Deseable pero no exigible?

En la Ley de Partidos no se habla de ETA ni se impone a ning¨²n partido o agrupaci¨®n electoral que condene a ETA o que exija su disoluci¨®n, a fin de poder ser inscrito en el Registro de Partidos del Ministerio de Interior o para poder concurrir a las elecciones. La Ley de Partidos posibilita, en primer lugar, controlar ¡°la actividad¡± de un partido, a fin de verificar si con dicha actividad se ¡°vulneran los principios democr¨¢ticos¡± y regula, en segundo lugar, cu¨¢les son las ¡°conductas, realizadas de forma reiterada y grave¡±, a trav¨¦s de cuya constataci¨®n se puede alcanzar la conclusi¨®n de que el partido est¨¢ efectivamente vulnerando los principios democr¨¢ticos. Cuando tal cosa ocurre, se puede y se debe instar su ilegalizaci¨®n ante la Sala del Tribunal Supremo prevista en el art¨ªculo 61 de la Ley Org¨¢nica del Poder Judicial. Lo que vale para los partidos pol¨ªticos vale igualmente para las agrupaciones electorales, lo que quiere decir que el canon establecido en la Ley de Partidos es aplicable a los concejales y diputados provinciales de Bildu exactamente igual que lo hubiera sido a los concejales y diputados provinciales de Sortu, en el caso de que se hubiera permitido su inscripci¨®n en el Registro de Partidos.

Ser¨ªa deseable que ETA desapareciera y ser¨ªa asimismo deseable que Bildu y Sortu exigieran a ETA que se disolviera, pero la ley no lo impone. La desaparici¨®n de ETA ser¨ªa la prueba definitiva del fin de la violencia terrorista y la exigencia de su disoluci¨®n por parte de la izquierda abertzale, aunque no consiguiera dicho objetivo, ser¨ªa la prueba inequ¨ªvoca de que ya no es posible mantener la sospecha de que ETA y la izquierda abertzale son lo mismo. Desaparecer¨ªan, en consecuencia, todas las dudas acerca de la sinceridad con que la izquierda abertzale est¨¢ dando cumplimiento a la Ley de Partidos.

Pol¨ªticamente es deseable, pero jur¨ªdicamente no es exigible. En esta tensi¨®n entre lo pol¨ªtico y lo jur¨ªdico se va a desarrollar la vida pol¨ªtica en el Pa¨ªs Vasco por tiempo indefinido. El coste para quienes se han visto m¨¢s directamente afectados por la violencia en el pasado y para quienes van a tener que convivir en los Ayuntamientos y Diputaciones Provinciales con los candidatos electos de Bildu va a ser, sin duda, elevado. Pero no parece que haya forma de evitarlo.

Entre otras cosas porque para que los componentes de la izquierda abertzale que crearon Sortu y que han puesto en circulaci¨®n Bildu puedan conseguir su objetivo de poner definitivamente fin a la violencia, que es lo que se dice en los estatutos del partido y en el documento que suscribieron ante notario los candidatos de Bildu para poder figurar en sus listas, es preciso que sean capaces de arrastrar a quienes todav¨ªa est¨¢n en ETA o, a quienes, sin estar en ella, comparten sus posiciones. Este es un debate que, como se acredit¨® tanto ante el Tribunal Supremo como ante el Tribunal Constitucional, aunque fuera valorado de manera distinta por la mayor¨ªa y la minor¨ªa en ambos tribunales, ha venido teniendo lugar desde hace varios a?os en el seno de la izquierda abertzale. Con posiciones encontradas, que parecen haberse decantado a favor de quienes rechazan la violencia y apuestan por v¨ªas exclusivamente pac¨ªficas para hacer pol¨ªtica.

Pero quien haya le¨ªdo atentamente el auto y las sentencias del Supremo y del Constitucional, as¨ª como los escritos del Abogado del Estado, de la Fiscal¨ªa y del abogado de Sortu y Bildu, se dar¨¢ cuenta inmediatamente de que el debate no est¨¢ definitivamente cerrado. Quienes han constituido Sortu y han puesto en circulaci¨®n Bildu s¨ª han interiorizado el rechazo de la violencia tal como se define en la Ley de Partidos, que no es otra cosa que el rechazo de la violencia practicada por ETA con la cobertura de Batasuna, pero la izquierda abertzale no est¨¢ integrada ¨²nicamente por ellos. Hay otros que todav¨ªa tienen que hacer ese proceso de interiorizaci¨®n.

Para poder conseguirlo, los concejales y diputados provinciales de Bildu van a tener, por un lado, que cumplir escrupulosamente la Ley de Partidos, porque, de lo contrario, ser¨¢n expulsados de los cargos que ostentan, pero van a tener que hacerlo, por otro, de una manera que no corte la comunicaci¨®n con los miembros de la izquierda abertzale que todav¨ªa tienen que dar el paso que ellos ya han dado.

El fin de la violencia exige que se incorporen por convicci¨®n a las v¨ªas exclusivamente pac¨ªficas no solo la mayor¨ªa, sino la inmensa mayor¨ªa de la izquierda abertzale. Y eso lleva su tiempo. No se puede pasar por alto que se est¨¢ poniendo fin a un ejercicio de la violencia de m¨¢s de 50 a?os.