Radiograf¨ªa del pa¨ªs ante el 21-N

El candidato del Partido Popular asegur¨® que, si sale finalmente elegido en las elecciones del 20 de noviembre y llega a La Moncloa, no se quejar¨¢ de la "herencia" que reciba del Gobierno socialista de Jos¨¦ Luis Rodr¨ªguez Zapatero. "Si los espa?oles quieren que yo gobierne es que para que resuelva problemas y no para que se los cuente¡±, afirm¨® la semana pasada Mariano Rajoy. En cualquier caso, al margen de quien ser¨¢ el pr¨®ximo jefe del Ejecutivo, se tendr¨¢ que hacer cargo de una situaci¨®n muy distinta a la de la primavera de 2008, cuando arranc¨® la IX legislatura. Lo que sigue es un mapa del legado de los ¨²ltimos tres a?os y medio, empezando por lo m¨¢s relevante de la herencia: la situaci¨®n econ¨®mica.?

El efecto de la crisis

Todo lo que pod¨ªa ir mal en los ¨²ltimos meses, en las ¨²ltimas semanas, en los ¨²ltimos d¨ªas incluso, ha ido peor. Cuando el presidente del Gobierno, Jos¨¦ Luis Rodr¨ªguez Zapatero, anunci¨® que adelantaba las elecciones generales a este domingo, el efecto devastador de la crisis era ya un obst¨¢culo casi insalvable para el PSOE, la principal baza de los populares. Pero ha sido en el ¨²ltimo suspiro cuando la herencia econ¨®mica de la ¨²ltima legislatura socialista ha cogido el tono l¨²gubre de las situaciones cr¨ªticas.

Cinco millones de parados. Hay cifras que se van cargando de simbolismo. El Gobierno tild¨® de catastrofista cualquier previsi¨®n que apuntara a la posibilidad de alcanzar ese nivel de desempleo. En verano se lleg¨® a 4,978 millones, aunque la estad¨ªstica lo revel¨® a finales de octubre, a un mes escaso de las elecciones. No ha hecho falta esperar a finales de a?o para certificar que no habr¨¢ recuperaci¨®n del empleo en 2011. Tampoco se espera ya para 2012.

Buena parte de las medidas adoptadas en el tercio final de la legislatura han ido destinadas a atar en corto una cifra, la que representa el d¨¦ficit p¨²blico, baremo de las exigencias de la Uni¨®n Europea, de la presi¨®n de los mercados. Espa?a logr¨® atenerse al objetivo acordado con Bruselas el a?o pasado, pero casi nadie cree que se acabe este ejercicio con un saldo negativo equivalente al 6% del PIB, el objetivo de este a?o. La semana pasada, la Comisi¨®n Europea anticipaba otra cifra, 16.000 millones de euros, que fija los l¨ªmites de otro ajuste m¨¢s, el que tendr¨ªa que afrontar el pr¨®ximo a?o el nuevo Gobierno.

El inicio y el final de la legislatura est¨¢n marcados por la recesi¨®n. Entre 2008 y 2009 la econom¨ªa espa?ola, como el resto de pa¨ªses avanzados, sufri¨® el mayor retroceso en medio siglo. Esta semana, la contabilidad nacional ha corroborado que Espa?a esquiv¨® la reca¨ªda por una cent¨¦sima este verano. Muchos expertos apuntan a una recesi¨®n en el paso de 2011 a 2012. Ser¨¢ limitada y moderada, pero aplaza cualquier atisbo de recuperaci¨®n.

500 puntos b¨¢sicos y 7%. Son n¨²meros asociados a la prima de riesgo y de la rentabilidad de los bonos a diez a?os. Son tambi¨¦n fronteras; las del territorio donde las dudas sobre la viabilidad de la deuda p¨²blica de un pa¨ªs se disparan, un espacio donde los inversores apuestan ya a que se necesitar¨¢ el auxilio de la UE o el FMI. Espa?a pis¨® por primera vez las l¨ªneas rojas esta misma semana, lo que lega un coste de financiaci¨®n inasumible, que lastrar¨¢ a bancos, familias, empresas y administraciones.

Justicia

El pr¨®ximo Gobierno se encontrar¨¢ una justicia saturada. Pero el problema en este fundamental servicio no se limita a los usuarios sino que alcanza a quienes han de impartirla, entre los que tambi¨¦n anda el r¨ªo revuelto.

Sobre los usuarios pesa la lentitud en la resoluci¨®n de procedimientos. En 2010 se presentaron 9,3 millones de asuntos en los ¨®rganos judiciales y, aunque supone una reducci¨®n de algo m¨¢s del 2% respecto al a?o anterior, la congesti¨®n hace que la carga sobre los jueces sobrepase todos los ratios se?alados. Y en todas las materias. Tambi¨¦n en los Tribunales Superiores auton¨®micos en los que la peor situaci¨®n se vive en Castilla-La Mancha, Rioja, Comunidad Valenciana, Murcia, Baleares y Galicia y la ¡°mejor¡± en Arag¨®n, Andaluc¨ªa y Pa¨ªs vasco, seg¨²n datos del Consejo General del Poder Judicial.

Hace unos meses se lanz¨® la posibilidad de una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, planteada con el objetivo de reducci¨®n los tiempos de tramitaci¨®n. El nuevo gobierno habr¨¢ de decidir sobre ella, aunque en ning¨²n caso se plantea como una prioridad.

Despu¨¦s de varias pol¨¦micas, el Ejecutivo que salga de las urnas tras el 20-N tambi¨¦n habr¨¢ de abordar el sistema de elecci¨®n de los vocales del ¨®rganos de gobierno de los jueces, el Consejo General del poder Judicial, y la renovaci¨®n del Tribunal Constitucional, que ha estado en interinidad durante meses, hasta provocar la dimisi¨®n, no aceptada, de tres de sus miembros. El escollo ha sido la falta de acuerdo entre los dos partidos mayoritarios. La soluci¨®n solo se ha aplazado, pero ha de abordarse.

Sanidad

El derecho a la protecci¨®n de la salud, recogido en la Constituci¨®n, y la organizaci¨®n de sus prestaciones y servicios, encomendada a los poderes p¨²blicos, est¨¢ siendo una de las batallas de la campa?a electoral. Sobre todo, por los problemas de financiaci¨®n que la cobertura de este derecho arrastra. Compete al Estado la coordinaci¨®n de la Sanidad y la pol¨ªtica del medicamento, entre otras cosas, mientras que las Comunidades Aut¨®nomas son las encargadas de la planificaci¨®n sanitaria y de gestionar los servicios de salud con las transferencias que reciben del Estado. Sin embargo, estas aportaciones no son finalistas, con lo que el Ejecutivo puede enviar, con este destino, dinero a los gobiernos auton¨®micos, que pueden desviarlo a otros servicios. As¨ª, cada autonom¨ªa destina una cantidad distinta a cada uno de sus ciudadanos protegidos.

La sanidad espa?ola est¨¢ bien considerada ya que, seg¨²n una encuesta del Centro de Investigaciones Sociol¨®gicas (CIS) realizada en 2010, los ciudadanos valoran favorablemente el funcionamiento del Sistema Sanitario espa?ol, ya que m¨¢s de 7 de cada 10 ciudadanos (73,9 %) consideran que funciona bastante bien o bien (aunque precisar¨ªa algunos cambios).

Pese a que las asignaciones a Sanidad son de las m¨¢s cuantiosas dentro de los presupuestos (el sistema sanitario p¨²blico cost¨® 70.000 millones de euros en 2009), la crisis ha provocado un descenso de estas partidas, tambi¨¦n desde el ministerio, y, sobre todo, un conflicto respecto a la f¨®rmula a aplicar para mejorar la financiaci¨®n del servicio cuyo d¨¦ficit actual se ha situado entre los 15.000 y 20.000 millones de euros.

El pr¨®ximo Gobierno habr¨¢ de decidir si se recurre al sonado copago, si var¨ªa la pol¨ªtica sobre el gasto farmac¨¦utico o recurre a otras f¨®rmulas de ingreso que sostengan este gasto. Adem¨¢s, el ejecutivo que salga del 20-N tendr¨¢ que decidir sobre la Ley de dependencia, en la que, desde su aprobaci¨®n en 2007, el Estado ha invertido 5.390 millones de euros. Los socialistas pretenden mantenerla, mientras que el PP considera que ¡°no existe un modelo de financiaci¨®n suficiente y sostenible de estos servicios y prestaciones¡±.

Medio Ambiente

El trasvase del Ebro ha dejado de ser, en esta campa?a, arma arrojadiza. Si las pol¨ªticas que se apliquen tras las elecciones surgen de las bases de los programas electorales, el derogado Plan Hidrol¨®gico Nacional (PHN) se quedar¨ªa como est¨¢, derogado.

Otra cosa es la energ¨ªa, sobre la que el pr¨®ximo Gobierno s¨ª habr¨¢ de tomar decisiones. Los precios de los productos energ¨¦ticos, gasto base para las industrias, no paran de subir y la eficiencia dista mucho de ser ¨®ptima. Espa?a importa el 80% de los combustibles f¨®siles que consume, que adem¨¢s son la principal fuente de energ¨ªa y los partidos apuestas por un Plan energ¨¦tico que, adem¨¢s, ha de tener en cuenta el peligro del cambio clim¨¢tico y el apoyo a las renovables. Entre las alternativas tambi¨¦n est¨¢n las nucleares, que s¨ª han copado parte de la campa?a y para las que los distintos partidos auguran un futuro diferente. El nuevo Gobierno habr¨¢ de abordar las medidas para lograr el compromiso firmado en por los Estados miembros de la Uni¨®n Europea, comprometidos a reducir para 2020 el consumo de energ¨ªa primaria en un 20%

En relaci¨®n al medio ambiente, el nuevo gobierno topar¨¢ con los objetivos pactados para 2012 respecto a las emisiones de CO2 en Kyoto, unos l¨ªmites que se superan y que obligan a destinar miles de millones de euros a la compra de derechos de emisi¨®n que, sin embargo, algunas industrias est¨¢n vendiendo, debido al descenso de la producci¨®n.

En lo que no se ha fijado la vista es en la generaci¨®n de residuos, con competencias transferidas, puesto que lo est¨¢ el medio ambiente, a las comunidades aut¨®nomas. Sin embargo, los partidos tambi¨¦n hacen referencia a la necesidad de unas normas estatales y de promoci¨®n del reciclaje para evitar acumulaciones que da?an al medio ambiente e incluso a la salud.

Pol¨ªtica interior

Con el anuncio de ETA del cese de la violencia, la pol¨ªtica interior partir¨¢ de premisas distintas a las de otras legislaturas. La vista se situar¨¢ m¨¢s en la amenaza terrorista exterior y en el crimen organizado, tal como aparece en los distintos programas electorales.

Seg¨²n el ministerio del Interior, la tasa de criminalidad en 2010 (delitos y faltas por cada 1.000 habitantes) fue del 45,1, la menor de los ¨²ltimos once a?os. Estos datos se corroboran en las causas por delito que se tramitaron en las fiscal¨ªas que, en ese mismo a?o, supusieron una reducci¨®n de casi el 6% respecto al anterior. Bajaron los delitos contra la vida y la integridad f¨ªsica (un 10,1% menos), los robos con violencia o intimidaci¨®n (con un 20,9% menos), los hurtos (con un 13% menos), los robos con fuerza (con un 14,9% menos), y los delitos contra la libertad sexual (un 7,4% menos) pero subieron los delitos econ¨®micos, las falsedades documentales, las estafas y los blanqueos.

El mantenimiento o ampliaci¨®n del n¨²mero de agentes de las fuerzas de seguridad del Estado, el desarrollo de los servicios de inteligencia y la cooperaci¨®n internacional ser¨¢n algunos de los puntos en los que habr¨¢ de seguir trabajando el pr¨®ximo gobierno, con el fin de luchar no solo contra el terrorismo sino con la proliferaci¨®n de bandas organizadas.

Educaci¨®n

La escuela que herede el pr¨®ximo Gobierno ser¨¢ una instituci¨®n en crisis. Lo dejan de manifiesto los datos del Informe Pisa (la tasa de abandono de la ESO duplica la media de la Uni¨®n Europea, por ejemplo) y el modelo educativo que, a diferencia de otros pa¨ªses, a¨²n no tiene una vocaci¨®n clara. La tensi¨®n entre lo p¨²blico y lo privado (Espa?a es el pa¨ªs europeo con menor porcentaje de centros p¨²blicos) es, por otro lado, precisamente una de las cuestiones que causa m¨¢s malestar ente los docentes, en pie de guerra desde hace meses.

La inquietud, adem¨¢s, se extiende a las asociaciones de padres de alumnos y, de ah¨ª, a la sociedad. La sensaci¨®n es que la educaci¨®n, a partir del planteamiento de las asignaturas, pasando por la organizaci¨®n del trabajo docente hasta los resultados objetivos de los alumnos, no se adapta a las exigencias del siglo XXI.

El Ejecutivo de Jos¨¦ Luis Rodr¨ªguez Zapatero lo intent¨®. Sin embargo, el pacto de Estado por la educaci¨®n, que ahora reclaman tanto el candidato socialista, Alfredo P¨¦rez Rubalcaba, como el aspirante del PP, Mariano Rajoy, fracas¨® por falta de acuerdo precisamente sobre el debate entre modelo educativo p¨²blico o privado. Durante la negociaci¨®n, impulsada por el ministro ?ngel Gabilondo, una de las propuestas del PP fue el principio de ¡°libertad de elecci¨®n¡±. Se trataba de garantizar por ley que, si un colegio privado tiene suficiente demanda, tambi¨¦n reciba subvenci¨®n. Esta fue precisamente una de las razones que hizo fracasar el pacto. Aun as¨ª, si ahora Rajoy llegar¨¢ a gobernar, ser¨¢ uno de los primeros principios que pretender¨¢ incluir en el texto.

Tensiones territoriales

La pol¨ªtica h¨ªdrica y la fiscalidad posiblemente sean las cuestiones territoriales que, al margen del final de la banda terrorista ETA y de las tensiones independentistas, marcar¨¢n la pr¨®xima legislatura. El Plan Hidrol¨®gico Nacional que el Gobierno de Jos¨¦ Mar¨ªa Aznar aprob¨® hace 10 a?os, en 2001, todav¨ªa trae cola y, aunque el trasvase del Ebro haya dejado de ser una cuesti¨®n tan candente, s¨ª puede entorpecer entre Rajoy, si gobierna, y su probable socio CiU. El cabeza de lista, Josep Antoni Duran Lleida, quien ha asegurado que ¡°el PP se ver¨¢ obligado¡± a o¨ªrles ¡°aunque tenga mayor¨ªa absoluta, ya ha dejado claro que su formaci¨®n no apoyar¨¢ el trasvase.

Mientras la fiscalidad y la autodeterminaci¨®n marcan los programas de los partidos nacionalistas, Mariano Rajoy se comprometi¨® el s¨¢bado pasado en Pamplona a impulsar la derogaci¨®n de la disposici¨®n transitoria cuarta de la Constituci¨®n, que entreabre la posibilidad de absorci¨®n de Navarra por Euskadi. Se trata en principio de un deseo de la presidenta regional, Yolanda Barcina (UPN), que el PP ha recogido ahora. De hecho, el partido de Rajoy y Uni¨®n del Pueblo Navarro se han quedado solos en la defensa del bloqueo a la anexi¨®n.

Cultura

Est¨¢n sobre la mesa la ley Sinde y el futuro del canon digital, cuya derogaci¨®n o confirmaci¨®n depende el pr¨®ximo Ejecutivo, el debate sobre el IVA superreducido del libro digital y la ley del cine.

Rajoy, si gobierna, planea llevar el Ministerio de Cultura directamente a Presidencia, lo que ya inquieta al sector audiovisual o al editorial. Los populares no olvidan, de todas formas, un asunto que les interesa de forma epecial: el idioma. El principal organismo encargado de la difusi¨®n del espa?ol en el mundo ser¨¢, como hasta ahora, el Instituto Cervantes.?

Con respecto a la Memoria hist¨®rica, desde el a?o 2000 se han exhumado en Espa?a m¨¢s de 360 fosas del franquismo con cerca de 5.400 v¨ªctimas. Quedan por abrir unas 1.200. Desde diciembre de 2007, cuando se aprob¨® la llamada ley de la memoria hist¨®rica, las asociaciones de familiares pueden solicitar subvenciones para desenterrar a los fusilados de las cunetas. El Gobierno ha invertido m¨¢s de 20 millones de euros en casi 650 proyectos relacionados con la recuperaci¨®n de la memoria hist¨®rica, incluida la apertura de fosas. Pero los afectados siempre han considerado insuficiente la ley porque reclaman que el Estado asuma directamente las tareas de localizaci¨®n, exhumaci¨®n e identificaci¨®n de los desaparecidos del franquismo (unos 113.000) y no solo las subvencione, informa Natalia Junquera.

El Gobierno ha elaborado un mapa de fosas ¨C las comunidades del PP se negaron a aportar datos- y un cat¨¢logo de vestigios para eliminar aquellas placas o monumentos que ensalzaban el franquismo. El s¨ªmbolo del s¨ªmbolo, el Valle de los Ca¨ªdos, permanece. El ministro de la presidencia, Ram¨®n J¨¢uregui, encarg¨® a una comisi¨®n de expertos (historiadores, juristas, fil¨®sofos, antrop¨®logos) que elaborara un plan para reinventarlo y darle un significado democr¨¢tico. Entregar¨¢n su informe despu¨¦s de estas elecciones.

Pol¨ªtica exterior

La acci¨®n exterior ha sido uno de los ejes de todos los programas electorales, mientras que las cuestiones internacionales m¨¢s candentes siguen siendo la retirada de las tropas de Afganist¨¢n, las relaciones con Marruecos, Cuba o Gibraltar, y, por supuesto, el lugar de Espa?a con respecto a la Uni¨®n Europea y Am¨¦rica Latina o la posici¨®n de Naciones Unidas sobre Palestina. Lo que cambia, y cambiar¨¢ si Mariano Rajoy llega a La Moncloa, son las formas de abordar estas pol¨ªticas.?

Un Gobierno del PP, por ejemplo, revisar¨ªa radicalmente la pol¨ªtica exterior espa?ola si conquista el poder tras las elecciones del 20 de noviembre. Ya lo explic¨® Jorge Moragas, coordinador de Relaciones Internacionales del Partido Popular y jefe de Gabinete de Rajoy. El dirigente popular defiende unos planes que se encuentran en las ant¨ªpodas de los que ha llevado a cabo hasta ahora el Gobierno socialista.

El PP podr¨ªa cambiar, sin ir m¨¢s lejos, el calendario de la retirada de las tropas de Afganist¨¢n, que deber¨ªa completarse en 2014. Sobre la mesa est¨¢n tambi¨¦n un refer¨¦ndum sobre la autodeterminaci¨®n del S¨¢hara, las relaciones con el Foro Tripartito de Gibraltar (que seg¨²n Moragas no beneficia a Espa?a).

Con informaci¨®n de Natalia Junquera.