El derecho a la defensa

El derecho a la defensa debe ser sagrado en una democracia. Es la garant¨ªa de que todas las personas deben poder defender sus derechos ante la imputaci¨®n de un delito. Pero la democracia requiere que los derechos, incluso los m¨¢s sagrados, no se sit¨²en al margen de la justicia, ni de la igualdad, ni de la propia democracia.

La ley debe ser igual para todos. Si no fuese as¨ª, perder¨ªa su legitimidad. Volver¨ªamos a un mundo, a una sociedad en la que quien tiene recursos sortear¨ªa todos los obst¨¢culos que la vida le ponga delante y actuar¨ªa con la impunidad que le da saberse poderoso. La condici¨®n social de los imputados no deber¨ªa condicionar el ejercicio de sus derechos. Pero no es as¨ª. Quien no tiene medios no puede ejercitar ese derecho en las mismas condiciones que quien los tiene. Aunque existe el derecho a la justicia gratuita, la falta de medios hace que se desarrolle con enormes limitaciones. Y m¨¢s en estos tiempos. Algunos abogados del turno de oficio tardan meses o a?os en cobrar los exiguos emolumentos que la Administraci¨®n les proporciona por desarrollar su tarea. No pueden dedicar mucho tiempo a estudiar los sumarios de las personas a las que defienden, o a ir a visitarles a prisiones que est¨¢n a muchos kil¨®metros de las ciudades, porque tienen que ganarse la vida y dedicar tiempo a causas por las que cobren al final de cada mes. Los abogados del turno de oficio son personas admirables en su mayor¨ªa, tienen un alto sentido de la justicia, pero en ocasiones se sienten maltratados por ello.

Por otro lado, las personas extranjeras, que no conocen nuestras leyes ni -a veces- nuestro idioma est¨¢n terriblemente limitadas para ejercer sus derechos. Necesitar¨ªan de una mayor atenci¨®n justamente por ello. Pero la tienen mucho menor. De la mano de estas limitaciones, hemos visto incrementarse los juicios de conformidad, en los que muchas personas aceptan condenas algo menos abultadas de la petici¨®n inicial por miedo a no poder costear la demostraci¨®n de su inocencia. Antes no soport¨¢bamos la idea de que un inocente estuviese en la c¨¢rcel. Nos parec¨ªa mucho m¨¢s dif¨ªcil de asimilar que el hecho de que diez culpables estuviesen en libertad, Ahora no soportamos que alguien aparentemente culpable no est¨¦ en la c¨¢rcel, sin preocuparnos de las garant¨ªas que deben proteger su presunci¨®n de inocencia.

Las c¨¢rceles est¨¢n habitadas mayoritariamente por personas pobres. Es verdad que la pobreza y la marginalidad son caldo de cultivo de conductas antisociales, pero el porcentaje de maldad humana que hay en nuestras sociedades no se corresponde con las que pagan por ello.

Nada mueve m¨¢s al desconsuelo de quienes queremos creer en la justicia real, adem¨¢s de creer en la Justicia con may¨²sculas, que ver c¨®mo los poderosos manipulan los recursos que el Estado de derecho pone al servicio de todos, haci¨¦ndolos servir a sus intereses. No hay nada que produzca m¨¢s desolaci¨®n que ver c¨®mo se condena a un juez, en nombre de los sagrados principios de la justicia, en un proceso tan condicionado por los intereses.

Un Estado implacable con los d¨¦biles y d¨¦bil con los poderosos pervierte el sentido de la justicia, del derecho y de las leyes

Intereses corporativos, en primer lugar. Es inaceptable que se defienda a gente que tiene comportamientos inaceptables solo porque forman parte de un colectivo respetable. La mayor¨ªa de los abogados, como la mayor¨ªa de los jueces y de los polic¨ªas, incluyendo a sus m¨¢ximos responsables, saben que bajo la respetable toga de algunos abogados, se esconden intereses no respetables. Hace mucho tiempo que todos los operadores policiales y jur¨ªdicos saben que ser¨ªan imposibles la mayor parte de las operaciones de saqueo de dinero p¨²blico, de fraudes a la hacienda p¨²blica, de fuga de capitales a para¨ªsos fiscales, de ocultaci¨®n de bienes a trav¨¦s de testaferros, de blanqueo de capitales, de corrupci¨®n de responsables p¨²blicos¡­ si no formase parte de esas redes un entramado t¨¦cnico-legal que les da cobertura, que obtiene suculentos beneficios de ellas, y que ¨Cen ocasiones- acaba situ¨¢ndose en la c¨²spide de las mismas. Y que se jacta de su influencia en todos los niveles de la justicia.

Cualquiera que se mueva en este mundo sabe de esto. Sabe que tambi¨¦n existe corrupci¨®n en algunos aleda?os de instituciones que deber¨ªan ser intocables. Muy minoritaria, pero muy efectiva. Algunos listados de personas implicadas en estas pr¨¢cticas son conocidos por mucha gente en las m¨¢s altas instancias. En las instancias que tienen la responsabilidad de investigarlo en serio. Que tienen la responsabilidad de atajarlo. Pero esta es una materia que se ha convertido en intocable. Nadie se atreve a dejar a algunos reyes desnudos. Muchos por un temor reverencial a entrar en determinados ¨¢mbitos. Otros porque dudan de ser respaldados en ese empe?o. Hay demasiados intereses en juego y demasiado poderosos. Tambi¨¦n existe el miedo. El miedo f¨ªsico, incluso.

Hay quien piensa que con el juicio y la sentencia sobre las escuchas de la Gurtel se est¨¢ castigando a un juez singular, egoc¨¦ntrico, ambicioso, poco cuidadoso con los procedimientos¡­ Yo no lo creo. Se est¨¢n santificando las reglas de un juego repugnante: el de la utilizaci¨®n de los principios del Estado de derecho para blindar hasta el infinito la cobertura legal de la delincuencia organizada de altos vuelos.

Cuando un imputado recibe en prisi¨®n la visita diaria de una corte de abogados de minutas millonarias, la mayor parte de los cuales no est¨¢n personados en ninguna de sus causas, sin limitaci¨®n de tiempo, sin control de sus actividades reales, hay quien quiere pensar que est¨¢ asesor¨¢ndose para su mejor defensa. Algunos no lo creen y deciden investigar. No hay mucha gente que se atreva a hacerlo. Casi nadie. A partir de hoy, mucho menos.

Un Estado implacable con los d¨¦biles y d¨¦bil con los poderosos pervierte el sentido de la justicia, del derecho y de las leyes. Alguien deber¨ªa pensar sobre esto.

Mercedes Gallizo Llamas (ex secretaria general y ex directora general de Instituciones Penitenciarias cuando se produjeron las escuchas)