El juez archiva por prescripci¨®n la causa de Garz¨®n por los cursos de Nueva York
El fiscal consideraba que los hechos no eran constitutivos del delito de cohecho pasivo impropio
El juez del Tribunal Supremo Manuel Marchena ha decidido archivar por prescripci¨®n (rebasar el plazo que ten¨ªa el Estado para perseguir el delito) la causa que segu¨ªa contra Baltasar Garz¨®n por los patrocinios de unos cursos en la Universidad de Nueva York. El instructor arrastra la honorabilidad del ya exjuez, al considerar acreditado que este reclam¨® dinero a diversas empresas espa?olas, en atenci¨®n a que era el magistrado m¨¢s famoso de Espa?a, para patrocinar una serie de conferencias en Nueva York, pero no le deja defenderse porque archiva la causa al considerar que ese delito ya no se puede perseguir.
Se cierra as¨ª el tercero de los procesos que el Supremo abri¨® contra Garz¨®n, que la semana pasada fue expulsado de la carrera judicial al ser condenado por prevaricaci¨®n (dictar a sabiendas resoluci¨®n injusta) por haber ordenado las escuchas en prisi¨®n de los acusados de la trama corrupta G¨¹rtel, que afecta al PP, con sus abogados. Adem¨¢s, est¨¢ pendiente de sentencia el caso abierto por haberse declarado competente para investigar los cr¨ªmenes del franquismo.
El pasado 27 de enero, Marchena desech¨® que Garz¨®n hubiera cometido prevaricaci¨®n en relaci¨®n con resoluciones relativas a los patrocinadores de los cursos de Nueva York, es decir, que todas sus resoluciones sobre el Banco Santander fueron ajustadas a derecho, pero concentr¨® su inculpaci¨®n en un delito de cohecho impropio (recibir regalos o fondos por raz¨®n del cargo que se ocupa).
Garz¨®n decidi¨® que no val¨ªa la pena recurrir en reforma al mismo juez al que ha recusado en varias ocasiones por falta de imparcialidad y elev¨® un recurso directo de apelaci¨®n a la Sala. En ¨¦l, tras manifestar su inocencia, precisaba que Marchena hab¨ªa actuado con notable falta de competencia de acuerdo con la Ley Org¨¢nica del Poder Judicial (lo mismo que se achacaba a Garz¨®n por el caso de los cr¨ªmenes del franquismo), que con cierta incongruencia el juez hab¨ªa denegado la comparecencia de testigos cuyos datos utilizaba para inculparle y que, en todo caso, el asunto deb¨ªa ser considerado prescrito porque la presentaci¨®n de la querella se realiz¨® m¨¢s de tres a?os despu¨¦s de celebrado el ¨²ltimo de los cursos de Nueva York.
El fiscal Fidel Cadena, que s¨ª recurri¨® en reforma, y ha mantenido en todo momento que Garz¨®n no cometi¨® delito alguno, consider¨® que tampoco hab¨ªa delito de cohecho impropio, pero en el caso de que el juez as¨ª lo creyera, el caso estar¨ªa prescrito. Sin embargo, el fiscal critic¨® duramente el auto de Marchena por entender que el delito apreciado va ¡°contra el resultado apreciable de una valoraci¨®n l¨®gica¡±, que ¡°debe ser arm¨®nica, no caprichosa¡±, y que ¡°no puede soportarse en la especulaci¨®n¡±, como hizo el juez del Supremo.
Porque Marchena, aunque no son los hechos probados de una sentencia, da por acreditado que Garz¨®n cometi¨® un delito de cohecho impropio del art¨ªculo 426 del C¨®digo Penal, del que tras el archivo ya no puede defenderse.
¡°El querellado¡±, dice Marchena en su auto, ¡°contact¨® con responsables de distintas empresas espa?olas reclamando ayuda econ¨®mica para la celebraci¨®n de cursos en los que ¨¦l aparec¨ªa como director. Todas ten¨ªan en com¨²n ¡ªBSCH, BBVA, Telef¨®nica y Cepsa¡ª el haber sido objeto de investigaci¨®n por hechos imputados a sus directivos en el propio juzgado del que era titular el acusado o en otros de la Audiencia Nacional¡±. Cita tambi¨¦n a Endesa y agrega que reclam¨® 2,59 millones de d¨®lares, aunque obtuvo para la universidad que le pagaba sus gastos 1.237.000 d¨®lares. Marchena pas¨® por alto todos los testimonios y certificaciones que no eran ¨²tiles para sus tesis y desech¨® por ejemplo que todos los testigos afirmaron que ninguna de las cantidades aportadas como patrocinio de los cursos iban a servir para pagar el sueldo de Garz¨®n que ya estaba estipulado como ¡°senior fellow¡± (profesor distinguido) y como tal fue titular de la c¨¢tedra de Civilizaci¨®n y Cultura Hisp¨¢nicas del King Juan Carlos I Spain Center. Por ello cobr¨® 160.133 d¨®lares brutos desde marzo de 2005 hasta junio de 2006. Pero, como expuso su letrado, Enrique Molina, Garz¨®n no obtuvo, ni administr¨®, ni percibi¨® suma alguna, ni en efectivo ni en especie, por su intervenci¨®n en los eventos, proyectos complejos, publicaciones y docencia, al margen de los honorarios fijos y mensuales pactados, con la Universidad de Nueva York, como han acreditado las certificaciones y el extracto de su cuenta en el Citibank.
De modo que el archivo del proceso por parte de Marchena supone un moderado alivio para Garz¨®n, en el sentido de que por este asunto no ser¨¢ condenado, pero al mismo tiempo el archivo le impide limpiar su imagen p¨²blica y le queda el bald¨®n de la sospecha de corrupci¨®n que deja el instructor de que cometi¨® el mismo delito de cohecho impropio que aquel del que fue absuelto por un jurado popular el expresidente de la Comunidad Valenciana Francisco Camps por el asunto de los trajes.
Todas las pruebas eran impertinentes
El 12 de junio de 2009, los acusadores presentaron una querella contra Garz¨®n por prevaricaci¨®n, estafa y cohecho. Ya en junio de 2008 hab¨ªan presentado una querella similar que fue archivada por la Sala Segunda en febrero de 2008 por no ser los hechos constitutivos de delito.
Sin embargo, y a pesar de ser m¨¢s de lo mismo, el tribunal estim¨® que pod¨ªa haber nuevos datos y dio tr¨¢mite a la causa. La instrucci¨®n, a cargo del magistrado Manuel Marchena, fue una sistem¨¢tica denegaci¨®n de todas las pruebas de descargo propuestas por la defensa de Garz¨®n. Marchena imputaba a la Universidad de Nueva York falsear datos referidos a los cobros de Garz¨®n. Adem¨¢s, ped¨ªa datos sobre testigos a la polic¨ªa, pero luego declaraba su testimonio impertinente. Algo incomprensible, puesto que eran las personas que ordenaron el pago de la n¨®mina de Garz¨®n o autorizaron el pago de sus gastos o negociaron con el Santander y otras empresas el patrocinio de los cursos y, en definitiva, coordinaron la organizaci¨®n, financiaci¨®n y destino de los recursos obtenidos.
La acusaci¨®n popular solicitaba penas de hasta cinco a?os de prisi¨®n y 30 de inhabilitaci¨®n para el ya exjuez, pero finalmente el caso se ha archivado.
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