Justicia a cualquier precio

La justicia obtenida a cualquier precio termina no siendo justicia. Lo afirma la sentencia del Tribunal Supremo que ha condenado al juez Baltasar Garz¨®n a una pena de inhabilitaci¨®n de 11 a?os y a su expulsi¨®n de la carrera judicial, y ciertamente muchos ciudadanos, en Espa?a y en Latinoam¨¦rica, pueden alimentar en estos momentos la misma convicci¨®n, aunque por motivos diferentes. Habr¨¢ que suponer que el Tribunal Supremo ha emitido su fallo sin que mediara animadversi¨®n personal ni enojo corporativo, pero lo cierto es que esta decisi¨®n ha acabado con uno de los pocos s¨ªmbolos de la justicia en el que confiaba una parte notable de esos ciudadanos y que esa es una noticia p¨¦sima, con un precio muy alto.

No se trata de ignorar los graves hechos atribuidos a Garz¨®n. Seg¨²n la sentencia, el juez autoriz¨® que se intervinieran las comunicaciones entre los imputados en una importante causa por corrupci¨®n y sus abogados, sin excepci¨®n alguna y sin menci¨®n expresa de su identidad, y lo hizo, afirma el Supremo, sin que existiera ni el menor indicio de que esos abogados estaban utilizando su condici¨®n de tales para la comisi¨®n de nuevos delitos. Su convicci¨®n de que los imputados continuaban ocultando su dinero, y su temor a ver c¨®mo personajes poderosos y ricos consegu¨ªan escapar a la investigaci¨®n, no es argumento suficiente para anular el secreto de las comunicaciones ni para deteriorar el derecho a la defensa.

Pero eso no es lo que se juzgaba realmente en el Supremo, sino si la decisi¨®n de Garz¨®n pod¨ªa ser explicada por una interpretaci¨®n incorrecta de las normas del derecho. No, afirman los siete magistrados, no existe otra explicaci¨®n que el empe?o deliberado de actuar fuera de "los medios usualmente admitidos en derecho" ni otra raz¨®n que el anhelo del juez instructor de colocar el "proceso penal espa?ol al nivel de los sistemas totalitarios", un juicio de intenciones asombroso para tan alto tribunal.

Ah¨ª, en la clara voluntad de apreciar prevaricaci¨®n, es donde se abre un agujero por el que asoman muchas dudas: ?esa misma decisi¨®n tomada por otro juez que no fuera Baltasar Garz¨®n hubiera merecido valoraci¨®n tan severa?, ?qu¨¦ sucede con los fiscales y con los otros jueces que compartieron su decisi¨®n?

Va a resultar muy dif¨ªcil que los ciudadanos no asocien la condena de Garz¨®n a su personalidad, a su historia y a su protagonismo internacional, insufrible para una parte importante de la corporaci¨®n judicial, y que el descr¨¦dito que todo ello acarrea, dentro y fuera de Espa?a, no vaya a suponer un desgaste alt¨ªsimo para la justicia espa?ola en su conjunto.

La expulsi¨®n de Garz¨®n llega, adem¨¢s, en un momento de fuerte des¨¢nimo social. Los ciudadanos, aplastados por una crisis formidable, llevan meses conociendo casos de corrupci¨®n que no se traducen en delitos ni se sustancian en castigo alguno, personajes del mundo econ¨®mico que reciben cantidades asombrosas por gestiones desastrosas, indultos llamativos para personas poderosas y dificultades sin cuento para acabar con el fraude fiscal, el desv¨ªo de fondos p¨²blicos y las trampas de todo tipo que no se podr¨ªan llevar a cabo sin ayuda de avispados asesores legales.

Todo ello, junto a noticias sobre algunos jueces corruptos que reciben castigos inexplicablemente ligeros por embolsarse dinero f¨¢cil. Nada de eso justifica, por supuesto, acabar con el derecho a la defensa (?no deber¨ªa revisarse el caso de los acusados de terrorismo?). Simplemente, resulta dif¨ªcil aceptar que, entre tantas denuncias por prevaricaci¨®n como se han presentado, solo haya habido un juez, Baltasar Garz¨®n, que mereciera que le arranquen la toga. Queden tranquilos sus colegas del Supremo. Ya le han echado. Triunf¨® la justicia, a cualquier precio, deben pensar. Quede tranquilo Baltasar Garz¨®n. Los ciudadanos no olvidaremos nunca la honda emoci¨®n que nos hizo sentir el 16 de octubre de 1998 cuando orden¨® la detenci¨®n del general Pinochet.