La Junta exige por su cuenta el dinero defraudado a los 72 intrusos de los ERE
Empleo inicia un proceso administrativo en paralelo al penal abierto por Mercedes Alaya
Hora de reclamar el dinero defraudado. En el esc¨¢ndalo de los ERE, al margen de los 30 imputados que ya acumula el caso, la Junta intenta que se reponga el da?o causado a las arcas p¨²blicas por parte de los 72 intrusos que percibieron p¨®lizas ilegales de empresas en las que nunca trabajaron. Para ello, inici¨® un procedimiento administrativo en paralelo a la instrucci¨®n penal que dirige la juez Mercedes Alaya. En las ¨²ltimas semanas el Ejecutivo ha enviado una comunicaci¨®n a los intrusos para que estos presenten sus alegaciones ante la reclamaci¨®n del dinero, una cifra que el consejero de Empleo, Manuel Recio, cifr¨® en unos 10 millones.
¡°Habi¨¦ndose constatado que el interesado no tuvo relaci¨®n laboral con la empresa (¡) Para el supuesto de quedar acreditado que estas cantidades hubiesen sido objeto de percepci¨®n indebida o irregular, las mismas podr¨¢n ser reclamadas (junto con intereses y cualesquiera otros gastos devengados) para su devoluci¨®n o reintegro a esta Administraci¨®n¡±, explica a los intrusos el jefe de Servicio de Ordenaci¨®n y Coordinaci¨®n Laboral de la Consejer¨ªa de Empleo, Rafael Ar¨¦valo, en las cartas selladas el 2 de noviembre. Los intrusos ya pudieron presentar alegaciones ante el procedimiento administrativo, pero ahora la consejer¨ªa vuelve a darles 10 d¨ªas para que ¡°presenten las alegaciones y aporten los documentos que estimen pertinentes¡±.
La Junta ha comenzado una reclamaci¨®n cuya resoluci¨®n es harto dif¨ªcil llegue a cumplirse satisfactoriamente para sus intereses. Los abogados plantean batalla ante la reclamaci¨®n de la Administraci¨®n, sobre todo despu¨¦s de que la juez haya decidido imponerles fianza a los primeros 16 intrusos que ya han declarado como imputados por valor de 4,8 millones.
¡°Le pedimos claramente: deje usted de investigar porque hay otro procedimiento penal abierto, seg¨²n el art¨ªculo 133 de la Ley de R¨¦gimen Jur¨ªdico de la Administraci¨®n P¨²blica¡±, se?ala Jos¨¦ Manuel Garc¨ªa Quiles, letrado del exalcalde de El Pedroso Rafael Rosendo. Otro letrado, Julio ?ngel Mart¨ªnez, que defiende al intermediario Juan Lanzas, coincide con Garc¨ªa Quiles en que el tr¨¢mite ¡°se duplica¡±. Y a?ade: ¡°Apreciamos errores en las cantidades y no hay declaraci¨®n de lesividad (necesaria para dejar sin efecto una resoluci¨®n administrativa) y un informe espec¨ªfico del Consejo Consultivo para anular las ayudas¡±. El letrado pone en duda la celeridad con la que la Junta lleva el procedimiento, y resalta que el plazo para el reintegro de las ayudas p¨²blicas prescribe a los cuatro a?os, al igual que con las ayudas directas a empresas (m¨¢s de 65 millones), algunas de las cuales Empleo ya ha confirmado que va a reclamar. ¡°Todo lo anterior a noviembre de 2007 podr¨ªa haber prescrito y hablamos de p¨®lizas cobradas en 2001¡±, a?ade.
En caso de que la Junta ignore las m¨²ltiples alegaciones que los letrados de los 72 intrusos que contabiliz¨® en su d¨ªa, estos iniciar¨¢n un procedimiento contencioso administrativo para paralizar el reintegro durante a?os.
El primer intruso que ha devuelto el dinero cobrado ilegalmente ha sido Rosendo, que consign¨® 112.000 euros en la cuenta bancaria del juzgado para acogerse al art¨ªculo 308 del C¨®digo Penal, que le dejar¨ªa exento de responsabilidad penal al reintegrar el dinero. Tras dicha consignaci¨®n y despu¨¦s de que la fiscal¨ªa pidiera 2,8 millones en fianzas para 14 intrusos, la juez Alaya reclam¨® en uno de sus ¨²ltimos autos, fechado el 18 de noviembre, a la Junta que le env¨ªe ¡°la relaci¨®n de cada uno de los imputados y las rentas que en su caso le consten recibidas por los aseguradores beneficiarios¡±.
En su ¨²ltimo auto de 30 de noviembre, en el que se fijaban las fianzas para 16 intrusos, la magistrada hizo un pormenorizado e individual repaso de las cantidades supuestamente percibidas por los imputados al ser incluidos en los ERE. A esa cantidad total, Alaya le suma un 30%. Estas fianzas, seg¨²n se?ala la juez, buscan que en el futuro se reintegren las ¡°ingentes cantidades de dinero que de manera presuntamente il¨ªcita han salido del erario p¨²blico¡±.
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