Cuando su se?or¨ªa es el sancionado (o no)

Juan de Dios Anguita juzg¨® casos en los que se dirim¨ªan importantes intereses econ¨®micos que les afectaban directamente a ¨¦l y a su esposa. El Consejo General del Poder Judicial lo sancion¨® con una suspensi¨®n de 12 a?os por no abstenerse en esos procedimientos y por ejercer actividades empresariales incompatibles con la de juez. Pero el Tribunal Supremo anul¨® la decisi¨®n un a?o despu¨¦s, en diciembre de 2010. Consider¨® que se hab¨ªa tardado demasiado en sancionarlo, que se hab¨ªan sobrepasado los plazos legales, e incluso reconoci¨® su derecho a ser indemnizado. El juez, titular del juzgado de primera instancia n¨²mero 4 de M¨¢laga, volvi¨® a impartir justicia. No era la primera vez que el Supremo enmendaba la plana al Poder Judicial para favorecer a Anguita. El tribunal le rebaj¨® en 2006 otra suspensi¨®n de tres meses a uno por desatender sus asuntos, y en 2003 le anul¨® otra por abandonar su puesto de trabajo. Tras su ¨²ltimo regreso, fue jubilado por incapacidad en septiembre de 2011.

El presidente de la Audiencia de Las Palmas, Jos¨¦ Antonio Mart¨ªn, asesor¨® jur¨ªdicamente a un narco y trat¨® de convencer a sus compa?eros de tribunal para que lo dejaran en libertad, seg¨²n la resoluci¨®n del Consejo que lo apart¨® de la carrera. El Tribunal Superior de Justicia de Canarias lo conden¨® por negociaciones prohibidas a los funcionarios. Pero el Supremo lo absolvi¨® m¨¢s tarde porque consider¨® que su asesoramiento no hab¨ªa tenido la suficiente entidad. Mart¨ªn volvi¨® a su puesto entre los elogios de algunos de sus compa?eros, aunque no permaneci¨® en ¨¦l ni dos meses. El Consejo lo expuls¨® d¨ªas antes de su jubilaci¨®n. El Supremo tendr¨¢, posiblemente, la ¨²ltima palabra.

Rafael Tirado

En su juzgado se traspapel¨® el expediente de Santiago del Valle, que deb¨ªa estar en prisi¨®n por un delito de abusos sexuales. El descuido permiti¨® que este matara a la ni?a Mariluz. Multa de 1.500 euros.

De la utilizaci¨®n del cargo para el propio beneficio econ¨®mico a la dejaci¨®n absoluta de funciones que causa el desgobierno de juzgados y tribunales. Del insulto a casos flagrantes de acoso laboral o a la utilizaci¨®n del juzgado para engrasar y acelerar las gestiones personales m¨¢s cotidianas. La juez de ?beda Mar¨ªa Dolores Barrag¨¢n, por ejemplo, abri¨® diligencias penales contra una perfumer¨ªa porque no quisieron cambiarle una colonia que hab¨ªa comprado. El castigo para ella fue un a?o de suspensi¨®n. El caso de Barrag¨¢n est¨¢ entre los centenares que recoge el repertorio de resoluciones disciplinarias redactadas por el Poder Judicial en los ¨²ltimos a?os, que revela actuaciones manifiestamente ilegales de jueces realizadas en acto de servicio. Infracciones cometidas por los que mejor conocen el derecho y los l¨ªmites que les impone.

Adelina Entrena

La juez de lo Penal de Motril mantuvo encarcelado 455 d¨ªas a Jos¨¦ Campoy, al que hab¨ªa absuelto de robo. El Consejo constat¨® su descontrol sobre los reclusos. Expulsada.

Los resultados provisionales de un informe de la ONG Transparencia Internacional sobre Espa?a, hechos p¨²blicos esta semana, son preocupantes. El documento califica como uno de ¡°los puntos d¨¦biles m¨¢s importantes¡± del sistema judicial ¡°la d¨¦bil rendici¨®n de cuentas existente en la pr¨¢ctica¡±. ¡°Los jueces act¨²an normalmente con ¨¦tica, responsabilidad y rigor, pero la irresponsabilidad, corrupci¨®n e ineficiencia no son suficientemente sancionadas¡±, se?ala el informe, que habla tambi¨¦n de la ¡°fuerte politizaci¨®n¡± del ¨®rgano de gobierno de los jueces y de los nombramientos de los miembros de los tribunales de m¨¢s alto rango: ¡°Existe un cierto incentivo, para los jueces que quieran llegar a los puestos superiores del sistema, de subordinar su plena independencia a ciertos compromisos pol¨ªticos¡±. Algo que, junto al fuerte corporativismo, est¨¢ tambi¨¦n relacionado con el modo en el que los jueces se imponen las sanciones entre s¨ª.

Francisco Javier de Urqu¨ªa

Recibi¨® 73.800 euros del cerebro del caso Malaya. El Supremo lo absolvi¨® de prevaricaci¨®n y permiti¨® su vuelta. Est¨¢ suspendido porque se le investiga por otro soborno.

Cada caso es grave, porque los jueces ejercen un poder del Estado: el judicial. En sus manos est¨¢n algunas de las decisiones m¨¢s trascendentes para la vida de los ciudadanos. Las toman cada d¨ªa. No es solo la libertad o la prisi¨®n, en asuntos penales, o la protecci¨®n de las mujeres maltratadas. Juzgados y tribunales aplican la ley para resolver sobre matrimonios, divorcios, despidos, herencias, pensiones, quiebras¡­ La aplican a todo salvo, a veces, a s¨ª mismos. Casos como el de Anguita o Mart¨ªn ayudan a extender ese estado de opini¨®n.

Quiz¨¢ por ello, el Poder Judicial ha optado en los ¨²ltimos a?os por una pol¨ªtica de opacidad que impide conocer sus resoluciones disciplinarias (solo se hace p¨²blico el fallo de los expedientes m¨¢s sonados) que, hasta 2004, se publicaban en un libro que salvaguardaba la intimidad omitiendo los datos personales. Ahora no se facilitan ni a trav¨¦s del gabinete de prensa, que s¨ª ofrece, sin embargo, los datos generales. EL PA?S ha revisado los acuerdos del pleno y de la comisi¨®n disciplinaria desde 2004 hasta finales de 2010. Los miembros del Consejo consultados se niegan a valorarlos.

Fernando Ferr¨ªn Calamita

Fren¨® una adopci¨®n por una pareja de lesbianas, lo que le vali¨® una condena por retardo malicioso. El Supremo agrav¨® su pena. Apreci¨® prevaricaci¨®n. 10 a?os de inhabilitaci¨®n.

Entre 2008 y el tercer trimestre de 2011 (la fecha de las ¨²ltimas estad¨ªsticas), el Poder Judicial inici¨® 5.979 investigaciones contra jueces y magistrados, seg¨²n cifras de la instituci¨®n. De todas ellas, 204 (el 3,4%) originaron expedientes disciplinarios, de los que 126 terminaron en sanci¨®n (el 2,1%). En todo ese per¨ªodo, solo un magistrado (Jos¨¦ Antonio Mart¨ªn) fue expulsado de la carrera. Los castigos m¨¢s duros ¡ªlos previstos para las faltas que la ley califica de muy graves¡ª se reparten entre 23 suspensiones temporales de funciones y un traslado forzoso. Conductas graves que, en muchos casos, provocar¨ªan la dimisi¨®n de cualquier miembro de otro poder del Estado, como ministros o diputados, en el caso de los jueces se zanjan con dos o tres a?os fuera de la carrera, tras los cuales vuelven a vestir la toga e impartir justicia. En el campo penal, los reproches tambi¨¦n son escasos. Un vistazo al repertorio de sentencias del Supremo arroja ocho condenas por prevaricaci¨®n desde 1998, y los fallos de los tribunales superiores de justicia en los ¨²ltimos ocho a?os contra jueces y fiscales por este delito rondan la treintena.

Jos¨¦ Antonio Mart¨ªn

Asesor¨® jur¨ªdicamente a un narco y trat¨® de que sus compa?eros de tribunal lo dejaran en libertad. El Supremo lo absolvi¨®, pero el Poder Judicial lo expuls¨®.

Marbella. 1999. Pilar Ram¨ªrez no pod¨ªa ejercer como juez en ese municipio de menos de 100.000 habitantes en el que su hermano y su padre ten¨ªan importantes intereses econ¨®micos en la zona. Pero lo hac¨ªa. Y particip¨® en asuntos en los que era parte el Ayuntamiento, gobernado entonces por Jes¨²s Gil, a pesar de que su familia hab¨ªa firmado convenios urban¨ªsticos de gran cuant¨ªa econ¨®mica con el Consistorio, que casualmente result¨® muy beneficiado por la actuaci¨®n de Ram¨ªrez. El Consejo la expuls¨® de la magistratura. Tres a?os despu¨¦s, el Supremo entendi¨® que los hechos no eran tan graves como para merecer la expulsi¨®n, a pesar de reconocer el ¡°ostensible y profundo ataque a la imparcialidad judicial¡±, y rebaj¨® la sanci¨®n a una suspensi¨®n de cuatro a?os. La magistrada se reincorpor¨® en 2003. Hoy imparte justicia en Torremolinos.

Pilar Ram¨ªrez

Benefici¨® al Ayuntamiento de Marbella, gobernado por Jes¨²s Gil y, de paso, a las empresas de su padre. Fue suspendida por cuatro a?os. Sigue impartiendo justicia.

Siete a?os despu¨¦s, la historia se repite en el mismo partido judicial. Juan Antonio Roca, cerebro del caso Malaya ¡ªla trama de corrupci¨®n destapada en Marbella en el posgilismo¡ª entreg¨® 73.800 euros a Francisco Javier de Urqu¨ªa. A cambio, Roca le pidi¨® que prohibiera la emisi¨®n del programa Misi¨®n Imposible: Operaci¨®n JAR, sobre el enorme patrimonio acumulado por el exasesor de urbanismo. El juez cumpli¨® su palabra. Dos a?os despu¨¦s, el Tribunal Superior de Justicia de Andaluc¨ªa lo conden¨® por cohecho a dos a?os de c¨¢rcel (que no tuvo que cumplir) y a 17 de inhabilitaci¨®n por prevaricaci¨®n, pero unos meses despu¨¦s, la Sala Penal del Supremo le absolvi¨® de este ¨²ltimo delito, que le hubiera apartado casi definitivamente de la carrera. El pasado diciembre, otra sala del alto tribunal, la de lo Contencioso, permiti¨® al juez reincorporarse. Aunque tuviera antecedentes penales. Haber delinquido, seg¨²n los magistrados, impide entrar en la carrera, pero no volver a ella tras una suspensi¨®n. Urqu¨ªa, sin embargo, seguir¨¢ apartado porque ha sido juzgado de nuevo por cohecho y prevaricaci¨®n en otro asunto de corrupci¨®n tambi¨¦n instruido por ¨¦l, el caso Hidalgo.

Cuando hay sanci¨®n disciplinaria, en algunos casos los jueces ni siquiera llegan a cumplirla. Y no porque no hayan cometido los hechos o estos no hayan sido castigados, sino por un problema de plazos. El tiempo legal para resolver los expedientes disciplinarios es de seis meses, ¡°lo que ciertamente contrasta con el plazo de 12 meses adoptado para los expedientes relativos a los secretarios judiciales y funcionarios de la Administraci¨®n de Justicia¡±, reconoce el propio ¨®rgano de gobierno de los jueces en una resoluci¨®n del 15 de abril de 2009. No son pocos los supuestos en los que grav¨ªsimas conductas han quedado sin sancionar porque el Supremo consider¨® que el expediente no se resolvi¨® a tiempo. Ese plazo tan exiguo azuza las estrategias de los expedientados, que suelen obstaculizar las investigaciones dilatando los tr¨¢mites hasta el l¨ªmite. A veces son los propios instructores, actuando de forma corporativa, los que no dan la agilidad necesaria a sus pesquisas, seg¨²n reconocen fuentes del gobierno de los jueces.

Ocurri¨®, por ejemplo, con Coro Cill¨¢n, de nuevo investigada por el Poder Judicial. Es un ejemplo de juez sancionada reiteradamente que contin¨²a impartiendo justicia. Cuando era magistrada de la Audiencia de Gipuzkoa, se le impuso una multa de 600 euros por retrasos reiterados y graves en 1999. No dictaba sentencia o lo hac¨ªa injustificadamente tarde ¡ªen alg¨²n caso, m¨¢s de tres a?os despu¨¦s de la vista¡ª. La sanci¨®n no le hizo cambiar de actitud. En 2002, el Consejo ten¨ªa de nuevo sobre la mesa un expediente por hechos similares. El fiscal y el instructor ped¨ªan su expulsi¨®n de la carrera ¡°por los perjuicios causados a los particulares, la forma del retraso y los modos empleados para intentar ocultarlo¡± y ¡°para evitar que vuelvan a producirse en el futuro hechos similares, con grave da?o y reiterado para la administraci¨®n de justicia¡±.

El Supremo anul¨® la suspensi¨®n de 12 a?os del juez Anguita por juzgar asuntos en los que ten¨ªa intereses

El Poder Judicial, a¨²n admitiendo que los hechos eran ¡°especialmente graves¡±, decidi¨® que no ten¨ªan ¡°la entidad suficiente como para acudir a la m¨¢xima sanci¨®n¡±, e impuso dos a?os de suspensi¨®n a Cill¨¢n. Un a?o m¨¢s tarde, ese ¨®rgano se encontr¨® de nuevo ante ¡°retrasos injustificados, reiterados y muy graves¡± y la suspendi¨® un a?o m¨¢s, por la ¡°trascendencia y repercusi¨®n social de su comportamiento¡±. El Supremo anul¨® la primera de las resoluciones sancionadoras tras considerar que no se hab¨ªan respetado los plazos de caducidad. La segunda suspensi¨®n la dej¨® en una multa de 1.800 euros porque las dilaciones, seg¨²n el tribunal, no hab¨ªan tenido ¡°una incidencia especialmente perturbadora en la marcha general¡± de su juzgado.

Un desgobierno similar, fraguado durante los casi 10 a?os que tard¨® el Consejo en actuar, reinaba en el juzgado central 4 de lo Contencioso de la Audiencia Nacional. El ¨®rgano de gobierno de los jueces sancion¨® a su titular, Manuel Arce, cinco veces desde 2001 por atascar el juzgado y no resolver. Tambi¨¦n se le abrieron dos expedientes m¨¢s por faltas de respeto a sus funcionarios que, en algunos casos, rayaban en el acoso laboral. Arce se hac¨ªa llamar por todos ¡°se?or¨ªa ilustr¨ªsima¡± mientras se dirig¨ªa a sus funcionarios llam¨¢ndoles ¡°feo¡±, ¡°calvo¡± o ¡°gordo¡±.

El ambiente de ¡°tensi¨®n y miedo¡± provoc¨® que 24 funcionarios pidieran el traslado. Dos de ellos y la secretaria judicial requirieron tratamiento psiqui¨¢trico a causa del acoso del juez, que los trataba a gritos y los amenazaba con ¡°empaquetarlos¡± con expedientes. Sus malos modos tambi¨¦n los sufrieron letrados, abogados del Estado y procuradores, y ¨¦l mismo confes¨® que llegaba al juzgado entre las dos y las tres de la tarde. Pero el Consejo dej¨® el asunto en una multa de 8.000 euros que despu¨¦s el Supremo le levant¨®. Como en el caso de Cill¨¢n, el expediente hab¨ªa caducado, seg¨²n el tribunal. El ¨®rgano de gobierno de los jueces no inici¨® los tr¨¢mites para inhabilitar a Arce hasta 2010, tras su ¨²ltima suspensi¨®n, cuando acumulaba ya m¨¢s de 500 causas sin resolver.

Entre 2008 y 2011 se estudiaron casi 6.000 quejas contra jueces. Fueron sancionados 126 (el 2%), y expulsado uno

Juan de Dios Anguita tambi¨¦n se benefici¨® del corto plazo para resolver los expedientes de los jueces. El magistrado de M¨¢laga fund¨® con su mujer una sociedad, Propiedades Pantie, con la que compr¨® 18 viviendas de una promoci¨®n inmobiliaria. Como esta no funcion¨®, revendi¨® las casas a la sociedad a las que se las hab¨ªa adquirido, Sherry Mirador. Para hacer frente al pago, la empresa hipotec¨® una finca sobre la que pesaban algunos embargos. El juez particip¨® en varios procedimientos contra Sherry Mirador que afectaban a la deuda que ¨¦l quer¨ªa cobrar, y en uno de ellos invit¨® a las partes a llegar a un acuerdo ¡°no sin cierta presi¨®n interesada¡±, seg¨²n el Poder Judicial, que lo sancion¨® por seis faltas muy graves ¡ªno abstenerse en cinco ocasiones sabiendo que deb¨ªa hacerlo y ejercer actividades incompatibles con la condici¨®n de juez¡ª a 12 a?os de suspensi¨®n de funciones. El Supremo lo anul¨® todo porque el procedimiento se hab¨ªa demorado demasiado.

Sucedi¨® igual en el caso de Jos¨¦ Manuel Raposo. El juez utiliz¨® el poder que le daba el Estado para sus asuntos personales. Su Fiat Coup¨¦ 130, un modelo lanzado en 1969, no pasaba la ITV. Tras hacer las reparaciones que se le exig¨ªan, a la tercera, super¨® la inspecci¨®n. Pero al d¨ªa siguiente mand¨® desde su juzgado un fax reclamando, en el plazo de cinco d¨ªas, 18.000 euros por da?os y perjuicios. ¡°Estoy en condiciones de garantizarle que su vida dejar¨¢ de ser algo agradable en los pr¨®ximos meses e incluso a?os¡±, dec¨ªa al jefe de inspecci¨®n de la ITV en su escrito, al que amenazaba con ¡°toda suerte de reclamaciones, demandas y querellas¡± en caso de que no le abonara la cantidad. El Consejo lo suspendi¨® por 12 meses en 2004, pero el Supremo anul¨® la sanci¨®n porque el expediente hab¨ªa tardado m¨¢s de seis meses.

Hay casos similares. A pesar de ello, no todas las asociaciones de jueces est¨¢n de acuerdo en revisar el plazo del procedimiento. La asociaci¨®n moderada Francisco de Vitoria cree que es un per¨ªodo m¨¢s que suficiente que no hay que tocar, seg¨²n su portavoz Jos¨¦ Luis Gonz¨¢lez Armengol. ¡°Si se aumenta el tiempo de la caducidad, seguir¨ªan produci¨¦ndose disfunciones¡±, coincide la magistrada de la mayoritaria y conservadora Asociaci¨®n Profesional de la Magistratura (APM), Mar¨ªa Teresa S¨¢ez. ¡°Tampoco se pueden mantener abiertos los expedientes ad aet¨¦rnum¡±. Discrepa la progresista Jueces para la Democracia, cuyo portavoz, Jos¨¦ Luis Ram¨ªrez, opina que el plazo es insuficiente, sobre todo en algunos casos: ¡°El juez, en un Estado democr¨¢tico, tiene que responder por sus actos, y seis meses es poco para investigar seg¨²n qu¨¦ expedientes. Hay supuestos muy distintos y algunos exigen una instrucci¨®n m¨¢s amplia que otros. Por otro lado, no tiene sentido que los plazos sean m¨¢s cortos para los jueces que para los fiscales o secretarios judiciales¡±.

Las sospechas sobre la impunidad de algunos comportamientos objetivamente ilegales se disparan por el hecho de que son los propios jueces los que se juzgan a s¨ª mismos. Las faltas graves las sanciona la comisi¨®n disciplinaria del Poder Judicial. Despu¨¦s, en recurso, decide el pleno de ese ¨®rgano, que es tambi¨¦n el encargado de enjuiciar las muy graves. Catorce de los 21 miembros de la instituci¨®n son magistrados de carrera. Los sancionados, adem¨¢s, recurren sistem¨¢ticamente ante el Supremo, que toma la ¨²ltima decisi¨®n. As¨ª que las irregularidades se dirimen entre compa?eros.

Un caso paradigm¨¢tico que multiplic¨® las acusaciones de corporativismo fue el del juez sevillano Rafael Tirado, que no envi¨® a prisi¨®n a Santiago del Valle, condenado en firme por abusos sexuales, hasta que se descubri¨® que este hab¨ªa asesinado a la ni?a Mariluz Cort¨¦s. El expediente se hab¨ªa traspapelado. Frente al clamor popular y la petici¨®n del fiscal para que fuera suspendido, el Consejo le impuso 1.500 euros de multa. En esa ocasi¨®n, la tradicional divisi¨®n entre progresistas y conservadores en ese ¨®rgano se convirti¨® en una fractura entre los vocales procedentes de la carrera (14) y los elegidos entre otros cuerpos jur¨ªdicos (7). Los primeros impusieron la sanci¨®n econ¨®mica frente a dos fiscales y tres abogados partidarios de la suspensi¨®n. El Supremo bendijo la multa.

Manuel Arce acumul¨® durante 10 a?os 500 asuntos sin resolver, antes de que se inciara su inhabilitaci¨®n

Otras veces, el alto tribunal reduce las sanciones del Consejo. ?ngel Luis del Olmo fue castigado con multa de 7.500 euros en 2008 por abuso de poder y desconsideraci¨®n con sus funcionarios. El juez, destinado en Talavera de la Reina (Toledo) provoc¨® entre los trabajadores del juzgado ¡°situaciones de humillaci¨®n, angustia, temor, nerviosismo y estr¨¦s, as¨ª como de repulsi¨®n, debido a su falta de higiene y aseo personal¡±, seg¨²n la resoluci¨®n. El magistrado les lanzaba expresiones como ¡°usted est¨¢ aqu¨ª para servirme¡±, ¡°la ley soy yo¡± o ¡°aqu¨ª manu militari¡±, y cuando le replicaban, respond¨ªa con frases como ¡°por mis cojones¡± o ¡°aqu¨ª mando yo¡±. ¡°Los funcionarios no pod¨ªan soportar su hedor corporal y su falta de limpieza, o que se hurgara de manera indecorosa en los pies, los o¨ªdos, la nariz o les salpicara con la saliva¡±, relata el acuerdo. ¡°Tampoco soportaban su costumbre de orinar en los lavabos del despacho con la puerta abierta mientras continuaba dictando¡±, prosigue. ¡°No es cierto que no sea higi¨¦nico. Me afeito todos los d¨ªas y me pongo corbata en los juicios¡±, dijo Del Olmo tras conocer su sanci¨®n. ¡°Estuve una semana sin agua, pero no es culpa m¨ªa¡±, a?adi¨®. Dos a?os despu¨¦s, el Supremo le rebaj¨® la sanci¨®n a 5.000 euros.

Otro problema, no menor, es la dificultad para jubilar a magistrados con trastornos ps¨ªquicos. La salud mental de los jueces, a diferencia de otros funcionarios, no se eval¨²a ni antes ni despu¨¦s del ingreso en la carrera. Salvo que lo pida el propio magistrado ¡ªlo que no es habitual por la importante reducci¨®n de sueldo que supone¡ª, es el Consejo el que promueve la incapacitaci¨®n. El proceso es lento y complicado. Un informe del Poder Judicial fechado en 2006 hablaba de al menos 30 magistrados ejercientes con padecimientos ps¨ªquicos, y la comisi¨®n disciplinaria de este organismo pidi¨® en febrero de 2008 que se abordara el problema porque supon¨ªa ¡°un perjuicio para la tutela judicial de los ciudadanos¡±. El pleno se neg¨® para no crear una ¡°alarma social injustificada¡±.

Los casos que llegan a esa comisi¨®n son preocupantes. Una resoluci¨®n de 2009 sobre una juez que acumulaba retrasos y cre¨ªa que sus compa?eros la persegu¨ªan asegura que, seg¨²n el forense, la magistrada padec¨ªa ¡°una situaci¨®n de disminuci¨®n del funcionamiento neurocognitivo e ideaci¨®n delirante que le imposibilitan para la funci¨®n de magistrado-juez¡±. La patolog¨ªa ya estaba presente ¡°presumiblemente, en periodos muy anteriores¡±, y se habla de una depresi¨®n ¡°de m¨¢s de 15 a?os de evoluci¨®n¡±. El caso acab¨® con la apertura de un expediente de jubilaci¨®n por incapacidad, pero la magistrada juzg¨® durante a?os sin estar capacitada.

Es un secreto a voces que hay compa?eros con trastornos ps¨ªquicos y que sus casos no se abordan con rapidez, dice un juez

El pleno del Consejo, en junio de 2010, resolvi¨® el caso de una juez destinada en una Audiencia Provincial que padec¨ªa ¡°trastorno adaptativo con reacci¨®n de ansiedad¡±. Le hab¨ªa sido diagnosticado en el verano de 2006. A partir de ese momento, pas¨® largas temporadas de baja, pero tambi¨¦n otras tantas de actividad en el tribunal, durante las cuales acumulaba notables retrasos. La relaci¨®n con sus compa?eras de secci¨®n devino imposible. Acus¨® a la presidenta de la secci¨®n de ser ¡°una choriza y una delincuente¡± y a otra compa?era de no tener ¡°ni puta idea¡±. Su psiquiatra, en un informe de 2009, aleg¨® que ten¨ªa una ¡°ansiedad de car¨¢cter f¨®bico¡±, y que el ¡°simple hecho de plantearse el trabajo la desencadenaba¡±. El problema era que su modo trabajar era demasiado ¡°riguroso, muy responsable y concienzudo¡±. Fue sancionada por el pleno con 1.800 euros de multa por una falta leve y dos graves.

En este punto est¨¢n de acuerdo las tres asociaciones de jueces: hay que abordar el problema de los magistrados con trastornos ps¨ªquicos. ¡°Es necesario potenciar los expedientes de incapacidad y dar el tratamiento adecuado a los compa?eros que tienen problemas de este tipo para su propio beneficio y el de la justicia¡±, se?alan desde la asociaci¨®n Francisco de Vitoria. ¡°La evaluaci¨®n de la salud mental de los jueces deber¨ªa hacerse en el momento del ingreso en la carrera y durante el ejercicio de la misma¡±, opina la portavoz de la APM. ¡°Y creemos que deber¨ªa llevarse a cabo a trav¨¦s de un sistema de prevenci¨®n de riesgos laborales para jueces y magistrados¡±. ¡°Es un secreto a voces que hay compa?eros con anomal¨ªas psiqui¨¢tricas graves y que sus casos no se abordan con rapidez¡±, a?ade el portavoz de Jueces para la Democracia, que coincide con los dem¨¢s en la necesidad de articular una regulaci¨®n eficaz a trav¨¦s de la prevenci¨®n de riesgos laborales y la instauraci¨®n de controles psicol¨®gicos peri¨®dicos.

?Creen los jueces que, en general, el sistema de rendici¨®n de cuentas funciona? ¡°S¨ª¡±, responde Gonz¨¢lez Armengol, portavoz de la Francisco de Vitoria. ¡°Adem¨¢s de la responsabilidad disciplinaria, respondemos civil y penalmente. La gente se comporta con correcci¨®n por lo general, y el r¨¦gimen disciplinario es dur¨ªsimo, no blando¡±. ¡°Se investigan much¨ªsimos casos y las sanciones son duras¡±, contesta Mar¨ªa Teresa S¨¢ez, de la APM. ¡°A veces se abren expedientes por quejas que no tienen base, y creo que en comparaci¨®n con otros colectivos, respondemos por nuestras actuaciones. Es cierto que hay casos incomprensibles, que a nosotros tambi¨¦n nos indignan porque no queremos seg¨²n qu¨¦ compa?eros de viaje, pero no se pueden generalizar¡±.

Jueces para la Democracia, sin embargo, propone numerosos cambios. Aparte de aumentar el plazo para tramitar los expedientes sancionadores y controlar la salud mental de los jueces, cree que ¡°es necesario un desarrollo reglamentario que fije los tr¨¢mites del procedimiento y que tipifique de forma mucho m¨¢s precisa las infracciones y la gradaci¨®n de la sanci¨®n¡±, afirma su portavoz, Jos¨¦ Luis Ram¨ªrez. ¡°Todas las lagunas suponen un riesgo de arbitrariedad que debe subsanarse. La pr¨¢ctica, adem¨¢s, plantea otros problemas. La politizaci¨®n del Poder Judicial provoca en ocasiones que cuando el Gobierno discrepa del contenido de alguna resoluci¨®n se ataque disciplinariamente al juez a trav¨¦s de los vocales del CGPJ elegidos por los partidos, o que determinados casos muy medi¨¢ticos que llegan a ese ¨®rgano no sean juzgados con imparcialidad¡±.