La aprobaci¨®n de la reforma procesal expulsar¨ªa PSOE y PP del 'caso G¨¹rtel'

El ministro de Justicia, Antonio Caama?o, ha apostado por aprobar la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim) antes de que finalice la legislatura, aunque fuentes de su propio departamento admiten que, como m¨ªnimo, son necesarios dos a?os de tramitaci¨®n parlamentaria, ya que se trata de una norma compleja para la que, adem¨¢s, no hay consenso.

En el caso de que saliera adelante, la aplicaci¨®n de esta reforma provocar¨ªa la expulsi¨®n del PSOE y del PP del caso G¨¹rtel, en el que est¨¢n personados como acusaci¨®n popular. Su aplicaci¨®n se producir¨ªa, probablemente, antes de que finalizara la instrucci¨®n de la causa en Madrid, que investiga la trama corrupta de las empresas que lideraba Francisco Correa, y la parte de la financiaci¨®n irregular del PP valenciano, en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. Quiz¨¢ solo la causa de los trajes est¨¦ resuelta para entonces, lo que supondr¨¢ que en el grueso de la trama permanezcan como acusaci¨®n, ¨²nicamente, la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n y la Abogac¨ªa del Estado.

La nueva norma, que el Gobierno tiene perfilada en un borrador, limita las posibilidades de personarse en un caso como acusaci¨®n popular y descarta a sindicatos, partidos pol¨ªticos o personas jur¨ªdicas p¨²blicas de entre quienes pueden optar a acogerse a esta figura jur¨ªdica. Esto supondr¨ªa que los dos partidos habr¨ªan de retirarse del caso, puesto que est¨¢n personados en ¨¦l como acusaci¨®n popular, o buscar una f¨®rmula alternativa para participar en la causa a t¨ªtulo particular, seg¨²n las fuentes consultadas. "En las normas procesales rige el principio tempus regit actum, es decir, se aplica la vigente al momento del acto procesal, a excepci¨®n de que incida sobre derechos materiales" que, seg¨²n las mismas fuentes, no es el caso. Sin embargo, otras fuentes aseguran que la expulsi¨®n o no de las partes depender¨¢ de lo que dicte el r¨¦gimen transitorio de la ley.

El PP se person¨® a trav¨¦s de esta figura en el caso G¨¹rtel ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Su acci¨®n como acusaci¨®n ha sido cuestionada en varias ocasiones, hasta el punto de que tanto la fiscal¨ªa como la otra acusaci¨®n, que representa al PSOE, han solicitado su expulsi¨®n del caso. La fiscal¨ªa, en las dos ocasiones en las que formul¨® la reclamaci¨®n de expulsi¨®n, sostuvo, para argumentar su solicitud, que la acci¨®n del PP conten¨ªa una ¡°actuaci¨®n procesal fraudulenta¡± desarrollada a trav¨¦s de distintas impugnaciones que ¡°en vez de acusar, en realidad defend¨ªa a imputados¡± en la causa. Y la hizo en dos ocasiones. El magistrado instructor rechaz¨® la petici¨®n aunque declar¨® el comportamiento procesal del PP como ¡°irrespetuoso e il¨ªcito¡±, pero lo atribuy¨® a su representante legal. Aun as¨ª, advirti¨® que su decisi¨®n se decretaba ¡°sin perjuicio de adoptar una nueva decisi¨®n judicial si continuase produci¨¦ndose la conducta descrita por el Ministerio Fiscal y a propuesta del mismo¡±.

Por su parte, la otra acusaci¨®n popular, que representa a los socialistas, exigi¨® posteriormente la expulsi¨®n al entender que la conducta reprochada por el magistrado ¡°ha seguido produci¨¦ndose, y el fraude de ley en su momento denunciado es ahora palmario¡±. ¡°La actitud del Partido Popular no es s¨®lo dilatoria de la investigaci¨®n, sino obstaculizadora, impropia de una acusaci¨®n que debe perseguir la obtenci¨®n de la verdad en el proceso¡±, se?alaba la petici¨®n formulada, que tambi¨¦n fue rechazada.

El PP est¨¢ personado en esta causa tanto en la parte que se instruye en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid como la que se instruye en el de la Comunidad Valenciana.

El PSOE, por su parte, est¨¢ personado tambi¨¦n en ambas causas, adem¨¢s de la parte del caso Brugal que afecta a la redacci¨®n del Plan General de Ordenaci¨®n Urbana de Alicante, en la que est¨¢ implicada la alcaldesa de la ciudad, Sonia Castedo, y el exalcalde y actual diputado auton¨®mico Luis D¨ªaz Alperi.

Al margen de esta consecuencia de la aprobaci¨®n de la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, los expertos consultados aseguran que ambos casos de corrupci¨®n hubieran tenido, o tendr¨ªan, una instrucci¨®n mucho m¨¢s ¨¢gil en el caso de que la reforma ya hubiera estado en marcha. La coincidencia llega a la hora de evaluar los retrasos que han sufrido, y sufren, las causas por los continuos recursos que dilatan el procedimiento. Esta consideraci¨®n se hace extensiva a la hora de evaluar el caso Fabra, que lleva m¨¢s de siete a?os de instrucci¨®n.