La Generalitat valenciana abre m¨¢s v¨ªas para privatizar la ense?anza p¨²blica
La consejer¨ªa de Educaci¨®n apuesta por el ¡®leasing¡¯ o la opci¨®n de compra de aulas
La Generalitat valenciana busca ¡°f¨®rmulas jur¨ªdicas¡± para ampliar la entrada de capital privado en el sistema educativo, con el objetivo de resolver ¡°las necesidades educativas m¨¢s urgentes¡± y ¡°acabar con las aulas prefabricadas¡±. La inyecci¨®n de capital privado se har¨¢ por tres v¨ªas. La primera, a trav¨¦s de los denominados Centros de Iniciativa Social (CIS). Se utilizar¨¢ para construir escuelas concertadas en suelo p¨²blico. Mediante este sistema una empresa privada opta, a trav¨¦s de un concurso, a una concesi¨®n de explotaci¨®n de 75 a?os. La gesti¨®n es privada; la plantilla docente, concertada.
Los CIS se extender¨¢n, en segunda opci¨®n, ¡°a los centros p¨²blicos que requieran de una reforma integral¡± y donde el municipio demuestre que tiene problemas ¡°urgentes¡± de escolarizaci¨®n. Aunque la naturaleza p¨²blica de un centro educativo no se puede revertir tan f¨¢cilmente, con la normativa b¨¢sica de la Ley de Contratos y de Patrimonio.
La tercera consiste en un plan integral de eliminaci¨®n de los 900 barracones v¨ªa opci¨®n de compra o el leasing (un contrato de arrendamiento por un periodo que normalmente dura 30 a?os y ofrece ventajas fiscales y de capitalizaci¨®n). No est¨¢ claro, al final del contrato, si la gesti¨®n y los docentes seguir¨¢n siendo de titularidad p¨²blica. ¡°Hay que buscar el instrumento m¨¢s f¨¢cil y que se adapte mejor a las necesidades. En cualquier caso, los CIS, el leasing, la opci¨®n de compra o cualquier otro instrumento jur¨ªdico tienen que dar respuesta al objetivo prioritario de resolver las necesidades educativas urgentes y eliminar las aulas provisionales¡±, avanza un alto cargo que trabaja en el proyecto.
Un plan con referencias indirectas
La entrada de capital privado, tanto en la construcci¨®n y la gesti¨®n, como tambi¨¦n en la supresi¨®n de las aulas provisiones o barracones se completa con un proyecto global denominado Plan de Previsi¨®n Educativa 2012-2015, del que los sindicatos de la ense?anza p¨²blica solo conocen dos p¨¢ginas con la declaraci¨®n de intenciones. El plan no ha pasado por el Consejo Escolar Valenciano ni por la Mesa Sectorial. Su ¨²nica referencia indirecta se encuentra contenida en art¨ªculo 102 del Anteproyecto de la Ley de Acompa?amiento a los Presupuestos de la Generalitat de 2012, que se?ala: ¡°La Generalitat podr¨¢ colaborar con los particulares en la promoci¨®n de centros educativos de iniciativa social (CIS), con el fin de garantizar la libertad de ense?anza. A tal efecto, podr¨¢ otorgar concesiones sobre bienes demaniales de su titularidad, as¨ª como los que le hayan sido transmitidos por otras Administraciones, para la construcci¨®n de centros educativos de titularidad privada que re¨²nan los requisitos para ser sostenidos con fondos p¨²blicos¡±. Es decir, concertados.
El citado art¨ªculo 102 abre la puerta, pues, a facilitar la cesi¨®n de cualquier infraestructura y equipamiento educativo p¨²blico para su reforma y utilizaci¨®n por parte de empresas privadas. Ah¨ª entra la privatizaci¨®n de la supresi¨®n de las 900 aulas prefabricadas instaladas en la red p¨²blica, cuyo coste de m¨¢s de 7 millones de euros (1.100 millones de las antiguas pesetas) asume anualmente la empresa p¨²blica de construcciones escolares Ciegsa.
Ciegsa, que solo tiene un cliente y que no paga ¡ªla Generalitat valenciana¡ª tiene una deuda acumulada de 2.200 millones por la reforma, la construcci¨®n y el equipamiento de 400 centros p¨²blicos en las ¨²ltimas dos legislaturas. Pero, ni la Generalitat ni Ciegsa pueden endeudarse m¨¢s.
El Consell estudia recurrir a f¨®rmulas como el leasing o la tradicional opci¨®n de compra para poder cumplir con el compromiso p¨²blico adquirido por el presidente Alberto Fabra y su consejero de Educaci¨®n, Jos¨¦ Ciscar, de ¡°eliminar las aulas provisionales¡± en esta legislatura.
¡°Con los centros CIS se pueden eliminar las aulas provisionales. Aunque el plan tiene que ser plurianual¡±, avanza el citado alto cargo que trabaja en el proyecto.
¡°Tenemos que tener un instrumento jur¨ªdico, pero tiene que ser plurianual. Es decir, que sirva para el a?o cero, para el segundo, para el tercero, para el cuarto...¡±, puntualiza, para explicar que la Generalitat estudia con lupa toda la normativa b¨¢sica y los vericuetos que le permitan adoptar una soluci¨®n que, insiste, ¡°est¨¢ implantada en Madrid desde hace dos legislaturas¡±. Por este sistema, la popular Esperanza Aguirre ha construido 80 centros educativos, de los cuales 50 son centros CIS. Aunque el proceso de privatizaci¨®n del colegio p¨²blico de El ?lamo ha sido tumbado dos veces por el Tribunal Superior de Justicia por no haber pasado por el consejo escolar del centro. ¡°Estudiamos soluciones globales. Se est¨¢ haciendo un estudio jur¨ªdico que permita dar cobertura legal a las necesidades de escolarizaci¨®n, para hacer frente a esas actuaciones¡±, concluye.
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