El PGOU de Alicante se arreglaba en el bufete del hermano de la alcaldesa

La Unidad de Delincuencia Econ¨®mica de la Polic¨ªa Judicial concluye en un nuevo informe del caso Brugal que "la creaci¨®n y actividad" del despacho Salvetti Abogados, del que eran socios Jos¨¦ Luis Castedo, hermano de la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, y el exedil socialista Francisco Javier Guti¨¦rrez "estar¨ªa estrechamente relacionada con la tramitaci¨®n del PGOU de Alicante", hasta el extremo de que el 90% de los ingresos de este bufete entre 2008 y 2009 se deben "a distintos trabajos efectuados y cobrados" en relaci¨®n con la elaboraci¨®n del planeamiento urbano.

La Polic¨ªa cifra en m¨¢s de un mill¨®n de euros los ingresos que presuntamente habr¨ªan obtenido Castedo y Guti¨¦rrez. De la investigaci¨®n en torno a supuestas irregularidades y tr¨¢fico de influencia en la tramitaci¨®n del PGOU se encarga el Juzgado de Instrucci¨®n n¨²mero 5 de Alicante como pieza separada del caso Brugal, que se centr¨® en sus inicios en la corrupci¨®n en torno a la gesti¨®n de la basura en la comarca de La Vega Baja (Alicante) y se extendi¨® despu¨¦s al urbanismo de Alicante, con la alcaldesa y el promotor Enrique Ortiz, supuesto beneficiario de las gestiones, como principales protagonistas.

El informe policial tambi¨¦n establece "indicios racionales suficientes" de que Francisco Javier Guti¨¦rrez y Jos¨¦ Luis Castedo, "adem¨¢s de contestar las alegaciones (al PGOU) a trav¨¦s de la sociedad G&M, redactaban para particulares y empresas la propia alegaci¨®n que luego presentaban en el Ayuntamiento de Alicante, siendo remunerados por dichos servicios". La Polic¨ªa tambi¨¦n destaca que el despacho del hermano de la alcaldesa Sonia Castedo empez¨® a "operar" el 30 de diciembre de 2008, tres meses despu¨¦s de que la regidora accediera al cargo tras la dimisi¨®n de Luis D¨ªaz Alperi.

Agentes del Cuerpo Nacional de Polic¨ªa registraron el pasado 14 de abril el despacho Salvetti Abogados Consultores, SL, en el marco de las investigaciones de esta ramificaci¨®n del caso Brugal. El fiscal Anticorrupci¨®n solicit¨® la imputaci¨®n de ambos socios por su presunta mediaci¨®n a favor de Ortiz en la resoluci¨®n de alegaciones a la ordenaci¨®n urban¨ªstica de la ciudad. El despacho, seg¨²n el informe policial adjuntado al sumario, fue pieza clave para favorecer los intereses de Ortiz.

El completo informe, de m¨¢s de 350 p¨¢ginas y 47 anexos con documentos como facturas, planos, y grabaciones, establece una relaci¨®n directa entre la firma Salvetti Abogados, que elaboraba las alegaciones de los afectados por el PGOU, y G&M Gesti¨®n del Suelo, la empresa que se encargaba de su aprobaci¨®n, hasta concluir una ¡°comuni¨®n de intereses entre ambos¡±. La Polic¨ªa apunta algunos datos llamativos, como que G&M comparte domicilio en la calle Casta?os de Alicante con Salvetti Abogados, aunque su representante, Javier Gutierrez, la inscribi¨® con domicilio en la Avenida Maisonnave de la ciudad.

La brigada policial reconoce que es "una constante" a lo largo de la documentaci¨®n intervenida encontrar papel corporativo y carpetas con el logotipo de G&M y el domicilio social de Salvetti. Por eso, concluye que "queda plasmada la labor de asesoramiento" que realiza Jos¨¦ Luis Castedo para esta sociedad, subcontratada por Laboratorios y Proyectos, de Jes¨²s Quesada, redactor del Plan General.

Aunque no aparece relaci¨®n fiscal directa del hermano de la alcaldesa con G&M, la investigaci¨®n descubri¨® la direcci¨®n joseluiscastedo@gmurbanismo.com y mucha m¨¢s informaci¨®n confiscada en el registro que "corrobora la vinculaci¨®n inequ¨ªvoca" con Guti¨¦rrez. Adem¨¢s, recuerda que Castedo se incorpor¨® en 2004 como t¨¦cnico a la consejer¨ªa de Territorio, prestando servicios jur¨ªdicos en la delegaci¨®n territorial de Alicante y actuando como vocal de la comisi¨®n informativa de Urbanismo hasta el a?o 2008.

La Polic¨ªa tambi¨¦n destaca que el despacho del hermano de la alcaldesa empez¨® a "operar" el 30 de diciembre de 2008, tres meses despu¨¦s de que la regidora accediera al cargo tras la dimisi¨®n del ex alcalde, Luis D¨ªaz Alperi. Y es llamativo que todas las alegaciones presentadas por Salvetti fueran ¡°aceptadas o estimadas parcialmente¡± en los puntos que m¨¢s favorec¨ªan a las pretensiones solicitadas por la sociedad G&M, ya que ¡°las personas al frente de la sociedad que realiza las alegaciones y las que realizan las estimaciones son las mismas", concluye el informe.

El monto que percib¨® el despacho Salvetti por confeccionar las alegaciones de 11 clientes podr¨ªa alcanzar los tres millones de euros entre 2008 y 2009. La relaci¨®n de las mismas documenta la facturaci¨®n cruzada entre el bufete y sus clientes o la existencia de contratos de prestaci¨®n de servicios y descubre que se aprobaron alegaciones en diferentes planes o zonas de desarrollo de la ciudad.

En Pla Xirau, Salvetti cobr¨® 100.000 euros por conseguir la calificaci¨®n como urbanizable de dicho sector. Tambi¨¦n firm¨® un contrato pr 1.115.000 euros con Gesti¨®n de Puertos Deportivos, SA por un proyecto modificado de ejecuci¨®n de la construcci¨®n de un puerto deportivo en Puertoamor tras haber confeccionado y conseguido que se estimara una alegaci¨®n de la mercantil.

Otra empresa, Inmobiliaria Jim¨¦nez de la Iglesia, SL, abon¨® 65.036,56 euros por la ¡°confecci¨®n y estimaci¨®n¡± de varias alegaciones en el sector La Condomina. Fincorp Mediaci¨®n pag¨® 116.000 euros por una serie de alegaciones, tambi¨¦n aceptadas en el LIC de Tabarca. A Enrique Ortiz le facturaron 90.480 euros por mediar en Fontcalent a favor del promotor alicantino. Y en ese misma zona la polic¨ªa tiene constancia de la facturaci¨®n de al menos 232.000 euros de los 800.000 que Salvett¨ª firm¨® en un contrato de prestaci¨®n de servicios para la empresa Terras de l'Horta. Y hasta les pag¨® 250.000 euros Nau, SL, una empresa de Bancaja, como provisi¨®n de fondos por un contrato de arrendamiento de servicios.

Agentes del Cuerpo Nacional de Polic¨ªa registraron el 14 de abril de este a?o el despacho Salvetti Abogados Consultores SL, en el marco de las investigaciones del caso Brugal. El fiscal Anticorrupci¨®n solicit¨® la imputaci¨®n de ambos socios por mediar a favor de Ortiz en la resoluci¨®n de alegaciones a la ordenaci¨®n urban¨ªstica de la ciudad. El despacho, seg¨²n el informe policial adjuntado al sumario, fue pieza clave para favorecer los intereses de Ortiz.