Pol¨ªtica de prioridades

Al igual que otros pa¨ªses europeos, Espa?a ha tenido que responder a la emergencia planteada por la crisis de la deuda con el anuncio de medidas adicionales de ajuste que la vicepresidenta Elena Salgado llevar¨¢ a pr¨®ximos Consejos de Ministros. La medida m¨¢s llamativa es el aumento de los pagos a cuenta del impuesto de sociedades de las grandes empresas, pero tal vez acabe siendo m¨¢s trascendente la relativa a la regla de gasto de las comunidades aut¨®nomas, que deber¨¢ estar lista antes de finalizar septiembre.

En una sentencia dictada el pasado d¨ªa 27, el Tribunal Constitucional reconoc¨ªa al Estado la capacidad para imponer l¨ªmites al gasto auton¨®mico. Pero el Gobierno ha renunciado a ir por esa v¨ªa y espera un acuerdo en torno a unos objetivos que aprobar¨¢n las comunidades que lo deseen. Salgado tambi¨¦n puso fecha a la prevista reforma del sistema contable que permita conocer con mayor precisi¨®n los d¨¦ficits de las autonom¨ªas. Tanto Bruselas como el Banco de Espa?a hab¨ªan alertado sobre el riesgo espec¨ªfico que para la econom¨ªa espa?ola supone el estado de las finanzas de las autonom¨ªas y ayuntamientos. No solo por el volumen de la deuda que soportan, sino por la opacidad que la rodea.

La reducci¨®n de ingresos de las Administraciones est¨¢ repercutiendo sobre las deudas con sus proveedores, tema tab¨² por excelencia roto ahora por la huelga de farmacias de Castilla-La Mancha. Pero el problema afecta tambi¨¦n a otros sectores, como la obra civil, la industria del medicamento o las empresas concesionarias de la limpieza. Un efecto del retraso en los pagos es el aumento de la tarifa de esos suministradores, lo que agrava el problema; y otro posible a largo plazo, los despidos en la empresa afectada. La otra cara de esa situaci¨®n es el recorte de las subvenciones asistenciales (guarder¨ªas, suplementos a las pensiones...) o el aumento del precio de servicios como el transporte p¨²blico o la recogida de basuras. Soluci¨®n que la mayor¨ªa de las Administraciones prefiere antes que la subida de impuestos. El siguiente paso ser¨ªa el cobro, al menos parcial, de servicios hasta ahora gratuitos.

Puede que lo exija la actual situaci¨®n de emergencia; pero as¨ª como el endeudamiento se debe en gran medida a la falta de rigor en la evaluaci¨®n de algunas inversiones (aeropuertos, universidades, televisiones) en los a?os de vacas gordas, la salida de la crisis de financiaci¨®n requiere transparencia, establecer prioridades de pago y negociar la demora de los no prioritarios. Todo recorte implica sacrificios para alguien, pero no es lo mismo hacerlo a costa de unas televisiones auton¨®micas perfectamente prescindibles, que de la sanidad, por ejemplo. Ni es lo mismo negociar aplazamientos en los pagos a grandes empresas de obras p¨²blicas que a las farmacias.

Ese deber¨ªa ser el debate, y no las triviales discusiones cruzadas sobre el veraneo del l¨ªder rival o sobre la herencia recibida: algunos gobernantes parecen m¨¢s preocupados por encontrar un culpable de las dificultades que por resolverlas.