La Audiencia de Sevilla permite a la juez acceder a las actas del Gobierno andaluz

La Audiencia de Sevilla ha determinado que las actas de los consejos de Gobierno andaluz no son secretas, en un auto en el que rechaza los recursos de la Junta contra la petici¨®n de la juez que investiga los ERE fraudulentos de que se le entregasen las actas de dichas reuniones del Ejecutivo desde 2001. La Audiencia subraya que lo que son secretos, seg¨²n la ley de Gobierno de la Junta, son los documentos que se presentan al Consejo de Gobierno son "reservados" y que las deliberaciones en su seno son "secretas", pero no las actas que se levantan de dichas reuniones. Y son las actas, a?ade, "lo ¨²nico reclamado por la instructora"

El auto de la Secci¨®n S¨¦ptima de la Audiencia desestima as¨ª los recursos planteados por los letrados de la Junta contra las sucesivas peticiones que le traslad¨® la juez de Instrucci¨®n 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, para que se le remitieran las actas de los consejos de Gobierno.

La Junta de Andaluc¨ªa argument¨® que dichas actas eran material reservado y las deliberaciones del Gobierno secretas, por lo que plante¨® ante la juez un conflicto de jurisdicci¨®n, tras lo que la magistrada dej¨® su tramitaci¨®n en suspenso, "por coherencia procesal", hasta que se resolvieran los recursos planteados ante la Audiencia.

Pero la Audiencia argumenta: "Le¨ªdos los art¨ªculos 30.3 y 30.1 de la ley 2/2006 de 24 de octubre del Gobierno de la Comunidad Aut¨®noma de Andaluc¨ªa, se comprueba que lo declarado por ley reservado son los documentos y lo declarado secreto son las deliberaciones, nada de lo cual han de aparecer, seg¨²n se desprende del art¨ªculo 30.3 en las actas, que son lo ¨²nico reclamado por la juez".

La Secci¨®n S¨¦ptima que lo ¨²nico que pretende la juez es comprobar si desde los organismos de la Junta se prescindi¨® en el caso de los ERE del procedimiento administrativo y depurar posibles responsabilidades por acci¨®n u omisi¨®n de quienes dirig¨ªan esos organismos. Por tanto, la diligencia de la juez Ayala no es "ni arbitraria ni caprichosa".

El auto niega que la intenci¨®n de la juez Ayala vulnere el art¨ªculo 31 de la ley de Gobierno ni haga inoperativa la dispensa de declarar que establece la ley de Enjuiciamiento Criminal. A su entender, un documento obtenido legalmente es muy diferente de un testimonio y, adem¨¢s, alega que nada impedir¨ªa a un testigo, "si se viera en la tesitura de vulnerar su deber de secreto pueda acojerse" a la citada dispensa de declarar.

En un auto notificado a principios de mayo a las partes, la juez acord¨® no tramitar de momento ante el Tribunal Supremo el conflicto de jurisdicci¨®n planteado por la Junta por su negativa a entregar las actas de los consejos de gobierno desde 2001.