Agenda ideol¨®gica

El Gobierno del Partido Popular ha querido romper con la percepci¨®n de que la crisis econ¨®mica ha desdibujado las diferencias entre derecha e izquierda. Para subrayar su adscripci¨®n, Mariano Rajoy est¨¢ recurriendo al mismo procedimiento con el que Rodr¨ªguez Zapatero quiso poner en valor la suya: retomar la agenda ideol¨®gica de su predecesor, y darle la vuelta. Es esta una de las pocas claves que explica la amplia contrarreforma legal que el Gobierno est¨¢ llevando a cabo. Si durante la campa?a electoral el candidato popular asegur¨® que se concentrar¨ªa en la pol¨ªtica econ¨®mica, poniendo en sordina los asuntos que no consideraba prioritarios, una vez al frente del Gobierno esos asuntos han cobrado un singular protagonismo.

El aborto, la p¨ªldora del d¨ªa siguiente, la asignatura de Educaci¨®n para la Ciudadan¨ªa, la Ley de Costas, la vida de las centrales nucleares o el sistema de elecci¨®n para el Consejo General del Poder Judicial est¨¢n siendo objeto de una revisi¨®n en la que pesa m¨¢s la divisi¨®n partidaria, muchas veces arbitraria y coyuntural, que una evaluaci¨®n pragm¨¢tica de las respuestas ofrecidas por el anterior Ejecutivo. Con esta ofensiva, el Partido Popular conf¨ªa en mantener parte de sus apoyos en las elecciones. Puede que lo consiga, sobre todo con la vista puesta en las auton¨®micas andaluzas, pero no sin afrontar costes para la gobernabilidad del pa¨ªs y el conjunto de la ciudadan¨ªa.

El Ejecutivo de Rajoy comete un error al abordar la regulaci¨®n de asuntos tan dispares desde la exclusiva ¨®ptica de la divisi¨®n entre derecha e izquierda, haci¨¦ndose acreedor del mismo reproche que dirigi¨® a su predecesor. Una ley de plazos es preferible a una de supuestos a la hora de regular el aborto, no porque sea una manifestaci¨®n de actitudes m¨¢s progresistas que conservadoras, sino por estrictas razones de seguridad jur¨ªdica. La actual regulaci¨®n del acceso a la p¨ªldora del d¨ªa siguiente, por su parte, no ha estimulado la banalizaci¨®n de su uso ni su conversi¨®n en un m¨¦todo anticonceptivo habitual. Con el retorno a la ley del aborto de 1985, el Partido Popular cree haber encontrado una salida al embrollo en el que se meti¨® al recurrir la norma vigente, intentando dar satisfacci¨®n a los sectores contrarios a la interrupci¨®n voluntaria del embarazo y, simult¨¢neamente, a los sectores favorables a su despenalizaci¨®n. Es la misma estrategia que pretende seguir con la asignatura de Educaci¨®n para la Ciudadan¨ªa, buscando una f¨®rmula intermedia entre quienes la rechazan y quienes conf¨ªan en su utilidad.

La modificaci¨®n de la actual Ley de Costas supone hacer tabla rasa de las ilegalidades cometidas durante su breve vigencia, escondiendo un sobreseimiento encubierto de causas que deber¨ªan haber llegado a la justicia. Y la prolongaci¨®n de la vida de las centrales nucleares, desdiciendo la decisi¨®n anterior, no responde al doble objetivo de garantizar la seguridad de esta energ¨ªa y al mismo tiempo aligerar la factura energ¨¦tica que afronta Espa?a, crucial en estos momentos de crisis. Es verdad que el Gobierno de Rodr¨ªguez Zapatero hizo un innecesario alarde de su oposici¨®n a la energ¨ªa nuclear; pero hacer el alarde contrario solo servir¨¢ para posponer el imprescindible debate energ¨¦tico que necesita el pa¨ªs.

La convalidaci¨®n de la agenda ideol¨®gica que lleva demasiado tiempo imperando en Espa?a solo servir¨¢ para ahondar la fractura pol¨ªtica entre los ciudadanos, justo cuando m¨¢s se necesita promover ciertos consensos. Con el agravante de que cuando esta agenda se traslada al terreno de las instituciones, como sucede con el sistema de elecci¨®n de los miembros del Consejo General del Poder Judicial, puede acabar deteriorando la gobernabilidad. El PP bloque¨® la selecci¨®n de sus componentes mientras estuvo en la oposici¨®n. Ahora cambia el sistema para convalidar aquella obstrucci¨®n.