Divisi¨®n en el PP

El apoyo expl¨ªcito del ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallard¨®n, al matrimonio homosexual ha provocado una marejada dentro de su propio partido, contrario a la norma que lo permite. Al exalcalde de Madrid le han replicado inmediatamente el ministro del Interior, Jorge Fern¨¢ndez D¨ªaz, el de Industria, Jos¨¦ Manuel Soria, y la de Sanidad, Ana Mato. Los tres han recordado que el PP recurri¨® las bodas gais por dudar de su constitucionalidad y que esperan el veredicto del Tribunal Constitucional. Para avivar la pol¨¦mica, el portavoz del PP en el Congreso, Alfonso Alonso, se ha alineado con Ruiz-Gallard¨®n asegurando que, como ¨¦l, a nivel personal, es partidario de ese derecho reconocido por ley en 2005.

La divisi¨®n interna en el PP sobre este asunto no es una novedad. El propio Ruiz-Gallard¨®n la hab¨ªa puesto de manifiesto estando en la oposici¨®n cuando cas¨® a parejas homosexuales. Una vez que los populares han accedido al poder, la resonancia de sus discrepancias se acrecienta inevitablemente y estas dejan al descubierto la estrategia agitadora en la que se hab¨ªa instalado el PP para erosionar al Gobierno socialista. Con Federico Trillo como ariete en la defensa de los valores m¨¢s reaccionarios y cabeza de puente con la Conferencia Episcopal, el Partido Popular deplor¨® primero las uniones de hecho para abrazarlas despu¨¦s, rechaz¨® la posibilidad de que las parejas homosexuales pudieran adoptar hijos y, finalmente, recurri¨® al Constitucional simplemente por considerar que la palabra matrimonio no era la adecuada para una instituci¨®n que tradicionalmente solo se hab¨ªa utilizado para parejas heterosexuales. Un problema, en definitiva, de denominaci¨®n dif¨ªcilmente impugnable por vulneraci¨®n de derechos. Esa estrategia se vuelve ahora contra el Gobierno, obligado a tomar una decisi¨®n sobre un asunto que carece de consenso en el PP: o derogar el matrimonio homosexual incluso si el Constitucional lo da por v¨¢lido, algo que Rajoy no ha querido nunca descartar con claridad, o atenerse al veredicto de los jueces, lo que desean tanto Gallard¨®n como Alonso, y desairar al sector social m¨¢s conservador que el PP ha utilizado en su estrategia de acoso.

El titular de Justicia ha revestido esa falta de consenso esgrimiendo un argumento discutible. Seg¨²n Ruiz-Gallard¨®n, mientras que es imperativo aguardar el fallo del Constitucional para el matrimonio gay, no es necesario hacer lo propio para la ley del aborto (que el PP quiere derogar) porque sobre ella, dice, el alto tribunal ya se ha pronunciado. El Constitucional puso reparos a la ley de 1985 y a la Ley de Reproducci¨®n Asistida de 1989. En ambos casos, el PP recurri¨® en reclamaci¨®n del derecho del no nacido y ambas normas se adaptaron al fallo judicial. Esgrimir ahora que la ley de plazos de 2010 vulnera el derecho del feto es la interpretaci¨®n del ministro de Justicia y de su partido, pero no, que se sepa todav¨ªa, la del Constitucional.