Justicia al rev¨¦s

No deja de ser preocupante, como s¨ªntoma de una justicia al rev¨¦s, que los presuntos delincuentes logren sentar en el banquillo al juez que los investiga, mientras la justicia se muestra parsimoniosa en exigirles cuentas por sus fechor¨ªas. No es sorprendente, sin embargo, que ello le ocurra al juez Baltasar Garz¨®n y en relaci¨®n con el caso G¨¹rtel.

El juez que puso en marcha la investigaci¨®n de esta trama de corrupci¨®n se encontr¨® desde muy pronto con la enemiga declarada del entorno pol¨ªtico de los investigados, cargos auton¨®micos y municipales del Partido Popular, aunque sin excluir a la propia direcci¨®n nacional. El cerebro de la trama, Francisco Correa, hab¨ªa merecido ser invitado a la boda de la hija del entonces presidente del Gobierno, Jos¨¦ Mar¨ªa Aznar, en el monasterio de El Escorial, sin duda para alcanzar los par¨¢metros de respetabilidad exigidos. Los negocios de Correa basados en la obtenci¨®n irregular de contratos p¨²blicos ten¨ªan amplio cobijo en la Comunidad de Madrid y m¨¢s tarde se ampliaron a la valenciana ante la m¨¢s que amigable acogida del Gobierno de Camps. Garz¨®n, como los jueces que le han sucedido en la investigaci¨®n del caso G¨¹rtel, no ha sido santo de la devoci¨®n del PP, que no le ha ahorrado ataques, tanto dentro como fuera del proceso.

Garz¨®n comparece ante la Sala Segunda del Supremo en una de sus tres causas simult¨¢neas abiertas en este tribunal, acusado de prevaricaci¨®n por haber ordenado interceptar las conversaciones en prisi¨®n entre los cabecillas de la trama G¨¹rtel, Francisco Correa y Pablo Crespo, y sus abogados. Sospechaba el juez de su posible connivencia para poner a buen recaudo m¨¢s de 20 millones de euros ocultos en Suiza, como se desprend¨ªa de una conversaci¨®n del primer abogado de Crespo, tambi¨¦n imputado.

Parecer¨ªa desde la l¨®gica jur¨ªdica, y desde la presunci¨®n de rectitud que cabe atribuir al juez en el ejercicio de su funci¨®n, que Garz¨®n actu¨® para prevenir un posible delito, como era su deber. Lo hizo a petici¨®n de la Polic¨ªa Judicial y de la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n, de manera motivada y ampar¨¢ndose en la ley. Puede admitirse que el defensor de uno de los imputados y los cabecillas de la trama atribuyan a Garz¨®n la intenci¨®n de desbaratar ¡°sus estrategias de defensa¡±. Pero el Tribunal Supremo no puede optar, entre las hip¨®tesis posibles para explicar la conducta del juez, por la menos fundada y m¨¢s arbitraria, il¨®gica o absurda, d¨¢ndoles adem¨¢s alas en su pretensi¨®n de plantear, llegado el momento, la nulidad del proceso y dejar impunes sus actos.

Si Garz¨®n aplic¨® incorrectamente la ley ¡ªno m¨¢s que el juez Pedreira, su sucesor en la instrucci¨®n del caso G¨¹rtel, que prorrog¨® las escuchas, o el juez del Tribunal Superior de Madrid que las consider¨® ajustadas a derecho¡ª, ese error ha sido subsanado. El derecho de los afectados a un proceso justo est¨¢ garantizado. ?Tendr¨ªa el Supremo que ampararles tambi¨¦n en su empe?o de inhabilitar a Garz¨®n como juez?