La juez apunta a Gri?¨¢n

La juez del caso de los ERE, Mercedes Alaya, denuncia ¡°la concesi¨®n il¨ªcita de ayudas p¨²blicas durante m¨¢s de una d¨¦cada¡± en la Junta y busca determinar la responsabilidad del presidente Jos¨¦ Antonio Gri?¨¢n durante su etapa al frente de la Consejer¨ªa de Econom¨ªa. La Junta de Andaluc¨ªa ha negado en un comunicado que la investigaci¨®n apunte a Gri?¨¢n y ha afirmado que la juez se limita a "solicitar informaci¨®n requerida por la representaci¨®n del PP".

Alaya, a solo cinco d¨ªas de las elecciones y tras protagonizar un sonado enfrentamiento con la Junta por las actas de los Consejos de Gobierno que dilucid¨® el Supremo a su favor, pide ahora a la agencia IDEA las autorizaciones concedidas por la Consejer¨ªa de Econom¨ªa para las ¡°operaciones de endeudamiento igual o superior a 1,2 millones¡± concedidas a 21 empresas y tramitadas por la Junta de Andaluc¨ªa. La juez matiza que ¡°por ahora¡± se centra en Empleo, tras su anterior aviso de que examinar¨¢ las ayudas concedidas desde las consejer¨ªas de Turismo, Agricultura y Pesca y Ciencia, Innovaci¨®n y Empresa.

Sobre este asunto, la Junta ha explicado que la supuesta obligaci¨®n de una autorizaci¨®n por parte de la Consejer¨ªa de Econom¨ªa "no existe". La prescripci¨®n legal que se menciona no afecta a los cambios investigados, no afecta a la concesi¨®n de subvenciones, sino a las operaciones de endeudamiento de la agencia IDEA.

En el auto notificado hoy a las partes llama la atenci¨®n una petici¨®n concreta: ¡°Procede reclamar la vida laboral de la empresa Matsa¡± y las subvenciones que recibi¨® de la Junta. Por lo tanto, la magistrado reabrir¨ªa en cierto modo el caso Matsa, que tiene su origen en una subvenci¨®n de 10 millones que el Ejecutivo andaluz concedi¨® a la empresa Minas de Aguas Te?idas (Matsa), donde trabaja como apoderada su hija Paula Chaves, y en cuya aprobaci¨®n particip¨® el expresidente del Gobierno andaluz. El Supremo y el TSJA han dado por cerrado este caso, tanto en la v¨ªa penal como en la contencioso-administrativa.

Asimismo, la juez ordena comunicar sus derechos como imputado a Juan Rodr¨ªguez Cordob¨¦s, ex delegado provincial de la Consejer¨ªa de Trabajo en Sevilla, y a Antonio Fern¨¢ndez Garz¨®n "como beneficiarios de una p¨®liza suscrita con La Estrella para dar cobertura a las ayudas sociolaborales concedidas a los extrabajadores de Calderinox", en las que "el tomador es CCOO" y a pesar de que "ninguno de los dos hab¨ªa trabajado nunca para dicha empresa".

Adem¨¢s, Alaya pide al Instituto Nacional de Empleo en Huelva la relaci¨®n de 796 trabajadores de las empresas mineras afectadas por diversos ERE, para analizar los cobros supuestamente irregulares que percibieron los empleados. Para ello solicita copia del Plan ?nico del Gobierno central para la crisis de la Faja Pir¨ªtica andaluza. Pero en lugar de ped¨ªrselo al Ejecutivo central, la juez se dirige al PP por el simple hecho de que la representaci¨®n del alcalde de Sevilla, Juan Ignacio Zoido y el secretario general del PP andaluz Antonio Sanz, podr¨ªa incorporarlo a la causa antes, ya que en la ¨¦poca de la reconversi¨®n minera el PP ostentaba ¡°el Gobierno de la Naci¨®n¡±.

Mientras, tras subrayar la juez c¨®mo el grupo empresarial liderado por el exconcejal socialista Jos¨¦ Enrique Rosendo recibi¨® 13,7 millones de euros, la magistrada pide a la Junta que le informe de si otras empresas o bien alg¨²n otro grupo empresarial ¡°hab¨ªan recibido de otras Consejer¨ªas otras subvenciones distintas de las de Empleo¡±. Ante las sospechas derivadas de la investigaci¨®n, Alaya la extiende a la Direcci¨®n General de Fondos Europeos, dependiente de la Consejer¨ªa de Econom¨ªa, ¡°para investigar el presunto uso abusivo de fondos p¨²blicos¡±.