªticos cuando ejercen su libertad de expresi¨®n en un contexto de violencia; y la protecci¨®n , a trav¨¦s del C¨®digo Penal, frente a la difamaci¨®n a las instituciones, y al Jefe del Estado.