¡°Sustituyen los gastos en compra de inmuebles por facturas en Nicaragua¡±

El dinero p¨²blico de la Comunidad Valenciana destinado a proyectos en pa¨ªses en v¨ªas de desarrollo por parte de algunas Organizaciones No Gubernamentales (ONG) no lleg¨® a donde ten¨ªa que llegar. Esa es la clave en la que trabaja la investigaci¨®n de la trama de fraude de subvenciones en el departamento de Cooperaci¨®n de la Generalitat Valenciana, que ha desembocado ya en la detenci¨®n de 14 personas, entre ellas tres ex altos cargos.

Las malas pr¨¢cticas en la Generalitat Valenciana durante el mandato de Francisco Camps, seg¨²n las investigaciones, alcanzan tambi¨¦n a consejer¨ªas en teor¨ªa creadas para ayudar y favorecer a los m¨¢s pobres.

La operativa se desarrollaba, seg¨²n la investigaci¨®n, a trav¨¦s de dos fundaciones, Cyes y Hemisferio, que tuvieron como eje, entre otras, a la empresa Arcmed. En el caso de Cyes, la documentaci¨®n expone c¨®mo la fundaci¨®n compr¨® varios inmuebles con el dinero p¨²blico destinado a facilitar agua potable y mejorar cultivos en Nicaragua.

En el caso de Hemisferio (a la que se entregaron 177.779 euros donados por los valencianos y se trat¨® de adjudicar la construcci¨®n de un hospital en Hait¨ª, tras el terremoto, por 3,8 millones de euros, aunque luego la consejer¨ªa que dirig¨ªa Rafael Blasco, actual portavoz del PP en las Cortes Valencianas, hizo marcha atr¨¢s), el dinero se quedaba por el camino contratando a empresas para realizar informes sobrevalorados, tambi¨¦n con fondos destinados a proyectos de cooperaci¨®n. Entre ambas estaba Arcmed (propiedad del presidente de Hemisferio), que factur¨® en 2008 m¨¢s de 208.000 euros de asesor¨ªa en cada uno de los proyectos de la Fundaci¨®n Cyes y que tambi¨¦n realizaba informes y aport¨® facturas para justificar otras subvenciones otorgadas por la Generalitat.

Un informe que obra en las diligencias detalla las caracter¨ªsticas del fraude millonario.

? Coste diez veces superior. Los proyectos contemplaban la realizaci¨®n de estos servicios de asesoramiento y consultor¨ªa ¡°por un importe diez veces superior al coste de las actividades programadas¡± y de costes indirectos ¡°por un importe de m¨¢s de tres veces¡± que las mismas actividades. Estos servicios ¡°representan un porcentaje de la actividad subvencionada¡±, indica el informe, que se?ala que de esta manera se vulneraba la prohibici¨®n de contratar con intermediarios o asesores en los que los pagos se definan como un porcentaje, seg¨²n la Ley General de Subvenciones. Algunos de estos informes se cobraban incluso antes de que se iniciara la ejecuci¨®n del proyecto.

¡°Las pr¨¢cticas detectadas se explican dif¨ªcilmente sin la existencia de dichas relaciones¡±, entre la adjudicataria de las subvenciones y algunas empresas reiteradamente contratadas. As¨ª lo indica uno de los informes incluidos en las diligencias de investigaci¨®n abiertas contra la trama de fraude de subvenciones. Sin embargo, la fiscal¨ªa y la juez disponen tambi¨¦n de otra documentaci¨®n, correos electr¨®nicos, que revelan c¨®mo al menos una de las fundaciones actuaba en permanente contacto con el ¡°gabinete t¨¦cnico¡± del consejero Rafael Blasco, tal como dijo la diputada de Comprom¨ªs Mireia Moll¨¤ despu¨¦s de presentar su denuncia.

? Facturas falsas. Despu¨¦s de que la diputada socialista Clara Tirado denunciara el caso de la Fundaci¨®n Cyes, esta empez¨® a aportar facturas para contrarrestar los documentos que acreditaban la compra de inmuebles. Eran facturas emitidas en Nicaragua que la investigaci¨®n considera ¡°simplemente incre¨ªbles¡±, pero que el departamento de Blasco dio por buenas.

? 500.000 euros sin justificar. La investigaci¨®n descubri¨® que hab¨ªa pagos con cheques y talones para la adquisici¨®n de inmuebles y que as¨ª justific¨® la ONG en un primer momento el destino dado a parte del dinero recibido. Cuando los socialistas valencianos denunciaron este hecho ¡ªel dinero para cooperaci¨®n no hab¨ªa llegado a Nicaragua, sino que se hab¨ªa quedado en la compra de pisos en Valencia¡ª y la Generalitat Valenciana reclam¨® los justificantes de los gastos, ¡°se eliminaron los de adquisici¨®n de los inmuebles y fueron sustituidos por facturas emitidas en Nicaragua¡±.

¡°Lo que no puede sustituirse¡±, se?ala el informe de la investigaci¨®n judicial, ¡°son los extractos bancarios, de forma que el importe de las transferencias a Nicaragua sigue siendo el mismo: 308.129 euros de los 833.000 euros concedidos¡±. Y concluye: ¡°La diferencia (m¨¢s de 500.000 euros) arroja un saldo no gastado que deber¨ªa ser objeto de reintegro¡±.

Sin embargo, la veracidad de las facturas no es lo ¨²nico que la investigaci¨®n pone en entredicho. Del examen de los expedientes tambi¨¦n se deduce que la documentaci¨®n que se present¨® para captar los fondos p¨²blicos no acreditaba el cumplimiento de los requisitos exigidos para acceder a ellos.