Dos semanas de v¨¦rtigo para recortar, congelar sueldos y subir pensiones

Si Mariano Rajoy resulta investido el pr¨®ximo 16 de diciembre, fecha aproximada para la votaci¨®n del nuevo presidente en el Congreso de los Diputados, su Gobierno deber¨¢ tomar en dos semanas trepidantes algunas decisiones impopulares, otras populistas, y todas ellas trascendentes para el futuro econ¨®mico de Espa?a.

El nuevo Ejecutivo tendr¨¢ que definir la cuant¨ªa de la subida de las pensiones ¡ªsimilar al IPC, seg¨²n el compromiso del PP¡ª y el sueldo de 3,1 millones de funcionarios de todas las administraciones p¨²blicas (que baj¨® un 5% de media en 2010 y se congel¨® en 2011). Lo deber¨¢ hacer mediante un decreto ley de pr¨®rroga de presupuestos, un texto b¨¢sico donde puede concretar otras cuestiones que dependen de la voluntad del nuevo Ejecutivo.

? Presupuesto y recortes. El primer trimestre de 2012 lo tendr¨¢ el Gobierno para perfilar los presupuestos generales del Estado, donde deber¨¢n ir asuntos mayores. El primero, trascendental y especialmente sensible consiste en c¨®mo recortar 16.000 millones de euros de gastos (porque los ingresos no parece que vayan a subir por la v¨ªa de la reforma fiscal prometida) para cumplir con el 4,4% de d¨¦ficit comprometido a finales de 2012 sin que afecte a la educaci¨®n y la sanidad.

Son 16.000 millones de euros si el d¨¦ficit a finales de 2011 no supera el 6% previsto. Cada punto de desviaci¨®n son 10.000 millones de euros, m¨¢s de tijeretazo al gasto p¨²blico. El PP quiere suprimir organismos aut¨®nomos que cree in¨²tiles en la administraci¨®n y despedir a empleados de empresas p¨²blicas, aunque no se sabe a cu¨¢ntos. Esto tambi¨¦n llegar¨¢ en los primeros d¨ªas de Gobierno.

? Financiaci¨®n auton¨®mica. El Gobierno debe decidir la cuant¨ªa de las entregas a cuenta a las comunidades del primer trimestre de 2012 para que los Gobiernos regionales (11 de los 17 son del PP) sepan a qu¨¦ atenerse. Tambi¨¦n deber¨¢n aclarar las previsiones de ingresos del Estado para 2012, vital para que las autonom¨ªas cuadren sus presupuestos.

? Reforma laboral. El PP considera urgente una reforma laboral para incentivar la creaci¨®n de empleo. Aunque no ofreci¨® grandes detalles durante la campa?a, Rajoy prepara una normativa que reduzca el n¨²mero de contratos y flexibilice la negociaci¨®n colectiva, de manera que las empresas puedan establecer sus propios acuerdos con los trabajadores sin que prevalezca sobre los mismos el convenio del sector.

? Ayuda de 400 euros a parados. Pr¨®rroga o no. Antes de que se aprueben los presupuestos de 2012, Rajoy deber¨¢ decidir si prorroga la ayuda de 400 euros para parados sin ingresos que agotaron su prestaci¨®n reglamentaria. Zapatero lo hizo el pasado 16 de agosto por seis meses, que concluyen el 15 de febrero de 2012. Unos 200.000 desempleados se benefician de la ayuda. Rajoy, en la entrevista con EL PA?S, se?al¨®: ¡°Yo creo que las prestaciones por desempleo van a bajar, pero no porque la gente deje de cobrar el desempleo, sino porque va a haber menos personas con derecho a cobrar el desempleo¡±.

? Inversiones y obras p¨²blicas. En las cuentas p¨²blicas de 2012, probablemente las m¨¢s dif¨ªciles que ha tenido un Gobierno espa?ol en los ¨²ltimos a?os, Rajoy deber¨¢ definir su apuesta por las infraestructuras. En la entrevista a EL PA?S, se?al¨®: ¡°A lo mejor habr¨¢ que hacer menos obras p¨²blicas, dar prioridad a terminar las que ya est¨¢n en marcha¡±.

? Nuevo fiscal general del Estado: decisiones sobre Camps, Garz¨®n, Blanco y Urdangarin. En el terreno judicial, el nuevo Gobierno deber¨¢ nombrar en sus primeros consejos de ministros al Fiscal General del Estado, que tendr¨¢ en su agenda temas delicados que est¨¢n pendientes de juicio y donde la Fiscal¨ªa adopt¨® una postura que ahora, con nuevo jefe, podr¨ªa cambiar.

Es el caso del procesamiento de Baltasar Garz¨®n, donde la fiscal¨ªa del Supremo se ha opuesto a las iniciativas de los magistrados y pide la absoluci¨®n del juez en el caso de las escuchas del caso G¨¹rtel.

En relaci¨®n con la trama de corrupci¨®n masiva vinculada al PP, todav¨ªa sigue instruy¨¦ndose en tres tribunales superiores de Justicia (Comunidad Valenciana, Castilla y Le¨®n y Madrid) con significados dirigentes del PP imputados. Uno de ellos, ex presidente valenciano y diputado auton¨®mico, se sentar¨¢ en el banquillo en unas semanas y la fiscal¨ªa le acusaba de cohecho impropio.

Tambi¨¦n est¨¢ pendiente la actuaci¨®n de la fiscal¨ªa en una derivada del caso Palma Arena, donde tras meses de investigaci¨®n, los representantes del ministerio p¨²blico ya han escrito en un informe que ha recogido el juez en sus ¨²ltimos autos que I?aki Urdangarin, duque de Palma y yerno del Rey, se apropi¨® de fondos p¨²blicos a trav¨¦s de una trama societaria que se aprovech¨® de dos contratos suscritos por una fundaci¨®n sin ¨¢nimo de lucro con el Gobierno balear de Jaume Matas (PP) para celebrar congresos sobre turismo y deporte. La Fiscal¨ªa del Supremo tambi¨¦n debe pronunciarse sobre si procede o no abrir una investigaci¨®n judicial al ministro de Fomento, Jos¨¦ Blanco, por la denuncia de un empresario corrupto sobre el supuesto cobro de comisiones ilegales.

? Renovaci¨®n del Tribunal Constitucional. El Congreso no hizo los deberes y cuatro magistrados del Constitucional siguen en sus puestos aunque su mandato caduc¨® hace un a?o porque PP y PSOE no se pusieron de acuerdo sobre los sustitutos, que deben ser nombrados con una mayor¨ªa de tres quintos (210 diputados). Esa renovaci¨®n podr¨ªa dar lugar a una nueva batalla por la presidencia del Constitucional, crucial en votaciones donde se da un empate. Ahora, mandan con mayor¨ªa absoluta los magistrados elegidos a propuesta del PP.

El Constitucional tiene que decidir en los pr¨®ximos meses algunos asuntos especialmente sensibles. Por un lado, determinar¨¢ si legaliza a Sortu, la nueva formaci¨®n promovida por Batasuna. De otro, resolver¨¢ los 28 recursos, de los que 24 corresponden a presos de ETA, contra la doctrina Parot que prolonga su estancia en la c¨¢rcel. Adem¨¢s, tiene pendiente el Alto Tribunal el recurso del PP contra la ley que regula el matrimonio homosexual, que Rajoy todav¨ªa no ha aclarado si acatar¨¢ o, en caso de que los magistrados avalen la constitucionalidad del texto socialista, impulsar¨¢ su reforma para que la uni¨®n de dos hombres o dos mujeres no se llame matrimonio.