La querella contra G¨¹rtel ordenada por Cospedal apunta a la c¨²pula de Camps
El PP valenciano recuerda que la direcci¨®n nacional auditaba sus cuentas La iniciativa pide actuar contra cooperadores o c¨®mplices de El Bigotes
¡°Cuantas personas f¨ªsicas o jur¨ªdicas que hayan participado en los hechos delictivos como autores (directos, cooperadores o inductores), c¨®mplices y encubridores¡±. A todos ellos se dirige la querella que la direcci¨®n del PP ha ordenado presentar para personarse en la causa valenciana del caso G¨¹rtel que, entre otras cosas, investiga la presunta financiaci¨®n de los populares valencianos en la etapa de su anterior presidente, Francisco Camps. Tambi¨¦n se investigan los posibles delitos de prevaricaci¨®n y cohecho por la contrataci¨®n del pabell¨®n de la Generalitat valenciana en Fitur durante cinco a?os consecutivos, de 2005 y 2009, por un importe total de cerca de cinco millones de euros a la filial de G¨¹rtel en Valencia, Orange Market. Y la falsedad en la que pudieron incurrir varias empresas por presentar facturas falsas.
La presentaci¨®n de la querella (tr¨¢mite ineludible para que el PP forme parte de la causa) ha supuesto cierta tensi¨®n entre la direcci¨®n nacional y el partido en Valencia. Sin embargo, la orden de la secretaria general del PP, Dolores de Cospedal, fue clara y tajante al respecto, con la intenci¨®n de frenar el ¡°perjuicio irreparable a la buena imagen del partido¡±, tal como se?ala la querella. Mientras, el PP valenciano trata de quitarle hierro al asunto y califica de ¡°normal¡± que haya sido la direcci¨®n nacional la que entre a formar parte de la causa ¡°porque siempre ha sido as¨ª¡±, indican en referencia a que tambi¨¦n se personaron en el tronco del caso G¨¹rtel, en Madrid. Adem¨¢s, en Valencia apuntan que, en cualquier caso, si las cuentas del PP no son correctas, la responsabilidad ¨²ltima es de la direcci¨®n nacional porque era en G¨¦nova (sede de los populares) donde se auditaba toda la contabilidad.
La querella solo nombra expl¨ªcitamente al l¨ªder de la trama, Francisco Correa, y a ?lvaro P¨¦rez, El Bigotes, aunque la hace extensiva a c¨®mplices, colaboradores o inductores. En la causa judicial abierta en el Tribunal Superior de Justicia de Valencia ya est¨¢n imputados hasta una decena de cargos o excargos del PP valenciano, entre los que se encuentran cinco diputados y el extesorero del PP Luis B¨¢rcenas, que tambi¨¦n lo est¨¢ en la causa inicial de G¨¹rtel.
Tampoco hace menci¨®n el escrito del PP a las empresas a las que, supuestamente, la red corrupta endos¨® facturas por servicios realizados a la formaci¨®n pol¨ªtica y que acabaron pagando los empresarios. Pero su personaci¨®n en la causa hace que tambi¨¦n vaya contra ellas, contra Lubasa, Ortiz (tambi¨¦n implicado en el caso Burgal), Facsa, Piaf, Pavimentos del Suroeste, Grupo Vallalba, Constructora de Hormigones Mart¨ªnez e incluso Sedesa, el grupo empresarial propiedad de la familia del presidente de las Cortes valencianas, Juan Cotino.
El PP defiende su personaci¨®n en la causa alegando que cualquier actividad en que se ¡°acuda, invoque o presuma de cualquier influencia o relaci¨®n con el PP para la consecuci¨®n de actos il¨ªcitos implica un perjuicio directo para la formaci¨®n¡±. La investigaci¨®n trata de averiguar, respecto a la financiaci¨®n ilegal, si la deuda que el PP ten¨ªa con una de las empresas de la trama, Orange Market, por distintos servicios realizados en la campa?a electoral de las auton¨®micas de 2007 y la de las generales de 2008, se abon¨® de forma opaca y a trav¨¦s de ¡°donaciones de empresas¡± encubiertas en facturas falsas. Adem¨¢s, las pesquisas tambi¨¦n se dirigen a destapar si hubo un trato preferente e ilegal a la misma empresa en la adjudicaci¨®n de los cinco contratos para Fitur, entre 2005 y 2009, tiempo en el que, adem¨¢s, la empresa agasaj¨® a varios miembros del PP valenciano con regalos destinados a lograr un trato de favor.
Pero el PP, en su querella, solo habla de esta formaci¨®n pol¨ªtica y de hecho lo hace a trav¨¦s de su representante del partido. Sostiene que Correa y El Bigotes ¡°al parecer¡± utilizaron su relaci¨®n con el PP, del que hab¨ªan sido proveedores, ¡°para aparentar una capacidad de influencia que favoreciera sus actividades empresariales y as¨ª cometer los delitos¡±.
Tambi¨¦n se refiere a las ¡°supuestas ventajas¡± que pudieron obtener a trav¨¦s de sus ¡°vinculaciones con personas relacionadas con distintas Administraciones p¨²blicas, procurando la obtenci¨®n de un trato preferente en la adjudicaci¨®n de servicios o concesiones¡± y al ¡°agravio¡± al partido. Pero no menciona la defensa de la Administraci¨®n, de las arcas p¨²blicas, en este caso las valencianas, que podr¨ªan ser afectadas, ya que una de las partes que se investiga es si las adjudicaciones se realizaron de forma ilegal.
El PP ya estaba personado en la causa principal de G¨¹rtel, en Madrid, donde se investiga el grueso del caso. La personaci¨®n le permite tener acceso al sumario de primera mano y estar al tanto de las diligencias que van ordenando los jueces. Sin embargo, al abrirse este procedimiento en el Tribunal Superior de Justicia de Valencia, el instructor, Jos¨¦ Ceres, exigi¨® que, para mantenerse como parte en esta ramificaci¨®n, presentara una querella. La direcci¨®n nacional ha optado finalmente por hacerlo y argumenta que el PP ¡°ha hecho un objetivo prioritario de su actividad el responder con el mayor rigor ante cualquier pr¨¢ctica corrupta o actividad delictiva que afecte a la formaci¨®n pol¨ªtica o a las personas que las componen¡±. Sin embargo, su actuaci¨®n en la causa principal no ha sido tan recta, al menos, a juicio de la fiscal¨ªa y de la acusaci¨®n popular, que representa a los socialistas, que se han quejado en reiteradas ocasiones de la actitud de bloqueo que el PP ha mantenido en la causa, con continuos recursos que, en muchas ocasiones, no han hecho m¨¢s que interferir y obstaculizar la marcha del procedimiento, abierto en 2009.
Una de las ocasiones que provoc¨® la queja de la fiscal¨ªa fue con el recurso a una resoluci¨®n que ni siquiera impugnaron las defensas de los imputados. Y fue, precisamente, cuando el juez remiti¨® un requerimiento a la Generalitat valenciana para que identificara a los responsables de los 17 departamentos que contrataron con empresas de la trama.
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