El Constitucional bendice la competencia estatal para limitar el gasto

La facultad estatal de limitar el gasto de las comunidades aut¨®nomas es parte de su competencia de direcci¨®n de la actividad econ¨®mica general que le atribuye de forma exclusiva la Constituci¨®n. As¨ª lo mantiene el Tribunal Constitucional en una sentencia hecha p¨²blica hoy, antes de la celebraci¨®n del Consejo de Pol¨ªtica Fiscal y Financiera.

La sentencia resuelve un recurso de inconstitucionalidad presentado por el Parlamento catal¨¢n contra la Ley de Estabilidad presupuestaria. El Parlament consideraba que la obligaci¨®n de mantener el equilibrio presupuestario o el super¨¢vit impuesta por esa ley vulneraba las competencias econ¨®micas recogidas en su Estatuto, pero el alto tribunal lo niega.

Los magistrados recuerdan que esa potestad del Gobierno central se fundamenta en dos razones. En primer lugar, en el objetivo de lograr la estabilidad econ¨®mica y ¡°la gradual recuperaci¨®n del equilibrio presupuestario¡± de todas las Administraciones p¨²blicas. ¡°Nada cabe objetar a que el Estado adopte esta decisi¨®n [el principio de estabilidad presupuestaria] en la Ley de Presupuestos¡± sobre todo, porque, como recuerda la resoluci¨®n, esta previsi¨®n ¡°opera como un veh¨ªculo de direcci¨®n y orientaci¨®n de la pol¨ªtica econ¨®mica que corresponde al Gobierno¡±.

Adem¨¢s, el Constitucional establece que esa capacidad limitadora del gasto exclusiva del Estado tambi¨¦n est¨¢ amparada por los l¨ªmites que la norma fundamental impone a la autonom¨ªa financiera de las comunidades al tener que coordinarse con el Ejecutivo. Estas, seg¨²n el tribunal, deben acomodarse ¡°a las medidas oportunas que adopte el Estado tendentes a conseguir la estabilidad econ¨®mica interna y externa¡±, ya que es este ¨²ltimo el responsable de garantizar el equilibrio econ¨®mico general.

Por tanto, contin¨²an los magistrados, ¡°cabe justificar que el Estado acuerde una medida unilateral (¡­) susceptible de incidir en las competencias auton¨®micas en materia presupuestaria, siempre que aquella tenga una relaci¨®n directa con los mencionados objetivos de pol¨ªtica econ¨®mica¡±, que corresponde fijar al Ejecutivo central.

La sentencia no solo consagra la facultad de limitar el gasto auton¨®mico. Tambi¨¦n los mecanismos para imponerlo en caso de incumplimiento previstos en la ley complementaria a la Ley General de Estabilidad presupuestaria, es decir, los planes de saneamiento. Los magistrados recuerdan que cuando las comunidades no atiendan a dicha estabilidad al aprobar sus presupuestos o se compruebe que no lo han hecho una vez liquidados, el Gobierno podr¨¢ imponerles ¡°un plan econ¨®mico-financiero de correcci¨®n del desequilibrio¡±. El motivo es que, de no existir esos planes ¡°quedar¨ªa sin efecto el objetivo de estabilidad¡± y por tanto, la competencia exclusiva del Estado para fijarlo.

Esos planes de saneamiento, adem¨¢s, pueden ser enviados al Consejo de Pol¨ªtica Fiscal y Financiera, el ¨®rgano en el que se ejerce el deber constitucional de coordinaci¨®n entre el Gobierno y las comunidades en este campo, seg¨²n la sentencia. Y es as¨ª porque la idoneidad de estos planes ¡°tienen necesaria repercusi¨®n en la estabilidad presupuestaria del propio Estado y de las restantes autonom¨ªas¡±. Si no, esa estabilidad podr¨ªa quedar da?ada.?