El Estado se queda con el Guadalquivir

Uno de los s¨ªmbolos estatutarios de Andaluc¨ªa se cay¨® ayer. El Estado recuper¨® todas las competencias ¡ªy los medios humanos y materiales para ejercerlas¡ª sobre el Guadalquivir. La reversi¨®n es la ¨²nica salida que el Gobierno y la Junta han encontrado a la sentencia del Tribunal Constitucional que anul¨® el art¨ªculo del Estatuto que permiti¨® a Andaluc¨ªa asumir en 2009 las competencias sobre las aguas de la cuenca que discurren por esta comunidad.

La ca¨ªda de este s¨ªmbolo, introducido en la reforma del Estatuto andaluz de 2007, ha sido a c¨¢mara lenta. Ha durado seis meses y 15 d¨ªas: lo que han tardado las dos Administraciones en concluir que la ¨²nica salida que hay (de momento) es que las competencias vuelvan al Estado.

Detr¨¢s de este problema est¨¢ el modelo de gesti¨®n de los r¨ªos que fluyen por m¨¢s de una comunidad. El 90,2% de la cuenca del Guadalquivir est¨¢ en Andaluc¨ªa. El conflicto surge con el 9,8% restante, que se extiende por Extremadura, Castilla-La Mancha y Murcia. Para este tipo de r¨ªos la Constituci¨®n establece en el art¨ªculo 149 que el Estado tiene "competencia exclusiva sobre (..) la legislaci¨®n, ordenaci¨®n y concesi¨®n de recursos y aprovechamientos hidr¨¢ulicos".

A la supuesta ruptura de la unidad de cuenca fue a lo que apel¨® Extremadura cuando recurri¨® el Estatuto andaluz. Y el Constitucional le dio la raz¨®n en marzo. Esa sentencia dej¨® en el aire los m¨¢s de dos a?os que llevaba Andaluc¨ªa gestionando las competencias sobre el 90,2% de la cuenca, que le fueron transferidas en enero de 2009. Tras el fallo, Gobierno y Junta aprobaron una encomienda de gesti¨®n transitoria. Las competencias sobre el r¨ªo volvieron al Estado, pero Andaluc¨ªa sigui¨® gestion¨¢ndolas como antes de la sentencia.

Las dos Administraciones se dieron seis meses para encontrar una soluci¨®n estable que cumpliera con las aspiraciones del Gobierno del socialista Jos¨¦ Antonio Gri?¨¢n y, a la vez, con el fallo del Constitucional. Esos seis meses se cumplieron hace 15 d¨ªas sin que se encontrara una soluci¨®n viable y legal. La Junta y el Gobierno se dieron otras dos semanas. Ayer caduc¨® la pr¨®rroga. No hubo acuerdo y el Consejo de Ministros aprob¨® un real decreto de reversi¨®n, que implica la vuelta al Estado, entre otros asuntos, de los 849 puestos de trabajo y 53 embalses que fueron transferidos a Andaluc¨ªa en 2009. Curiosamente, uno de los ministros que ha tenido que proponer formalmente la reversi¨®n ha sido Manuel Chaves, quien, cuando era el presidente andaluz, luch¨® para que el Estado cediera el r¨ªo a la Junta.

Este final no era ni mucho menos el previsto hace solo un mes. La Junta y el Ministerio de Medio Ambiente acordaron otra salida bien distinta el 16 de septiembre. A trav¨¦s de una reforma que se hizo a toda prisa de la Ley de Aguas estatal, el ministerio traspasar¨ªa las competencias de polic¨ªa hidr¨¢ulica a la Junta. Adem¨¢s, con otra encomienda de gesti¨®n asociada, el Gobierno tambi¨¦n ceder¨ªa la gesti¨®n y explotaci¨®n de alrededor de 18 embalses, la tramitaci¨®n de autorizaciones y la recaudaci¨®n del canon de vertidos y de utilizaci¨®n de bienes de dominio p¨²blico. A finales de septiembre el acuerdo estaba pr¨¢cticamente cerrado e, incluso, se sab¨ªa que Andaluc¨ªa se quedar¨ªa con alrededor del 55% de los 849 puestos de trabajo asociados a la gesti¨®n de la cuenca.

Pero el problema, seg¨²n reconoci¨® ayer la consejera andaluza de la Presidencia, Mar Moreno, surgi¨® en el ¨²ltimo momento con los servicios jur¨ªdicos del Gobierno. La Abogac¨ªa del Estado no ha encontrado un respaldo legal para traspasar los medios humanos y materiales a trav¨¦s de la encomienda.

Ante esta situaci¨®n, el Gobierno propuso que la Junta asumiera la polic¨ªa hidr¨¢ulica ¡ªcon respaldo legal gracias a la reforma de la Ley de Aguas¡ª y ejerciera el resto de labores con una encomienda de cinco a?os de vigencia. La Junta ha rechazado esta propuesta. Moreno reconoci¨® que, al no encontrar las dos Administraciones una ¡°soluci¨®n perfectamente legal y jur¨ªdicamente pac¨ªfica¡±, han preferido la devoluci¨®n total. Las otras tres comunidades implicadas en este asunto ya hab¨ªan manifestado que, si el Gobierno y la Junta cerraban un acuerdo que consideraran perjudicial, estar¨ªan dispuestas a recurrirlo en los tribunales. Y el ¨²ltimo precedente del Constitucional no era positivo para los intereses de la Junta.

La inseguridad jur¨ªdica ha sido una constante desde que el Constitucional tumb¨® en marzo el Estatuto. Despu¨¦s, el Supremo anul¨®, hasta en tres ocasiones, el decreto por el que se materializ¨® el traspaso de las competencias en 2009. Adem¨¢s, los tribunales de lo contencioso-administrativo han puesto en duda, a trav¨¦s de varias sentencias, las sanciones que la Junta ha impuesto en los dos ¨²ltimos a?os por da?os al dominio p¨²blico hidr¨¢ulico en el Guadalquivir.

Pese a la reversi¨®n de ayer, Andaluc¨ªa no abandona totalmente su reivindicaci¨®n del r¨ªo. El Parlamento regional, con los votos de todos los partidos (PSOE, PP e IU), ha empezado a tramitar una proposici¨®n de ley org¨¢nica para que el Estado vuelva a delegar todas las competencias sobre el r¨ªo. Se amparan en el art¨ªculo 150.2 de la Constituci¨®n, que permite al Estado delegar competencias mediante una ley org¨¢nica. El Parlamento andaluz enviar¨¢ esa proposici¨®n al Congreso de los Diputados. Y ser¨¢ el nuevo Gobierno el que decida sobre esta reivindicaci¨®n de Andaluc¨ªa.