Una coincidencia seg¨²n lo previsto

La sentencia que conden¨® por delito de prevaricaci¨®n a 11 a?os de inhabilitaci¨®n, y por tanto expuls¨® de la carrera judicial, a Baltasar Garz¨®n estaba prevista en todas las quinielas que se manejaban en el Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional o el Consejo General del Poder Judicial sobre el resultado del juicio.

Este caso, como recordar¨¢n, se inici¨® en febrero de 2010, y fue el tercero que se abri¨® en el Supremo por el mismo delito contra el ya exmagistrado de la Audiencia Nacional por haber ordenado la intervenci¨®n de las comunicaciones en prisi¨®n entre los principales acusados de la trama de corrupci¨®n G¨¹rtel, que afecta al Partido Popular, y sus abogados.

Un a?o antes se hab¨ªa producido la querella del seudosindicato Manos Limpias porque el magistrado se hab¨ªa declarado competente para investigar los cr¨ªmenes del franquismo, un plan sistem¨¢tico de exterminio ordenado por los generales a las ¨®rdenes de Francisco Franco, como Mola y Queipo de Llano, y que a criterio del juez constitu¨ªan delitos de desapariciones forzosas en un contexto de cr¨ªmenes contra la humanidad. Y poco despu¨¦s se hab¨ªa retomado otra querella que ya hab¨ªa sido archivada previamente por unos supuestos patrocinios durante su estancia por estudios en la Universidad de Nueva York.

Y mientras el caso de los cr¨ªmenes del franquismo, impulsado con pasi¨®n por Luciano Varela, fue necesario para suspender a Garz¨®n en el ejercicio de sus funciones, y el de los dineros de Nueva York para extender la sospecha de que hab¨ªa metido la mano en la caja, el verdaderamente importante fue el de las escuchas de la red G¨¹rtel.

Ya en octubre de 2010, en fuentes fiscales consideraban que el caso de las escuchas a los implicados en la trama G¨¹rtel era el m¨¢s factible para fundamentar una sentencia condenatoria. Garz¨®n, tras sus pesquisas contra Pinochet y los generales de la dictadura argentina, est¨¢ considerado en m¨¢s de un continente como el gran perseguidor de cr¨ªmenes contra la humanidad y defensor de los derechos humanos. Por ello, nada mejor que condenarle por vulnerar derechos fundamentales de los ciudadanos, aunque estos sean presuntos corruptos. Adem¨¢s, el juez instructor de este caso, Alberto Jorge Barreiro, desplaz¨® sutilmente el proceso por intervenir las comunicaciones en prisi¨®n de los acusados de la G¨¹rtel para prevenir el blanqueo de dinero en para¨ªsos fiscales, a unas escuchas a sus inocentes abogados, lo que permiti¨® imputar a Garz¨®n la vulneraci¨®n de los derechos fundamentales a la intimidad, al secreto de las comunicaciones, al secreto profesional de los abogados, y al derecho de los imputados a no declarar contra s¨ª mismos y a no confesarse culpables. As¨ª que mientras el caso de las escuchas iba a ritmo de AVE, los otros procesos, especialmente el del franquismo y los cursos de la Universidad de Nueva York, viajaban en mercanc¨ªas.

Y en la c¨¢rcel se dec¨ªa entre otras cosas:

Abogado. La buena nueva que te iba a decir es que la sociedad de los locales de Boadilla [un negocio supuestamente obtenido gracias al trato de favor de un alcalde del PP] no est¨¢ bloqueada.

Pablo Crespo. No.

Abogado. No s¨¦ cu¨¢nto en este momento, Ram¨®n no estaba seguro pero pensaba...

Pablo Crespo. S¨ª, s¨ª, vale...

Abogado. Entonces, si esto es as¨ª y podemos disponer, obviamente, salvo que vosotros me dig¨¢is otra cosa.

Pablo Crespo. No, no.

Abogado. Voy a atender primero a vuestras familias, voy a hacer un c¨¢lculo de cinco meses, por ejemplo, en base a los n¨²meros que me hab¨¦is dado, el otro d¨ªa, eso ser¨¢ lo primero, en vez de mes a mes, porque si no tenemos el riesgo de que esto se bloquee.

Pablo Crespo. Lo administras t¨² de alguna manera.

De modo que indicaciones para que el abogado manejara los fondos que todav¨ªa no hab¨ªan sido bloqueados, s¨ª que hubo.

Y resulta que en ninguno de los tres casos que el Supremo ha instruido contra Garz¨®n le acusa el fiscal, que considera que no cometi¨® delito alguno.

En las escuchas, todo se basa en una interpretaci¨®n legal del art¨ªculo 51.2 de la Ley General Penitenciaria que permite la intervenci¨®n de las comunicaciones de los presos ¡°por orden de la autoridad judicial y en supuestos de terrorismo¡±. El juez atendi¨® la petici¨®n de la polic¨ªa y las dos fiscales anticorrupci¨®n al adoptar la medida y luego fue prorrogada por el juez del TSJ de Madrid Antonio Pedreira. Ninguno de ellos ha sido molestado, ni siquiera han comparecido como testigos.

En otros procesos, como el caso de Marta del Castillo, se escuch¨® a los presuntos autores del asesinato para tratar de encontrar el cad¨¢ver de la joven; en el del abogado Pablo Vioque, se escuch¨® a su letrada para prevenir el asesinato del entonces fiscal jefe antidroga Javier Zaragoza, para lo que el preso hab¨ªa contratado a un sicario. Ninguno de los casos ten¨ªa que ver con el terrorismo, pero tampoco ninguno de los jueces fue molestado.

Ahora a Garz¨®n le han echado de la carrera. Como los jueces del Tribunal Supremo no prevarican, seguro que se trata de una coincidencia.

Una coincidencia seg¨²n lo previsto, pensar¨¢n ustedes.