Un derecho de los ciudadanos

Naciones Unidas formul¨® hace a?os una declaraci¨®n en la que establec¨ªa que los ciudadanos tienen derecho a mantenerse informados a trav¨¦s de las estad¨ªsticas oficiales y que, a fin de mantener su confianza, los organismos encargados de esa tarea han de decidir, ¡°con arreglo a criterios estrictamente profesionales, cient¨ªficos, ¨¦ticos y p¨²blicos¡±, los m¨¦todos de reuni¨®n, procesamiento, almacenamiento y presentaci¨®n de esos datos.

Se trata, pues, de un derecho de los ciudadanos a conocer todos los datos estad¨ªsticos disponibles acerca de la situaci¨®n econ¨®mica, demogr¨¢fica, social y ambiental de su pa¨ªs, y no de un derecho, o una informaci¨®n, en alguna medida reservada a los investigadores que lo soliciten o de aquellos que acrediten tener un concreto inter¨¦s en el asunto. Las administraciones no deber¨ªan hurtar al ciudadano los datos en bruto y ofrecer exclusivamente gr¨¢ficos ¡°trabajados¡±, como es pr¨¢ctica habitual en algunos ministerios. Las estad¨ªsticas no son solo cuesti¨®n de calidad (que es una exigencia evidente) sino tambi¨¦n de cantidad. Basta con que cualquier lector de este peri¨®dico entre en la p¨¢gina web de Oficina Federal de Informaci¨®n Estad¨ªstica de Estados Unidos (http://www.fedstats.gov/) para comprobar que es posible colocar a disposici¨®n de todo el mundo un volumen de informaci¨®n estad¨ªstica descomunal, de manera sencilla, organizada y accesible.

Las estad¨ªsticas no pueden facilitarse solo a los investigadores

Es agotador tener que recordar continuamente que Espa?a sigue teniendo un serio problema de transparencia y que 33 a?os despu¨¦s de aprobada la Constituci¨®n democr¨¢tica de 1978, siguen sin existir los instrumentos legales ni las herramientas necesarias para adecuar nuestra realidad a la de los pa¨ªses m¨¢s avanzados de nuestro entorno. No ha sido aprobada a¨²n la imprescindible Ley de Libre Acceso a la Informaci¨®n, equivalente a las Freedom Information Act que existen en pr¨¢cticamente todos los pa¨ªses de la UE y que en Espa?a es un simple borrador fantasma, que aparece y desaparece de los programas electorales y de la secretar¨ªa del Congreso desde hace m¨¢s de quince a?os.

El problema con los datos estad¨ªsticos es igualmente antiguo y vergonzoso. Los crimin¨®logos y catedr¨¢ticos de Derecho Penal han protestado por la desaparici¨®n de estad¨ªsticas policiales que les permit¨ªan comparar la evoluci¨®n de determinados delitos y relacionarlos con edades, lugares, g¨¦nero o cualquier otro tipo de par¨¢metro que les resulte ¨²til. El Consejo Econ¨®mico y Social se ha escandalizado por la opacidad que rodea a datos que son imprescindibles para analizar el pulso del sistema nacional de salud. Hace a?os que est¨¢n secuestradas estad¨ªsticas que permitir¨ªan comparar el nivel de los servicios sanitarios que reciben los espa?oles, seg¨²n su lugar de residencia, es decir, seg¨²n la comunidad aut¨®noma que los proporciona. El secretismo denunciado por el CES ha sido elaborado y mantenido tanto por las autoridades nacionales como por las auton¨®micas, perfectamente de acuerdo en sustraer datos a la opini¨®n p¨²blica pese a la evidente vulneraci¨®n de los derechos c¨ªvicos que ello implica. Hace a?os que los especialistas en sanidad p¨²blica exigen la creaci¨®n de registros estad¨ªsticos nacionales en los que se sistematice la informaci¨®n de todas las comunidades aut¨®nomas.

La promesa de transparencia va y viene en cualquier programa electoral

No habr¨¢ forma de conseguir alg¨²n avance mientras que los pol¨ªticos espa?oles, de una tendencia o de otra, de una comunidad o de otra, no acepten que la informaci¨®n estad¨ªstica no es una herramienta suya sino un derecho de los ciudadanos y que no es algo que deba ser negociado o discutido. Es vergonzoso que a estas alturas, las listas de espera quir¨²rgica por Comunidades sean secretas y que el Estado no sea capaz de obtener y centralizar multitud de datos estad¨ªsticos que quedan ¡°en poder¡± de los poderes auton¨®micos como si fueran competencias y no informaci¨®n destinada a ser compartida. Si el gobierno no es capaz de garantizar unas estad¨ªsticas amplias y fiables, deber¨ªa impulsar al menos la creaci¨®n de una Agencia Federal que act¨²e de manera profesional e independiente y que acabe con este esc¨¢ndalo.?