La investigaci¨®n destapa el descontrol en las ayudas de la Xunta a empresas

La alarma por el estallido del caso Campe¨®n, que ha destapado un presunto fraude de subvenciones en la Xunta de Galicia en favor de un entramado empresarial liderado por el lucense Jorge Dorribo, lleg¨® en mayo de 2011 a Luxemburgo, el pa¨ªs donde tiene su sede el Banco Europeo de Inversiones (BEI). El hecho de que una de las ayudas investigadas sea un pr¨¦stamo de 2,9 millones de euros de esta entidad, tramitado ¨ªntegramente por el Igape, el instituto de cr¨¦dito de la Xunta, llev¨® al BEI a enviar a una de sus inspectoras a las oficinas compostelanas del organismo. La funcionaria, en su declaraci¨®n ante la juez de Lugo que lleva el caso, asegur¨® que lo que se encontr¨® all¨ª fue un completo descontrol en la tramitaci¨®n de las subvenciones a empresas.

¡°Entre los a?os 2009 y 2010 no hay apenas informaci¨®n de c¨®mo han sido utilizados 45 millones de los fondos¡±, afirm¨® Delia Diguele en su comparecencia, recogida en el sumario del caso y cuyo secreto se levant¨® el pasado lunes. La t¨¦cnica del banco acudi¨® a la sede del Igape en mayo del 2011 para conocer la situaci¨®n de las ayudas y, en las conclusiones de su investigaci¨®n, critica el poco personal que se dedicaba al estudio de las peticiones y la falta de control sobre el destino del dinero.

Diguele descubri¨® que los responsables del instituto de cr¨¦dito de la Xunta eran incapaces de aportarle informaci¨®n sobre el destino que 29 empresas subvencionadas entre 2009 y 2010 hab¨ªan dado al dinero recibido. En su viaje a Santiago, Diguele pidi¨® entrevistar a los funcionarios del Igape que se dedicaban a hacer los informes de comprobaci¨®n del uso de los fondos. Y, en vez del equipo de ocho personas que esperaba encontrarse, se top¨® con solo dos trabajadores asignados a esta tarea. Con esta falta de efectivos, explica la enviada del Banco Europeo de Inversiones, los funcionarios tienen ¡°el tiempo justo¡± para hacer las diligencias previas hasta la concesi¨®n del pr¨¦stamo y eso provoca ¡°una falta de seguimiento en los procesos¡±. Por eso los expedientes que encontr¨® estaban incompletos.

Todos los informes que realizaban estos dos funcionarios ten¨ªan que ser te¨®ricamente revisados por los directores de ¨¢rea, Pedro Caldas y Cristina Quintela, ambos imputados en el caso por tr¨¢fico de influencias, acusados de haber manipulado supuestamente la tramitaci¨®n de ayudas en beneficio de la trama de Dorribo. Despu¨¦s de ver esos informes sobre las ayudas, la inspectora del BEI concluye que solo los dos funcionarios ¡°hacen realmente trabajo y que el resto simplemente ponen el sello¡±. En su declaraci¨®n en el Juzgado de Instrucci¨®n n¨²mero 3 de Lugo, la t¨¦cnica llegada de Luxemburgo recuerda sus entrevistas con los dos directores y califica la explicaci¨®n de Quintela sobre la labor de control de las ayudas de ¡°desestructurada y superficial¡±. ¡°Se correg¨ªa y volv¨ªa hacia atr¨¢s¡±, expone Diguele a la juez Estela San Jos¨¦. El Gobierno de Feij¨®o mantiene a estos dos mandos del Igape en sus puestos pese a las imputaciones.

Otra de las irregularidades que detect¨® el BEI fue la ausencia de documentos que justificaran el destino del dinero p¨²blico recibido. En los expedientes solo se encontraba la documentaci¨®n previa a la concesi¨®n de los pr¨¦stamos, que no inclu¨ªa las facturas que justificaban los gastos supuestamente realizados. La inspectora asegur¨® ante la juez que al pedir explicaciones a las propias empresas sus responsables le explicaron que, al terminar los proyectos, cuando se pon¨ªan en contacto con el instituto de cr¨¦dito de la Xunta para enviarle las facturas, en el organismo les ped¨ªan que esperaran a recibir una carta porque a¨²n no pod¨ªan tramitarlas. Aquellas cartas no les hab¨ªan llegado.