Catalu?a impulsar¨¢ pacto fiscal con una ley de consultas populares

Cada d¨ªa m¨¢s agobiado por las exigencias del Partido Popular, el presidente de la Generalitat, Artur Mas, hizo ayer un gesto hacia su electorado soberanista para intentarle convencer de que, pese a pactarlo casi todo con el PP, no renuncia a su discurso nacionalista. El Gobierno catal¨¢n aprob¨® el anteproyecto de ley de consultas populares, la herramienta que, seg¨²n la Generalitat, debe canalizar el llamado ¡°derecho a decidir¡± y que en un primer momento deber¨ªa amparar una consulta sobre el pacto fiscal.

El articulado del texto, que el Gobierno catal¨¢n no ha querido hacer p¨²blico hasta enviarlo hoy al Parlamento, establece que la Generalitat y los Ayuntamientos puedan realizar ¡°consultas no refrendarias¡± (que no necesitan de un refer¨¦ndum) sobre asuntos que sean de su competencia sin necesidad de pedir permiso al Gobierno central. Estas consultas no tendr¨¢n car¨¢cter vinculante y podr¨¢n participar todas las personas empadronadas con nacionalidad espa?ola, de otros Estados de la UE y de otros pa¨ªses como Islandia, Liechtenstein, Noruega o Suiza. La convocatoria de estas consultas podr¨¢n hacerla el Gobierno catal¨¢n y los Ayuntamientos, o cuando lo pidan un m¨ªnimo de 50.000 firmas en el caso de las de ¨¢mbito auton¨®mico. Para las de ¨¢mbito municipal har¨¢ falta un m¨ªnimo de un 5% de los empadronados en los municipios de m¨¢s de 100.000 habitantes.

Estos requisitos est¨¢n pensados para intentar sortear el recurso que pesa sobre la ley de consultas que aprob¨® el anterior Gobierno catal¨¢n, as¨ª como la prohibici¨®n de la consulta que en su d¨ªa impuls¨® el lehendakari Juan Jos¨¦ Ibarretxe.

El Gobierno recurri¨® la ley del tripartito, referida a consultas por la v¨ªa del refer¨¦ndum, porque entend¨ªa que el texto equiparaba la consulta popular al refer¨¦ndum. Esta ¨²ltima figura solo la puede convocar el Estado o, como m¨ªnimo, es el Gobierno central quien debe autorizarla. Por esta raz¨®n, la Generalitat insiste en que la ley que se dispone a aprobar ahora hace referencia a las ¡°consultas refrendarias¡±, si bien no explica las diferencias que implica el cambio de denominaci¨®n.

En cualquier caso, para salvar los problemas formales detectados en el pasado por el Tribunal Constitucional, la ley catalana no convocar¨¢ las consultas sobre la base del censo electoral, sino del padr¨®n ampliado a los residentes de los citados pa¨ªses. La Generalitat tambi¨¦n dej¨® claro ayer que esta herramienta no podr¨¢ ser utilizada para convocar una consulta sobre el derecho a la autodeterminaci¨®n. ¡°Para hacer este tipo de consulta deber¨ªa modificarse la Constituci¨®n¡±, admiti¨® el portavoz del Gobierno catal¨¢n, Francesc Homs. No en vano, la Generalitat recuerda que el Constitucional tumb¨® la consulta de Ibarretxe partiendo de la base de que cualquier cambio de relaci¨®n entre el Pa¨ªs Vasco y el resto de Espa?a incumb¨ªa a todos los espa?oles y no solo a los vascos.

La duda es si el Constitucional podr¨ªa utilizar el mismo argumento para tumbar una consulta sobre el modelo de financiaci¨®n de la Generalitat, puesto que un menor nivel de aportaciones de Catalu?a a la caja com¨²n tendr¨ªa consecuencias m¨¢s all¨¢ de esta comunidad. La Generalitat insiste en que este argumento no vale porque es competencia del Gobierno catal¨¢n impulsar una negociaci¨®n sobre el cambio de modelo de financiaci¨®n. Homs alert¨® de que quien impida este debate estar¨¢ ¡°amputando la expresi¨®n democr¨¢tica de un pueblo¡±.