El TSJA avala la pol¨¦mica reforma de las empresas p¨²blicas

La ¡°necesaria reordenaci¨®n¡± del sector p¨²blico de Andaluc¨ªa no vulnera derechos constitucionales como los de la negociaci¨®n colectiva, ni el derecho a la igualdad ni el acceso a la funci¨®n p¨²blica. Esta posici¨®n es la que mantuvo y mantiene el Gobierno andaluz en lo que ha sido su mayor traspi¨¦ pol¨ªtico de la legislatura al acometer la reforma del sector p¨²blico.

Y esta tesis es la que suscribe la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andaluc¨ªa (TSJA) en una sentencia del 16 de septiembre pasado. El fallo desestima el recurso del sindicato CSIF contra el acuerdo del Consejo de Gobierno del 27 de julio de 2010 por el que aprob¨® el decreto ley de reforma del sector p¨²blico.

El PP cree que la ley es ¡°un atentado¡± y un ¡°ataque brutal¡± a los derechos de los funcionarios

Esta normativa provoc¨® el rechazo un¨¢nime de todos los sindicatos, hasta que en octubre de ese a?o, el Gobierno y las organizaciones UGT y Comisiones Obreras pactaron un nuevo decreto, que a su vez fue tambi¨¦n recurrido. Para quitarle la etiqueta de decretazo con el que la oposici¨®n del PP bautiz¨® la reforma, los socialistas reabrieron la negociaci¨®n, pero ya en el Parlamento, para tramitar la reordenaci¨®n como ley, aprobada en febrero de este a?o.

Todos y cada uno de estos pasos han sido recurridos por los sindicatos corporativos ante los tribunales. La Junta de Andaluc¨ªa desconoc¨ªa ayer cu¨¢ntos recursos acumula este proceso, aunque reconoci¨® que son ¡°multitud¡±. El Partido Popular, adem¨¢s, registr¨® el pasado mes de mayo un recurso ante el Tribunal Constitucional por entender que la ley es ¡°un atentado¡± y un ¡°ataque brutal¡± a los derechos de los funcionarios y al Estatuto, as¨ª como ¡°un intento de escapar del control del Derecho administrativo¡±.

La reforma persigue la reducci¨®n del n¨²mero de entidades instrumentales. Se han eliminado 111 empresas p¨²blicas del total de 350 inventariadas por el Estado, que se han agrupado en 14 grandes agencias. El ahorro estimado por la Junta con esta medida es de 118,3 millones de euros en tres a?os. Los trabajadores de la Junta afectados por esta decisi¨®n son 23.476, de los que 2.069 son funcionarios, 1.474 personal laboral de la Junta y 19.933 personal laboral de las entidades instrumentales. Los sindicatos sostienen que esta norma equipara a los trabajadores de los entes instrumentales, que no han pasado por una oposici¨®n, con los funcionarios. El Gobierno lo niega de manera categ¨®rica.

La sentencia del TSJA, de la que ha sido ponente Manuel L¨®pez Agull¨®, afirma que del acuerdo impugnado ¡°no se desprende vulneraci¨®n alguna del derecho a la negociaci¨®n colectiva laboral, ni efecto personal discriminatorio contrario al derecho a la igualdad, ni al de acceso a la funci¨®n p¨²blica¡±. Estima el tribunal que las ¡°vulneraciones constitucionales¡± que denuncia CSIF sobre las condiciones de trabajo de los empleados p¨²blicos no se concretan en el acuerdo del Consejo de Gobierno. Y eso es as¨ª, porque el mismo ¡°no regula las condiciones de trabajo del sector p¨²blico andaluz, sino que sienta las bases maestras para su necesaria reordenaci¨®n¡±. Dicho esto, remite al desarrollo normativo posterior para ver si hay omisi¨®n de la intervenci¨®n sindical en el proceso.

La consejera de Hacienda y Administraci¨®n P¨²blica, Carmen Mart¨ªnez Aguayo, mostr¨® su ¡°satisfacci¨®n¡± por la sentencia que consider¨® ¡°clarificadora¡± en cuanto a la ¡°legitimidad¡± de la reforma.