Las falacias del independiente poder judicial que promete el PP

La vicepresidenta Soraya Saez de Santamar¨ªa pareci¨® resolver ayer en un minuto de inspiraci¨®n, el ¨²ltimo de su intervenci¨®n de cuatro horas en el Congreso, los problemas de la justicia. Anunci¨®, sin encomendarse a ning¨²n consenso, ni di¨¢logo, ni negociaci¨®n previa, que reformar¨¢n la Ley que regula la elecci¨®n del Consejo General del Poder Judicial, una especie de Gobierno de los jueces con m¨¢s funciones, para que recupere la independencia perdida desde 1985.

El argumento para la reforma es que el Consejo est¨¢ muy politizado y que ese problema se arregla si son los propios jueces, y no el parlamento como hasta ahora, quienes nombran a los 21 integrantes de ese organismo. Algunos hooligans progubernamentales se han sumado a la fiesta de la reforma judicial para devolver la independencia al Consejo que, supuestamente, se perdi¨® cuando el PSOE estableci¨® un nuevo modelo en 1985 para elegir a los vocales desde el parlamento.

La falacia, en este caso, tiene muchas patas, y todas tan torcidas como el derecho que aplican a veces algunos magistrados.

En julio de 2001, el Gobierno de Jos¨¦ Mar¨ªa Aznar y Mariano Rajoy sell¨® con el PSOE de Jos¨¦ Luis Rodr¨ªguez Zapatero un Pacto por la Justicia que, entre otras medidas, reformaba el sistema de elecci¨®n del Consejo General del Poder Judicial de manera que los jueces tuvieran un protagonismo especial para decidir quienes ocupaban 12 de los 20 puestos del consejo, pues los otros ocho correspond¨ªan a profesionales del derecho ajenos a la judicatura (abogados, catedr¨¢ticos, fiscales¡­). Los jueces propon¨ªan al congreso 36 nombres y de ellos, el parlamento eleg¨ªa a 12, reparti¨¦ndose el n¨²mero de vocales en funci¨®n de la representatividad pol¨ªtica de cada grupo.

Con ese sistema, que el entonces ministro de Justicia, ?ngel Acebes, consider¨® ideal, se eligi¨® el Consejo del Poder Judicial m¨¢s politizado de la historia. Con Francisco Hernando, hoy magistrado del Constitucional, como presidente, y Enrique L¨®pez, hoy magistrado en la Audiencia Nacional, como portavoz. Ambos se constituyeron en contundentes arietes del PP que embest¨ªan contra los socialistas, tanto cuando estaban en la oposici¨®n como cuando llegaron al poder.

Al PP, que gobern¨® con aquel modelo hasta 2004, le pareci¨® de perlas. Incluso cuando pas¨® a la oposici¨®n y se dio cuenta de que el Consejo General del Poder Judicial era un instrumento de oposici¨®n muy ¨²til. Sin que tuviera competencias para ello, aquel Consejo General del Poder Judicial elabor¨® un informe donde torpedeaba el Estatuto de Catalu?a para meter m¨¢s presi¨®n al Gobierno.

Con el PSOE en el Gobierno, el Consejo General del Poder Judicial elegido con el sistema acordado en el Pacto de la Justicia en 2001, lleg¨® al final de su mandato. Pero el PP se neg¨® durante un tiempo a su renovaci¨®n porque segu¨ªa siendo un instrumento eficaz para hacer pol¨ªtica de oposici¨®n al Ejecutivo socialista. Entre otras funciones, el Consejo nombra a los magistrados del Supremo, a los presidentes de tribunales de justicia y a los jefes de las distintas salas de la Audiencia Nacional. El PP, con su mayor¨ªa en el Consejo General del Poder Judicial, impuso a magistrados conservadores para los puestos relevantes del Supremo que quedaban vacantes, fundamentalmente los de la Sala Segunda que se encargan de juzgar a pol¨ªticos. Fue tan apabullante el rodillo ¨Cning¨²n magistrado progresista pod¨ªa acceder a la Sala Segunda del Supremo- que el PSOE se invent¨® una ley urgente para que esos nombramientos s¨®lo pudieran aprobarse con una mayor¨ªa de dos tercios en el propio Consejo del Poder Judicial. Aquella f¨®rmula bloque¨® durante m¨¢s tiempo los nombramientos y provoc¨® el efecto perverso del cambio de cromos entre unos y otros para cubrir las vacantes.

El Consejo General del Poder Judicial actual est¨¢ formado por jueces seleccionados por los propios jueces y elegidos por el Congreso con el modelo Acebes. Entre los vocales que ejercen hoy en el Consejo hay profesionales que sirvieron de manera especialmente beligerante a los intereses del PP respaldando sus tesis y las de la derecha medi¨¢tica en asuntos que intentaban socavar la credibilidad de gobiernos socialistas. Es el caso de dos jueces que airearon el falso asunto del ¨¢cido b¨®rico como una prueba de que ETA hab¨ªa perpetrado los atentados del 11-M o la responsabilidad del Gobierno de Castilla-La Mancha en la muerte de 11 miembros de un ret¨¦n de incendios en Cogolludo.

El Consejo General del Poder Judicial tiene tres funciones esenciales encomendadas, informar sobre determinados proyectos de Ley (aunque su opini¨®n no es vinculante), sancionar a los jueces que incurren en infracciones y nombrar a la c¨²pula de los principales organismos judiciales. Durante su mandato, los vocales no pueden ser removidos ni sustituidos ni cesados, y no pueden repetir en ese cargo.

Soraya S¨¢ez de Santamar¨ªa cree que si los jueces controlaran todo el proceso y fueran ellos los ¨²nicos que decidieran quienes son los 20 miembros de su carrera que deben componer el Consejo General del Poder Judicial, todo funcionaria mejor. Ahora mismo, la mitad de los casi 5.000 jueces en Espa?a no est¨¢n asociados. De la otra mitad, m¨¢s del 60% pertenecen a la Asociaci¨®n Profesional de la Magistratura (conservadora); y el 40% restante se lo reparten las asociaciones Jueces para la Democracia (progresista), Francisco de Vitoria (centrista) y Foro Judicial Independiente.

Entre los propios jueces hay malestar porque los asociados tienen un trato de favor tan discriminatorio que produce verg¨¹enza. Los jueces no asociados han desaparecido de la c¨²pula judicial. Los asociados, copan los principales puestos.

Cuando en 1980 se celebraron las primeras elecciones para ocupar 12 de los 20 puestos del Consejo General del Poder Judicial, con el modelo que ahora supuestamente quiere recuperar Soraya S¨¢ez de Santamar¨ªa, la Asociaci¨®n Profesional de la Magistratura ocup¨® los 12 puestos en liza, de manera que aquel Gobierno de los jueces estaba integrado s¨®lo por profesionales conservadores, no hab¨ªa ni progresistas, ni centristas, ni independientes ni no asociados. El PP anhela ahora ese Poder Judicial independiente y netamente conservador.